Archivo de maletines y ‘desesperados’ por la rave

93 días le han bastado al Juez Miguel A. Gálvez para estudiar y archivar el caso Maletines Covid.

por Pepe Fernández

 

Sábado, 7 de enero de 2023. Menos de tres meses le han bastado al magistrado Miguel Ángel Gálvez Jiménez, como titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Sevilla, para pronunciarse sobre el llamado “Caso maletines Covid”, asuntillo de presunta corrupción con el PP hasta las trancas. De haber salido las cosas como algunos las tenían previstas la mordida hubiese ascendido a cinco millones de euros del tirón y en una sola operación.

El magistrado Gálvez Jiménez fue nombrado por el CGP en septiembre pasado para el juzgado que fue durante años de Mercedes Alaya, tras haber concursado desde el Juzgado de Primera Instancia 17 de Sevilla. Su nombramiento aparece en el BOE del 14 de septiembre de 2022.

El pasado día 16 de diciembre Su Señoría dictó un auto de unos veinte folios, tres o cuatro con jurisprudencia del TS, que sorprende a la opinión pública archivando la causa. Más sorprendidos estarán sin duda los funcionarios de policía judicial que desde el principio intervinieron en la investigación de un asunto complejo, enrevesado, con ataduras políticas obvias y donde se obtiene la impresión de que no se ha querido investigar más a fondo. El ímpetu judicial y fiscal de la época Eres contra los socialistas no lo veremos en Sevilla contra el PP. El juez Gálvez en su auto, además de alguna inexactitud como decir que es Elias Bendodo quien llama a su amigo y vecino el empresario denunciante para darle el mail a donde dirigirse, no da credibilidad a las tesis policiales. Sin duda de los pasajes que más llama la atención en el auto judicial es uno en el que parece justificar el “todo vale” porque estamos en pandemia y muere gente. De paso ve como bastante normal el papel jugado por Elias Bendodo que fue el que remite al SAS a su amigo el empresario asturiano a través de una vía administrativa nada ortodoxa, al margen de la oficialmente establecida. Pero Su Señoría elogia estas cosas: “Lo anterior -escribe el juez- no comporta ninguna irregularidad, sino antes al contrario, y dada la situación de urgencia por la pandemia mundial y la necesidad de material sanitario, era la forma usual, en la que los empresarios interesados en ofertar productor anti-covid, utilizando cualquier vía para ello”.

El juez da por válidos los testimonios de funcionarios que ratifican las diversas vías para venderle al SAS , evidencia de que “el método de contacto no resulta claro a pesar de la exhaustiva investigación policial llevada a cabo”. Tampoco se investiga la filtración al principal investigado, Guillermo González, que según la policía podría partir desde Presidencia vía Antonio Sanz, ni la manipulación de ordenadores y servidores. Y, por supuesto, nadie queda enterado de cómo el clan de Cádiz se entera de que el empresario (que es amigo de Bendodo) va a ofertar al SAS material anticovid por valor de unos veinte millones de euros, veinticinco si sumamos la comisión pretendida. El juez dice que “Desconociéndose  como aparecieron en el proceso de ofertas”,o lo que es lo mismo, de cómo se enteraron los gaditanos que había negocio caliente y a la vista en la sanidad pública andaluza de la mano de un tercero incauto. Sobre el grupo de Cádiz dice el juez “de las diligencias de investigación hasta ahora practicadas no se desprenden indicios racionales de criminalidad contra los citados investigados”. Libres de polvo y paja.

De por medio, como principal sospechoso de ser el supuesto eslabón entre los millones de comisión pedidos y “los de arriba”, apareció Guillermo González Pérez , cordobés, ex SG del PP de Cabra, un chico para todo de la confianza absoluta de su paisano el consejero Jesús Aguirre, convertido en su labor cotidiana en un filtro de seguimiento de temas del Jefe del Gabinete del hoy presidente del Parlamento de Andalucía. El joven Guillermo igual te organizaba un acto que atendía sin demasiados escrúpulos a personajes raros, más comisionistas que empresarios, caso de los investigados en esta causa. Para el juez Gálvez el miembro del gabinete de Aguirre no pudo hacer lo que se le acusa ya que “carece de facultad para ello, (compras) pues no tiene potestad alguna para la toma de decisión al respecto, ya que no es parte del órgano de contratación del SAS”. Otra absolución.

Ese es, groso modo, el embrollo de este asuntos que tiene muchos aspectos que destacan. Primero, que junto al despacho del consejero de Salud del PP salte la liebre de un miembro de su equipo metido en una trama de corrupción de tomo y lomo. Segundo, el PP ha demostrado en este su primer caso llamativo de pringue que tiene sus propios tiempos, muy parecidos a los que tenia el PSOE a la hora de ponerse a investigar en su propia basura y que tanto criticaron. Tercero, este sumario archivado en Navidad se ha llevado meses en un cajón del juzgado, desconociéndose que diligencias novedosas se puedan haber practicado en este tiempo electoral y de silencio. Cuarto, el auto del juez Gálvez exime a Elias Bendodo de cualquier responsabilidad penal, que no política, algo que la oposición intentó sin éxito. Y quinto, cabe preguntarse si este auto será recurrido. El PSOE lo analiza como parte personada. El empresario asturiano, primer denunciante del caso, me cuentan que no parece muy dispuesto a seguir peleando. Le interesa más disfrutar de la vecindad amistosa en Benahavis con Elias que seguir perdiendo tiempo y dinero en un pleito que, a día de hoy, puede resumirse como una gran pérdida de tiempo…y, desde luego, de confianza en el Sistema.

¡Qué miedo, una rave en La Peza!

Ya quisiéramos que tras cada feria, romería o fiesta callejera que se celebra en Andalucía el balance fuese un par de detenciones por estupefacientes y atención sanitaria por una intoxicación etílica. Tres intervenciones, punto.

Vienen a cuento estos datos tras el alboroto, especialmente mediático, montado durante una semana por una fiesta ‘rave’ celebrada durante seis días en una finca municipal bastante alejada del municipio de La Peza en Granada.

Durante días hemos asistidos a una narración informativa socialmente amenazante que nos trasladaba a películas de los setenta con sexo, droga y Rock and roll en mitad de un campo con vistas a Sierra Nevada. Curiosamente la mayoría de las propias informaciones que se emitían en cada telediario llevaban en sí una gran contradicción ya que por un lado se presentaba la fiesta “ilegal” como algo preocupante y descontrolado y, por otro, aparecían los vecinos de La Peza hablando sin crispación ni enfado, salvo por algún atasco que otro, poca cosa. Mucho tenían que espurgar los reporteros para hallar quien despotricara de lo que estaba pasando en su pueblo, al que la concentración por cierto ha puesto en el mapa. El gran inconveniente causado, coincidían casi todos, fueron los atascos del primer día que, al no estar legalizada la concentración no se tuvo previsto el dispositivo de seguridad de Guardia  Civil de Tráfico.

En casi todas las conexiones  televisivas solía aparecer el alcalde de la localidad supuestamente perjudicada por la salvaje concentración hippy procedente de toda Europa y convocada, al margen de controles oficiales, a través de las redes. El periodista Nacho Sánchez contó sobre el terreno como en el bar del pueblo se desternillaban sorprendidos al ver como la televisión pública de Andalucía,  Canal Sur TV, controlada por el PP, rotulaban sus informaciones anunciando que los vecinos estaban “desesperados” por la fiesta ilegal.

Nada más lejos de la realidad tal y como se recogió en su reportaje de El País titulado “Los vecinos de La Peza piden que la ‘rave’ se celebre de nuevo en su pueblo el año que viene”.

Como se apuntaba, el alcalde del PP de La Peza, Fernando Álvarez, ha comparecido mañana, tarde y noche requerido por las televisiones, casi siempre en directo. Álvarez ha estado siempre correcto, para nada agresivo contra los organizadores y se le notaba más respeto por la realidad y por la verdad, que a los rotulistas de las teles o algunos dirigentes de su partido que han intentado que esto de La Peza pudiera convertirse en una patada más a Sánchez en el trasero de Marlaska.

Porque esa es otra. Si el único gran problema que parece haber presentado esta concentración humana ha sido el atasco del primer día, viene a poner sobre la mesa algo inquietante. ¿Cómo miles de personas pueden concentrarse en un punto concreto del territorio español y nuestros servicios de información no lo hayan captado con antelación?  O bien, sí lo sabían y valoraron el escaso impacto en una zona alejada de 1.500 habitantes. Problemas con solución.

Y por si faltaban datos para completar este cuento de Navidad, se ha sabido que los organizadores habían previsto dejarlo todo como se lo encontraron e incluso más limpio, y para ello contrataron un servicio de recogida de residuos que, finalmente, no pudo acceder porque se lo impidió la G.C. por el corte de los accesos. Pero el campo lo dejaron sin basuras.

También se ha desvelado que la fiesta no fue un coto cerrado sino que mucha gente del propio municipio se fue de marcha hasta el lugar donde, imaginen, reinaba la hospitalidad y el buen rollito.

El pueblo de La Peza y sus representantes, a estas alturas, saben que la fiesta no les ha perjudicado, más bien lo contrario. Se han abierto unas expectativas que, bien organizadas y apoyadas institucionalmente, pueden generar  alguna recuperación puntual en la Andalucia vaciada y olvidada.

¿Que hay un sector de la sociedad que no les gusta lo que puedan hacer o no hacer los miles de feriantes de la rave? Seguro, pero ese no debiera ser el problema, porque precisamente en Andalucía tenemos fiestas tan diversas que no todas gustan a todo el mundo y nunca pasó nada, pero reactivan la economía de muchas comarcas vaciadas.

Roquetas: postdata para futuro

Esta semana, en Roquetas, su alcalde Gabriel Amat, ha dado un doble salto mortal sin red al retirarle las competencias de playas a su tercer teniente de alcalde Francisco Barrionuevo, independiente, ex Vox y titular de Turismo y Playas. Le quita playas pero lo deja en Turismo. ¿A qué obedece esta extraña maniobra? Una pista: el concejal degradado se niega desde hace meses a firmar el pago de supuestos servicios de una empresa en tanto no se le aporten informes técnicos de funcionarios municipales que avalen que el trabajo se ha hecho, informes que parece que se resisten a ser elaborados y aportados. ¿Solución?, quitarle playas, pagar a la empresa sin informe ni gaitas y aquí paz y después…, después es muy posible que llegue una de las etapas más agitadas del ayuntamiento de Roquetas de Mar que el PP controla desde hace más de dos décadas.

Pepe Fernández es Periodista. Editor y Director de Confidencial Andaluz.
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