El Gobierno de España, de la mano de su presidente, Pedro Sánchez, y sus cuatro vicepresidentes, ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que canalizará fondos europeos para superar la crisis económica y social generada por la pandemia.
Este plan contará en los tres próximos años con 72 000 millones de euros procedentes de la UE a través del fondo de recuperación europeo. También dispondrá de recursos provenientes de los fondos estructurales y la Política Agrícola Común (PAC).
Todos estos ingresos deberían traer consigo la segunda modernización de España.
El espíritu europeísta marca el plan de acción de la UE
El coronavirus ha dejado en Europa un sombrío escenario socioeconómico que, como en épocas pasadas, requiere de decisiones atrevidas.
Setenta años atrás, los primeros esbozos de la UE tenían como objetivo mantener la paz, la reconciliación y el respeto a los derechos humanos a través de la prosperidad económica de los países miembros.
El pasado mes de julio, los países de la UE fueron capaces, pese a sus diferencias, de acordar un Plan de Recuperación para Europa. ¿Su finalidad? Hacer frente a los estragos económicos y sociales provocados por la pandemia, pero también apuntalar los objetivos estratégicos europeos a medio y largo plazo.
Pese a las enormes dificultades encontradas en el camino, la UE ha sido capaz de poner nuevamente en valor uno de sus principios fundacionales: la unión para hacer frente a los desafíos.
El contexto europeo del plan español de recuperación
La Covid-19 ha puesto en peligro algunos de los grandes proyectos europeos en materia de desarrollo sostenible. Por ello, ahora la UE intenta fortalecerlos con la financiación ad hoc que proporciona su plan de reconstrucción.
Este plan es producto de la aproximación entre países con posturas políticas enfrentadas (esencialmente los frugales y los países mediterráneos), y del importante esfuerzo en materia financiera realizado por la unión, que duplicará el límite máximo sus recursos desde el 1% al 2% de la Renta Nacional Bruta (RNB).
Entre las novedades acordadas por los socios europeos está la creación de Next Generation EU.
Este programa pondrá, entre 2021 y 2023, 750 000 millones de euros al servicio de la recuperación y transformación de la economía europea (500 000 en subvenciones y 250 000 en préstamos).
Este monto, que es aproximadamente el 6,3% del PIB europeo de 2019, se destinará a:
- Apoyar a los Estados y sus reformas (655 000 millones de euros, de los cuales el 62% son subvenciones y el resto préstamos).
- Incentivar las inversiones privadas para dinamizar la economía. A este fin se destinará un máximo de 53 600 millones (el 72% para subvenciones y el resto para provisiones de garantías).
- Articular las enseñanzas de la crisis, por ejemplo reforzando los sistemas nacionales de sanidad, con un total de 38 700 millones de euros.
Del presupuesto total de Next Generation EU se han destinado 140 000 millones (72 2000 en transferencias) a España, lo que supone cerca del 11% del PIB español de 2019.
¿De qué recursos europeos dispondrá España?
Entre 2021 y 2023 España recibirá del Plan de recuperación para Europa 72 000 millones de euros a través de la Recovery and Resilience Facility (59 000 millones) y el programa REACT-EU.
También recibirá ingresos de los fondos estructurales y la Política Agraria Común (PAC).
¿Y cómo aprovechará España esos recursos?
Se dará prioridad en el uso de estos recursos a acuerdos internacionales, como la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y programas europeos, como el Pacto Verde Europeo. Estos proyectos habrán de ser presentados a partir de enero de 2021 y ejecutados en el trienio 2021-2023.
Los ejes prioritarios de actuación serán:
- La transición ecológica (37% de los recursos).
- La transición digital (33%).
- La cohesión social y territorial.
- La igualdad de género.
Estos temas ya eran prioritarios para el Gobierno y estaban contemplados en programas como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o la agenda España Digital 2025.
Además, el presidente Sánchez ha anunciado que, en sus tres años de duración, este plan contribuirá a crear 800 000 puestos de trabajo y al crecimiento de la economía española en 2,5 puntos porcentuales adicionales a lo que hubiera crecido la economía en ausencia del Plan.
Hay que trabajar el consenso
Dadas las elevadas previsiones de deuda y déficit (11,3% del PIB en 2020 y del 7,7% en 2021), solo el tiempo dirá si esta crisis se podía gestionar con la mirada puesta en el largo plazo.
Están los medios y se ha definido un plan, pero queda mucho trabajo por hacer. No se trata solo de diseñar proyectos que faciliten una segunda modernización del país, también hay que conseguir un clima de concertación y diálogo.
Lo que se haga los próximos tres años con los recursos europeos debería sentar las bases del futuro de España y, por ello, debería hacerse en el marco del consenso político.
Como diría Keynes, hay que ser atrevidos, no solo en tiempos de guerra, sino también en los de paz.
Ángeles Sánchez Díez, Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM), Universidad Autónoma de Madrid. Estudió la carrera de Ciencias Económicas en la UAM. Posteriormente se doctoró en la misma Universidad con la tesis «La internacionalización de la economía española hacia América Latina: elementos determinantes en el inició y consolidación del proceso». Adicionalmente ha cursado estudios de especialización sobre seguridad energética en la UNED. Ha trabajado en la Universidad de Burgos hasta 2003 y actualmente es profesora del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Fue coordinadora del área de América Latina en la Fundación Alternativas y actualmente coordina la red de expertos latinoamericanos del Círculo de Estudios de América LAtina (CESLA). Ha realizado estancias de investigación en Universidades de Argentina, Brasil, Chile, México y Costa Rica, así como en la CEPAL, en sus sedes de Santiago de Chile y Ciudad de México y la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. Su investigación y publicaciones se centran en el análisis de la inversión extranjera en América Latina, la integración económica y los recursos naturales en América Latina y las restricciones económicas en situaciones de conflicto en el Sáhara y Palestina. Pertenece al Grupo de investigación Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM- UAM).
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