De chabolas invisibles a vecinos inexistentes, el fracaso institucional frente a los trabajadores agrícolas sin acceso a una vivienda digna.
Jueves, 12 de diciembre de 2024. Vuelve estos días a la actualidad mediática, puntual, antes de pasar irremediablemente al olvido hasta el próximo verano, déjà vu, el problema del chabolismo laboral. Los “asentamientos de la vergüenza” de Andalucía, y con él todo el aparato propagandístico de las administraciones responsables de las políticas de vivienda en la comunidad. La Junta de Andalucía despliega todo su potencial informativo para expresar peeocupación y compromiso, y cantar en los medios tradicionales alabanzas a su Plan EASEN (Estrategia para la Erradicación de Asentamientos Informales en Zonas Agrícolas de Andalucía), presentado como una herramienta destinada a erradicar el chabolismo en áreas agrícolas, especialmente de las provincias de Huelva y Almería. El Plan, que el gobierno andaluz confronta con otras medidas anunciadas por el Gobierno central, establece la prevención de la constitución de nuevos asentamientos e infraviviendas y la erradicación de los existentes, con la promesa de soluciones habitacionales alternativas temporales y coordinadas con los planes locales de erradicación que adopten los ayuntamientos implicados.
La teoría es impecable. Sin embargo, la práctica revela una distancia considerable entre las promesas institucionales y la realidad. Ocurre cada año. La atención institucional y mediática se activa en los momentos de menor actividad hortofrutícola, cuando las necesidades de mano de obra son menores y el “censo” de los asentamientos chabolistas disminuye. Es entonces cuando se presentan las grandes estrategias, los «planes» y las promesas de cambio. La aprobación del Plan EASEN impulsado en julio del pasado año por la Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores López, no escapa a esta lógica. La “preocupación institucional” por la erradicación del chabolismo se intensifica y proyecta en los medios habituales en los periodos de parón agrícola. Pero la realidad, observable, muestra que cuando la temporada vuelve a su pico de actividad, ese foco institucional (con todo su componente mediático) desaparece y la precariedad sigue presente. El ciclo se repite año tras año. El Plan EASEN no rompe, apenas incide, esta dinámica.
Los «avances» que las administraciones presentan se limitan, hasta el momento, en hechos tangibles, a la habilitación de albergues de acogida temporal. Espacios que, superados por la realidad numérica, incumplen el objetivo de garantizar alternativas habitacionales reales y permanentes. La exclusión es evidente: para acceder a estos albergues se requiere contar con una situación administrativa regular, es decir, disponer de un permiso de trabajo o de residencia. Filtro que deja fuera a una gran parte de la población que habita los asentamientos, especialmente a quienes están atrapados en la economía sumergida, o a los que, injusta e inexplicablemente, no han podido regularizar su situación administrativa a pesar de poder acreditar años continuados como residentes, chabolistas, de las localidades afectadas por el drama de los asentamientos. Perfiles que requieren capítulo propio en esta realidad. ¡Regularización Ya!
En la práctica, los albergues citados devienen solución de conveniencia para el empresariado agrícola, que encuentra en ellos una salida para alojar temporalmente a la mano de obra que no puede ser acogida en las fincas por la falta de plazas de alojamiento propias. De esta forma, el objetivo inicial del Plan EASEN de ofrecer soluciones habitacionales para la población migrante queda subordinado al interés de los empresarios, que ven cómo se alivia parte de la presión sobre la obligatoriedad de garantizar alojamiento digno para su fuerza laboral, y también sobre el peso de esta circunstancia en la proliferación de chabolas. La consecuencia de esta lógica es que se priorizan los intereses de la producción agrícola por encima de la garantía de los derechos habitacionales de las personas trabajadoras migrantes.
En este contexto, la «erradicación de asentamientos» anunciada por el Plan EASEN se traduce en la desaparición física de chabolas, pero no en la eliminación de la precariedad. Muchas chabolas desaparecen de la misma forma que aparecen, subordinadas a la duración de las campañas agrícolas. Otras se desmantelan cuando sus habitantes no están presentes, ya sea porque han migrado temporalmente a otras campañas —como la aceituna en Jaén o la fruta de hueso en Lleida— o por los incendios que destruyen las infraviviendas y, después, se impide su reconstrucción. No se erradica el chabolismo; se oculta, se dispersa.
Así, la eliminación de chabolas no está siendo acompañada de la creación de viviendas alternativas reales, como se trata de trasladar al imaginario público desde la Junta de Andalucía. El problema se redistribuye. Se atomiza. Personas migrantes, sin hogar, que antes residían, temporal o permanentemente, en los asentamientos se ven abocadas a la intemperie. La falta de refugio estable se convierten en la nueva realidad. No es un fenómeno puntual, forma parte de un ciclo que, lejos de desaparecer, se perpetúa. «Limpiar el paisaje» (paradigmática, en este sentido, la intervención del Ayuntamiento de Níjar en Almería, con el apoyo entusiasta de la Junta de Andalucía) puede resultar efectivo para la narrativa institucional, pero la precariedad no se elimina con la desaparición visual de las chabolas.
Es necesario retrotraerse a un acuerdo promovido por el Gobierno central con los Ayuntamientos de Lepe y Moguer hace un par de años para abordar la realidad de los asentamientos chabolistas en Huelva que no se quiere poner en primer término. La iniciativa, anterior y que no forma parte del Plan EASEN, tenía un objetivo de integración claramente definido: realojo transitorio de personas chabolistas permanentes y acompañamiento sociolaboral hasta que estas pudieran acceder por sus propios medios a una vivienda digna. La medida no estaba dirigida a la población migrante temporal, transitoria, que crece exponencialmente cada campañas agrícola, sino a quienes, de forma permanente, residen en los asentamientos. La finalidad del acuerdo era ofrecer una salida estable y real para estas personas que, por diferentes circunstancias y actores –¡Regularización Ya!- no han podido acceder a una vivienda por los cauces ordinarios.
Para ello, el Gobierno, a través de la Secretaria de Estado para la Agenda 2030, transfirió 1.810.600 euros al municipio de Lepe con el objetivo de crear 24 alojamientos que ofrecerían 144 plazas para residentes permanentes. En el caso de Moguer, se asignaron 818.000 euros destinados a la finalización de un albergue con 42 plazas, la construcción de 8 módulos residenciales con 24 plazas y la adquisición de una vivienda urbana con capacidad para 10 personas. Sin embargo, el Acuerdo no llegó a materializarse. El Ayuntamiento de Lucena, que junto al de Palos de la Frontera (este último tampoco se ha sumado al Plan Easen), se negó a participar en la iniciativa del Gobierno, interpuso un recurso contra esta medida, y el Tribunal Supremo terminó por anularla. La anulación del acuerdo dejó sin ejecución los fondos asignados y, con ello, se desvaneció la posibilidad de ofrecer esa solución real a las personas afectadas.
Las administraciones afirman, ufanas, que la desaparición de chabolas es sinónimo de avance, pero los hechos, pertinaces, muestran otra cosa. No se ha traducido en creación de vivienda digna y accesible para quienes las habitaban. Lo que subyace en esta estrategia se apoya en la eliminación de lo visible, no en soluciones reales.
No se trata solo de garantizar “soluciones habitacionales”, sino de abordar el reto más complejo: lograr la transición del chabolismo a la vecindad. Las medidas actuales no responden a esta necesidad, pues carecen de la estabilidad y la permanencia que requiere una solución estructural. La ausencia de empadronamiento, la falta de acceso a derechos y la imposibilidad de regularizar la situación administrativa perpetúan la exclusión de quienes residen de forma continua en estos asentamientos.
Además, los hechos contradicen abiertamente la preocupación política que inspiran planes como Easen. Buen ejemplo encontramos en agosto del pasado año, cuando un terrible incendio asoló a las localidades de Lucena de Puerto y Bonares y una rápida intervención de todas las administraciones públicas territoriales habilitó en apenas unas horas un alojamiento de emergencia en un espacio deportivo municipal bonaerense, al que fueron trasladados vecinas y vecinas que podrían haber sido, no lo fueron, afectadas por el fuego. En paralelo, la atención a las personas residentes en el asentamiento del paraje conocido como El Bosque, colindante a las viviendas evacuadas, se limitó a una orden de desalojo inmediato por parte de agentes de la Guardia Civil. Agentes de la Benemérita que, cumpliendo directrices, se limitaron a ordenar la evacuación sin indicar a las personas afectadas un lugar para refugiarse en una tarde <de agosto de temperaturas asfixiantes y con el fuego a escasa distancia. Cuando se consideró que el asentamiento tampoco corría peligro, se permitió a sus residentes regresar a las chabolas. En incendios anteriores que afectaron los asentamientos de la vergüenza pero sin poner en peligro viviendas o establecimientos de las localidades, ni se planteó abrir espacios municipales para una acogida de emergencia a quienes perdían sus domicilios y enseres pasto de las llamas. “No es necesario porque ya se acogen entre ellos mismos en otras chabolas” es una respuesta institucional habitual y reiteradamente contrastada por este medio.
Sin empadronamientos no hay solución
El 5 de abril de este mismo año, fallecía en Lepe José Luis Navarro, una persona sin hogar que habitaba un banco frente al Ayuntamiento. Aquel día, la teniente alcalde de Servicios Sociales , Carolina Reyes, expresó la consternación del Consistorio y aseguró que desde el Ayuntamiento venían trabajando con él «desde hace meses y a diario, ofreciéndole mejores condiciones de vida, pero había cierta resistencia a que fuera ayudado». Pocos días antes de morir, recibió una notificación del Ayuntamiento acera del inicio de un “expediente (2170/2024, decreto de Alcaldía, de 22 de Marzo 2024-0901) de “recuperación de bienes integrantes del mobiliario urbano municipal”, en concreto, el banco en el que apareció sin vida. Le daban diez días para desalojarlo para evitar el uso de la fuerza pública municipal y un “expediente sancionador por incumplir la ordenanza municipal”. Cuando recibió la notificación llevaba nueve meses esperando que el Ayuntamiento respondiera a su inscripción en el Padrón Municipal de la localidad y certificara sus condición de persona vulnerable. Fuentes cercanas al equipo de gobierno municipal del PP, no autorizadas y que, por tanto, prefieren guardar el anonimato, han confirmado a La Mar de Onuba todos los datos sobre este caso. También han revelado que la permanencia de José Luis en el banco que fue su último domicilio en vida, respondía a un acto de rebeldía premeditada ante la persistente negativa del consistorio lepero a proceder a su empadronamiento como residente en la localidad y a facilitar su acceso a los servicios de asistencia municipal. Una negativa que supera los límites de la Ley ante la indiferencia de la Junta de Andalucía, el Gobierno central y la administración de Justicia y que condiciona, impide, la integración de las personas chabolistas en sus municipios.
Hace solo unos días, las personas más afectadas tras la reciente dana que también asoló durante unas horas a la provincia de Huelva fueron precisamente las residentes en los asentamientos de la vergüenza. La respuesta institucional fue inexistente. Mientras se promovía una corriente ciudadana de apoyo a Valencia, los únicos palés de ayuda humanitaria (agua, ropa de abrigo, colchones, alimentos no perecederos…) llegados a Lepe, a Lucena del Puerto o Moguer, volvieron a ser los de la Asociación La Carpa de Sevilla. Otros viajaban con ayuda institucional desde las propias localidades… rumbo a Valencia. Las personas chabolistas, trabajadores agrícolas sin acceso a una vivienda digna, no fueron contempladas en las ayudas de emergencia. Nadie les vio como vecinos y vecinas afectadas por el desastre meteorológico. .
Abordar el chabolismo en los asentamientos de la vergüenza exige cambiar el enfoque: de la lógica de la «erradicación» a la creación de las condiciones necesarias para que quienes habitan los asentamientos puedan acceder a la vivienda con las mismas garantías que cualquier otra persona trabajadora. Acompañar la transición de chabolista a vecino con medidas que propicien estabilidad y garanticen dignidad y acceso pleno a todos los derechos. Empezando por el empadronamiento.
La «limpieza de chabolas» no es avance. Sin garantizar que personas trabajadoras sin hogar pasen a ser vistas como vecinas de pleno derecho en las localidades que llevan años habitando, integración no es más que una palabra recurrente y vacía. Institucionalmente hipócrita.
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