UGT advierte sobre la “España vacía”

Brecha digital, exclusión financiera e ineficiencia en transporte e infraestructuras condicionan la calidad de vida de muchos ciudadanos españoles.

En el inconsciente histórico de la colectividad, siempre ha existido la dicotomía conceptual entre lo rural y lo urbano, y España es un ejemplo muy significativo de esto, señala Marcos Ruiz Cercas de la Secretaría de Comunicación de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT.

Explica que, a pesar de la transferencia de población que se produjo –y sigue produciéndose– desde el campo y zonas rurales a aquéllas más pobladas y urbanas, el tópico también ha alimentado la idea de los espacios rurales como sinónimo de una “España vacía” (en terminología del escritor Sergio del Molino), pero advierte que no todo es así: también existe una demanda de “volver a lo rural” –o, directamente, no abandonarlo– si en ese espacio se garantizaran ciertos servicios que podrían estimular, incluso, formas de trabajo sostenidas sobre las nuevas tecnologías y el tan cacareado “emprendimiento”, y no sólo orientado al turismo rural y gastronómico.

Para UGT, existen tres factores significativos que ofrecen algunas respuestas a la pérdida de peso económico y social de una parte de España: brecha digital, escasez de transportes e infraestructuras y exclusión financiera; y está es la aportación de UGT al debate:.

Exclusión financiera

“Más de la mitad de los municipios de España carecen de oficina bancaria y otro 15,8 % dispone de una única entidad de depósito que ofrece servicios a través de sucursales. Se trata de otros 1281 pueblos en los que residen 1,4 millones de personas, es decir, el 3,1 % de la población”, según publica el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, adscrito a la Universitat de València) en su estudio publicado en abril de 2018.

UGT tiene claro que la falta de acceso a los servicios financieros representa un serio obstáculo para la integración económica de cualquier ciudadano, lo que deriva, además, en una exclusión social y, en el caso que nos ocupa, geográfica. El cierre de oficinas en zonas rurales o con baja densidad de población viene motivada por la pérdida generalizada de empleo y el cierre de oficinas en el sector de banca y cajas de ahorro: 80.000 empleos menos entre los años 2008 y 2016.

Todas las personas deberían acceder a unos servicios financieros básicos, algo que podría garantizarse con “una banca pública y de proximidad con un servicio de depósito para la ciudadanía: eficaz, económico, universal y cercano, que ofrezca cobertura en todos los rincones de nuestra geografía”, como ya planteaba este Sindicato en el año 2013. En este sentido, UGT lleva tiempo trabajando para que el Gobierno no malvenda Bankia-BMN (60 % propiedad del Estado) y se utilice la red y recursos de esta entidad para dar respuestas a las necesidades descritas.

Cuando se pretende sustituir la atención presencial en servicios financieros por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, conviene preguntarse por qué esta alternativa tiene algo de propaganda.

Brecha digital

La inversión en ayudas públicas para llevar las redes de nueva generación a las zonas rurales o vulnerables ha sido siempre muy deficitaria en nuestro país. Las comparaciones siempre son odiosas, pero en este caso, son deshonrosas: mientras una mayoría de países europeos realizan importantes inversiones para acabar con la Brecha Digital geográfica, España se queda en cifras raquíticas. Un ejemplo contundente: Alemania, 1000 millones de euros en ayudas públicas a la banda ancha en 2017; España, en el mismo ejercicio, 78, entre créditos y subvenciones directas.

Si bien es cierto que en el año 2016 el sector de Comunicaciones de UGT reconocía que “el problema de la brecha digital en nuestro país es que va camino de ser estructural”, también lo es que no debe asociarse esta realidad a la dicotomía entre lo rural y lo urbano. En el año 2016, un 18 % de los hogares españoles y un 17 % de los ciudadanos y ciudadanas no accedían a Internet, según datos de Eurostat. Esta brecha tiene múltiples causas y enfoques. En el caso territorial, el estudio “La brecha digital en España. Estudio sobre la desigualdad postergada”, elaborado por UGT en el año 2015, ya concluía que existía “un quinto precursor de la exclusión digital: el hábitat, si el lugar de residencia se ubica en un entorno rural” (los otros cuatro serían: género, edad, formación y condicionantes funcionales y económicos). Sin embargo, como ya señalábamos, el territorio es un factor más –no el único ni el más significativo– dentro de la multiplicidad de causas que explican la brecha digital.

A pesar de lo señalado, la digital no es la única brecha: existe otra menos “virtual” y más pegada al terreno.

Infraestructuras y transportes

La política de infraestructuras y transportes en España en las dos últimas décadas ha primado, en no pocos casos, un modelo de transportes que conectaba grandes ciudades y núcleos densamente poblados a través de infraestructuras que, en ocasiones, requerían de grandes inversiones y no resultaban del todo eficaces ni generaban eficiencia en el transporte –como determinados aeropuertos en provincias en las que no existía demanda de transporte aéreo–; o se apostaba por la alta velocidad ferroviaria abandonando el ferrocarril convencional que conecta –y podría conectar– zonas rurales o territorios históricamente deficitarios en determinados modos de transporte.

Hay que reconocer que la alta velocidad ha sido un elemento vertebrador y que ha contribuido a la cohesión territorial pero, también, que los planes de infraestructuras y transportes desarrollados en los últimos años (décadas) no han privilegiado el concepto de intermodalidad como instrumento esencial para buscar la eficiencia en el transporte, especialmente para fomentar una vertebración territorial que vaya más allá de núcleos urbanos o capitales de provincia y ofrezca una conectividad real y de calidad a tantas zonas rurales o provincias que sufren, históricamente, un déficit en este ámbito. La intermodalidad se ha entendido, casi exclusivamente, como complementariedad entre modos de transporte cuando, también, es multiplicidad de alternativas de transporte para conectar con un destino.

La escasa inversión en actualización y modernización de carreteras, el incremento en la frecuencia de servicios de transporte de viajeros en autobús, una apuesta real por potenciar el ferrocarril convencional y una visión de la intermodalidad como multiplicidad de alternativas entre modos de forma no excluyente estarían en el “debe” de la política de transportes e infraestructuras de nuestro país.

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