La promotora insiste en que la Ley de Costas no es aplicable al macroyecto William Martin por ser posterior al plan urbanístico de 1985

Riaumbría se ciñe a los informes de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar emitidos por el anterior Gobierno del PP, y esgrime un dictamen encargado a dos profesores de derecho administrativo de la Universidad de Huelva.

La actual dirección general sí ve incompatibilidad entre el macroproyecto urbanístico y la Ley.

El proyecto se encuentra paralizado por orden judicial.

Un informe elaborado a petición de la sociedad Riaumbría por dos profesores de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva sostiene que la Ley de Costas no es aplicable a los terrenos donde la empresa pretende levantar el denominado «residencial William Martin», ya que esta fue promulgada en 1988, tres años después que el ayuntamiento de Punta Umbría  declarar la zona como «suelo urbano».

El dictamen del profesor asociado José Zamorano Wisnes y su directora de tesis, la catedrática María del Carmen Núñez Lozano, viene ratificar los mismos argumentos esgrimidos por Riaumbría tras conocerse la decisión de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (dependiente del nuevo Ministerio para la Transición Ecológica creado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez) de recurrir la modificación del PGOU de Punta Umbría que autoriza el proyecto urbanístico.

El último informe de Costas, fechado en febrero de este año, tumba los tres anteriores emitidos durante el mandato del Gobierno del PP, que daban vía libre al Ayuntamiento de Punta Umbría para acometer esta actuación urbanística. De estos, la promotora Riaumbría destaca los de 4 de octubre de 2012 y 12 de junio de 2013, firmados por el entonces Jefe de Planeamiento de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, José Mª de Miguel Carpintero, referidos a la Modificación puntual nº5 del PGOU de Punta Umbría, que ordena todo el espacio urbano ocupado por la zona de aparcamientos y los depósitos de agua en desuso junto al cuartel de la Guardia Civil y que da lugar luego a la modificación nº 17, recurrida por el Gobierno. En ambos informes, De Miguel sostenía que “dado que el ámbito objeto de la Modificación se encuentra fuera de dominio público-terrestre y de la zona de servidumbre de protección, y no está afectado por las determinaciones de la Ley de Costas, esta Dirección General no tiene nada que objetar a la Modificación Puntual nº5 del PGOU de Punta Umbría”. Este pronunciamiento de Costas se basaba en que los suelos urbanos de Punta Umbría no están afectados por la Ley de Costas ya que los terrenos son urbanos desde 1985, y la citada ley entró en vigor tres años después, en 1988.

Este argumento no es compartido por el nuevo Gobierno, que considera que el proyecto sí está afectado por la Ley de Costas, por lo que presentó un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del PGOU puntaumbrieño. Una sentencia del juzgado número 3 de Huelva anuló el acuerdo de Pleno del 27 de septiembre del 2017 que puso a la venta los terrenos en los que estaba proyectado. El Ayuntamiento de Punta Umbría anunció en septiembre pasado que recurría ante el TSJA la decisión tribunal onubense.

Por contra, el dictamen elaborado por los dos profesores de derecho administrativo de la Universidad de Huelva desarrolla hasta 10 argumentos en forma de conclusiones para establecer que el informe desfavorable emitido por el actual Gobierno «no se ajusta a Derecho». Para Riaumbría, el documento de Zamorano y Núñez «es un documento clave que puede marcar un futuro procedimiento judicial».

En un comunicado emitido este lunes, la sociedad ha expresado su satisfacción por el contenido del dictamen, y asegura que «la contundencia» de los argumentos defendidos por los dos profesores «deben conducir a que Costas y el Ministerio para la Transición Ecológica retiren el recurso contencioso administrativo que han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía». Asimismo, sostiene el dictamen de ambos profesores se trata del «pronunciamiento de una institución independiente como es la Universidad de Huelva», solicitado por la propia empresa para que determine si la actual Ley de Costas es aplicable o no a determinados suelos del municipio de Punta Umbría, entre los que se encuentran los terrenos donde se pretende desarrollar el proyecto urbanístico William Martin.

Riaumbría considera que tras este dictamen,»el Ministerio para la Transición Ecológica debería desistirse en su recurso, máxime cuando Costas ha caído en todo este procedimiento en continuas contradicciones».

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