Lunes, 20 de mayo de 2019. ¿Hay abusos en los campos de frutos rojos? ¿Acoso? ¿Prostitución? Acusaciones de “insinuaciones” o coacciones para ejercerla son ya un clásico en las historias y ¿leyendas? que rodean cada año la campaña de recolecta de fresas, moras y arándanos. También ha habido denuncias por violación.
En otras versiones, algunas mujeres han referido amenazas y chantajes de hacer llegar a sus familias en Marruecos información sobre sus actividades fuera del horario laboral. Esto último sí que quedó acreditado en, al menos, uno de los muchos vídeos y audios (algunos de ellos publicados por La Mar de Onuba) que están en posesión de los tribunales de La Palma del Condado. Fue grabado durante la recolecta de 2018, y en él se ve y escucha a un empresario afirmar que dispone de grabaciones de hombres entrando y saliendo, cuando no haciendo otras cosas, de los módulos prefabricados donde aloja a las temporeras contratadas en su finca.
Nuevos vídeos a los que ha podido acceder La Mar de Onuba esta misma semana abundan sobre este tipo de presuntas situaciones. El clip que acompaña este texto recoge tres de ellos, registrados en el interior de una finca de fresas de la zona de Moguer. En el primero se ve que delante de uno de los módulos de alojamiento, alguien ha dibujado un corazón en la arena. Según testimonios recogidos por esta revista, se trataría de una “marca” indicativa de que en ese módulo se ejerce la prostitución.
En el segundo puede observarse el tráfico de vehículos delante del módulo a alta horas de la madrugada. En el tercero, se ve y escucha a un hombre (presuntamente alguien que ha observado la marca y se ha acercado al módulo) advertir de la presencia de cámaras que apuntan al lugar. “Cámara aquí, cámara allí, lo miran todo”, se le oye decir al hombre, de acento extranjero.
Por último, el clip vuelve a reproducir la conversación registrada el año pasado en la finca Doñana 1998, en la que uno de los hermanos Mato amenaza con enviar vídeos que asegura poseer a los familiares de sus trabajadoras. “Ese es el problema, las que quieren las casas de prostitución”, se le escucha decir a Mato en la grabación (ver vídeo). “Ese el problema, que están las cámaras”, añade Mato. “Toda la noche friqui friqui friqui. Todo grabado. Esto va para Marruecos, a las familias”, finaliza, amenazando con hacer llegar a las familias de las trabajadoras supuestos vídeos que habrían grabado las cámaras de la empresa sin ellas saberlo.
El juzgado de la Palma ha declinado valorar ese último vídeo y otras propuestas de prueba a la hora de decidir el archivo de la denuncia presentada por 101 trabajadoras ante la Guardia Civil en junio del año pasado. Denuncia que no ha podido ser ratificada, a día de hoy, ya que ni el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número de La Palma del Condado, Carlos Serrano García, ni la jueza del número 1 Virginia Sesma Mauleón, han tomado declaración a las diez denunciantes que aún permanecen en España, las conocidas como Temporeras contra la esclavitud. Las otras 91 fueron devueltas a Marruecos dos meses antes de finalizar sus contratos, apenas 36 horas después de haber añadido sus nombres a la denuncia ante la Benemérita. Sí han escuchado los testimonios de las trabajadoras propuestas por la empresa. Ambos juzgados han decretado el “sobreseimiento provisional” de las causas. Las Temporeras contra la esclavitud van a recurrir la decisión del juez y la de la jueza.
No es lo habitual. La tónica generalizada es a la que se aferran con fuerza las organizaciones empresariales que representan a los productores onubenses de frutos rojos, que difunden con fruición a los medios de comunicación cada nuevo sobreseimiento provisional de una denuncia. “Si se archiva será que no era cierto”, repiten. La mayoría -por no decir todas o casi todas- las violaciones de derechos laborales y contra la libertad sexual (es decir, contra la dignidad humana) denunciadas a lo largo de los últimos años por mujeres temporeras marroquíes, terminan en situación de sobreseimiento provisional , sin que llegue a celebrarse juicio alguno. Tras una primera toma de declaraciones (cuando se producen) por la Guardia Civil, Policía Nacional y/o la Fiscalía, los juzgados suelen fijar vistas para escuchar a las denunciantes en fechas posteriores a la finalización de la campaña, cuando estas ya han abandonado España y regresado a Marruecos. Se da por perdido su paradero, a pesar de que la Justicia española conoce sus identidades y sus domicilios, pues estos figuran en los pasaportes aportados con sus denuncias. En consecuencia, la mayoría de las mujeres, de escaso poder adquisitivo, y que viven en muchos casos en situaciones de precariedad, no regresan a Huelva para acudir a las citas ante los jueces y juezas. Se decreta el archivo provisional de las diligencias abiertas. Las trabajadoras no vuelven a ser contratadas en posteriores campañas. Muchas ni lo intentan. Fin de la historia.
Fuentes de la Fiscalía me aseguraron el pasado año -en pleno fragor mediático por la difusión en La Mar de Onuba del reportaje Rape in the fields (firmado por las periodistas Pascale Muller y Stefania Prandi) y las posteriores informaciones aportadas por esta revista- que no les constaba que desde los juzgados españoles se hubiera solicitado alguna vez a Marruecos la toma de declaraciones, por vía teleconferencia o Skype, o facilitado el regreso a España de las mujeres para poder hacerlo en persona ante los magistrados.
En el caso de las conocidas como Temporeras contra la esclavitud, los Juzgados de lo Social han fijado para el próximo mes de junio los juicios laborales por incumplimiento de contrato, salarios no pagados y otras reclamaciones.
Lo cierto es que las Temporeras contra la esclavitud han pasado ya casi un año en España a la espera de que se resuelvan los diferentes contenciosos que las han obligado a permanecer en nuestro país. Para poder reclamar por vía judicial un salario que juran y perjuran no haber cobrado, así como otros derechos que consideran conculcados al no haberse cumplido las condiciones de trabajo y alojamiento que se les prometieron antes de embarcarse en una aventura con la que esperaban ganar dinero para sus familias. En estos largos meses, han visto cómo un juez, y también una jueza, han decidido archivar sus denuncias sin siquiera haberlas escuchado. Algunas de ellas refieren abusos sexuales. Una, la introducción por parte de uno sus jefes de los dedos en su vagina. El Guardia Civil que rellenó el atestado se negó a calificar los hechos de otra forma que no fuera “insinuaciones sexuales”. Es el único oído del Estado en este caso.
Las diez mujeres han asegurado al diario británico The Guardian que haber pedido amparo a la justicia española ha sido “el peor error de su vida”. Proceden de una cultura en la que una mujer acosada es culpable; han sido repudiadas por sus maridos en Marruecos, y han perdido el contacto con sus hijos. Siguen insistiendo en que quieren volver a su país, pero necesitan hacerlo “con la cabeza alta” y su honor intacto. Las mujeres marroquíes carecen de muchos derechos, pero el honor es algo que no entiende géneros. El “archivo provisional” les ha resultado un mazazo. Insisten en los hechos denunciados; estos revisten indicios de violencia de género, pero no se ha aplicado ninguno de los protocolos que el Estado español ha ido desarrollando, tarde y a trompicones, para empezar a acabar con la lacra social de la violencia machista. Cada varapalo judicial las señala como mentirosas, y sienten que eso las aleja de su país y de sus familias.
[NOTA DE LA REDACCIÓN (actualización): Según adelanta en exclusiva La Mar de Onuba, en la tarde de este mismo lunes, la Audiencia Provincial de Huelva ha notificado su decisión de desestimar el sobreseimiento de la causa por delitos contra la libertad sexual dictado por el juez Carlos Serrano. Tres magistrado de la Sección Tercera ordenan al Juzgado de La Palma continuar con la instrucción de la causa, tomando testimonio a las temporeras por videoconferencia, y admitiendo los medios de prueba (otros testimonios, fotografías y diverso material audiovisual)0 que las denunciantes han aportado para que se valore la veracidad de los hechos denunciados.]Acabar con la vulnerabilidad
Al menos, estos nuevos sobreseimientos provisionales que se suman a la lista de casos no juzgados, no parecen que vayan a cambiar o frenar los compromisos adquiridos por el Gobierno, la Junta de Andalucía y las organizaciones empresariales e interprofesionales. Aunque es justo decir que sólo estas últimas han dado pasos visibles (al menos sobre el papel) para atajar una situación cuya realidad admiten implícitamente, y que deriva de la vulnerabilidad de las mujeres contratadas en origen. Ya no achacan las informaciones periodísticas a estrategias internacionales orquestadas por la competencia centroeuropea, o a “montajes” de una trama organizada. Han comenzado a desarrollar nuevos protocolos como el Plan de Responsabilidad Ética Laboral y Social (PRELSI) de Interfresa, que contempla un «procedimiento abreviado de urgencia” para atender problemas considerados graves en un plazo de 24 horas.
Este tipo de protocolos forma parte del acuerdo alcanzado en junio del año pasado entre los propios empresarios del sector agrícola onubense, los sindicatos, varias ONGs y la Junta de Andalucía, convocados de urgencia por la entonces Consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, a raíz de la polvareda mediática provocada por las informaciones de La Mar de Onuba. Deben establecer con claridad los pasos a seguir si se producen casos de abusos y acoso contra las trabajadoras. El acuerdo contempla además la formación en perspectiva de género para manijeros y capataces de las explotaciones agrícolas, algo inédito hasta la fecha, y la contratación de mediadores interculturales (o consultres de integración) para el seguimiento del cumplimiento estricto de las condiciones laborales y de acogida a las mujeres extranjeras contratadas en origen. Interfresa asegura haber contratado a 12 consultores para el seguimiento de más de 10.00 trabajadoras y de «500 mandos intermedios».
El Prelsi, cuya adhesión es voluntaria, «lo que aporta aún más significado al gesto». explican en Interfresa, contiene «medidas de carácter preventivo y organizativo», y está estructurado en «tres pilares fundamentales: selección de puestos intermedios y superiores, formación profesional para cargos intermedios y la creación de la figura del consultor de integración, la más importante del plan».
El problema es que las trabajadoras desconocen el PRELSI y otros protocolos. Desconocen las leyes españolas. Por desconocer, desconocen qué es la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo articulado también las protege a ellas. Algunas no saben leer ni escribir. El Estado, a través de sus administraciones públicas -Gobierno y Junta de Andalucía, principalmente- se comprometió el año pasado, a garantizar que TODAS y CADA UNA de las mujeres marroquíes contratadas a partir de esta campaña conocerían -antes de instalarse a vivir en los módulos de los campos de fresas y comenzar la recolección- sus derechos, el significado de sus contratos, y sus obligaciones. También los teléfonos de ayuda, asistencia y asesoramiento para activar los protocolos específicos ante indicios de explotación laboral o coacciones sexuales. Ante ataques a la dignidad de los seres humanos.
No se ha hecho. En el caso de la denuncia presentada ante la Policía Nacional de la que informaba ayer La Mar de Onuba, ninguna de las trabajadoras afectadas dice haber oído hablar de folletos y vídeos explicativos en su idioma, o de los consultores, mediadores, asociaciones o teléfonos de emergencia a los que podían haber acudido en Huelva. Se han visto obligadas a investigar por su cuenta a quién pedir ayuda legal y asistencia social.
La denuncia de los hechos que relatan haber sufrido se interpuso en una comisaría de la Policía Nacional de Albacete el martes pasado, 14 de mayo. Desde allí se dio traslado a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). Esta unidad de la Policía Nacional lo trasladó a su vez a sus homólogos en Huelva, y estos, que han confirmado a esta revista su recepción, informan de que han dado traslado a la comandancia provincial de la Guardia Civil “por ser el cuerpo competente”. Por su parte, la Benemérita ni confirma ni desmiente haber recibido la denuncia, o haber iniciado alguna actuación al respecto, ya que “cuando tenemos una investigación abierta no aportamos a los medios información, y mucho menos de casos relacionados con temas de abusos”. Ayer, domingo 19 de mayo, fuentes de la Fiscalía de Huelva me aseguraron no tener constancia de la denuncia (que han conocido a través de esta redacción), y me informaron de que corresponde a la Guardia Civil ponerla en conocimiento del “decanato que corresponda para que este proceda a su reparto e incoación”. Cabe esperar que esto ocurra este mismo lunes. Habrán pasado seis días desde que la denuncia fue interpuesta.
Las trabajadoras refieren graves episodios de explotación laboral, como haber sido forzadas a trabajar jornadas de “sol a sol” hasta alcanzar un objetivo de cajas fijado por la empresa. Ayer mismo, el presidente de Freshuelva aseguraba en una entrevista con Huelva Información que están tiendo problemas para la recolecta por falta de personal, y que se han visto obligados a «prolongar las jornadas de trabajo.
En un encuentro -registrado en vídeo- mantenido con La Mar de Onuba y representantes del colectivo Mujeres 24 Horas, tres de esas trabajadoras relatan que incluso se les privó de hacer la pausa de descanso contemplada en el convenio colectivo para una jornada de seis horas y media, la conocida como “media hora del bocadillo”, porque “estamos en Ramadán y no vais a comer nada”. Ramadan Mubarak. También dicen que han sido obligadas a vivir hacinadas con otras trece mujeres y dos hombres, compartiendo módulos, cocina y baños. Y afirman tener conocimiento de casos de “acoso sexual y coacciones para ejercer la prostitución” por parte de superiores de la empresa.
Las tres han abandonado la finca y han sido acogidas por la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ) en un lugar fuera de la provincia de Huelva, donde se les ha facilitado alojamiento, víveres y un abogado. Esperan poder prestar declaración ante la UCRIF de ese lugar, que la empresa les abone los días trabajados y no cobrados (pocos, ya que dos de ellas llegaron a Huelva este mes de mayo, y una tercera en abril), y regresar a Marruecos para olvidar lo vivido.
Otras siete, según algunas informaciones, no habían sido interrogadas, al menos, hasta el pasado sábado. Otras fuentes aseguran que la propia empresa las habría acompañado ayer domingo a declarar ante los agentes de la Benemérita, y que hasta habría aportado un traductor propio; un consultor de integración de la propia empresa o de su organización interprofesional. Las mismas fuentes aseguran haber oído que las mujeres se han retractado de lo recogido en la denuncia registrada en Albacete. La Mar de Onuba ha preguntado por ello a Interfresa -que ha garantizado a esta revista la máxima colaboración y transparencia en este asunto-, pero a la hora de publicar esta tribuna no había contestado, por lo que no se ha podido verificar la certeza de la información.
Las cosas no se están haciendo bien. Los pasos dados hasta ahora acusan deficiencias, al menos en la necesaria celeridad y exquisitez procesal que estas situaciones precisan, y en las garantías de información a estas mujeres vulnerables. No parecen apostar por acabar de raíz con la situación de vulnerabilidad de las mujeres marroquíes en los campos onubenses. Y donde hay vulnerabilidad, hay abusos e impunidad. Es la lamentable condición humana.
Perico Echevarría
Editor y director de La Mar de Onuba.
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