Tres trabajadoras contratadas en origen “huyen” de la finca Las Posadillas, una de las mayores del sector, al anunciarles la empresa que serían devueltas a Marruecos el pasado viernes, día 17.
En declaraciones a La Mar de Onuba, las trabajadoras describen hechos similares a los presuntamente sucedidos el año pasado en la finca almonteña Doñana 1998, archivados en dos juzgado de La Palma del Condado (Huelva) sin toma de declaración a las denunciantes.
El lobby patronal Interfresa asegura haber abierto una investigación y no descarta medidas “ejemplarizantes” si detecta incumplimientos de los protocolos (que las trabajadoras de la empresa aseguran desconocen).
Domingo, 19 de mayo de 2019. Cuatro trabajadoras marroquíes contratadas “en origen” para la recolección de fresas y arándanos, han denunciado ante la Policía Nacional las condiciones de trabajo que aseguran haber vivido desde su llegada a Moguer (Huelva) -hace pocas semanas- en la empresa Las Posadillas, una de las más grandes en el sector de los frutos rojos. La denuncia refiere casos de explotación laboral, no haber cobrado la totalidad de sus salarios, jornadas laborales extenuantes («de sol a sol») sin control de horario ni cómputo de horas extras, condiciones “deplorables” de hacinamiento en los alojamientos (hasta 18 personas en un mismo módulo prefabricado y sin agua caliente) y ausencia de vehículos para facilitar desplazamientos desde los campos hasta el casco urbano o a centros de asistencia médica. Y lo que es más grave, refieren casos de acoso sexual y “coacciones para ejercer la prostitución”.
En una entrevista grabada en vídeo y realizada por La Mar de Onuba para Irispress Magazine, llama la atención que las trabajadoras no sólo aseguren que fueron obligadas a hacer jornadas “de sol a sol” y hasta 12 horas diarias. Sorprende mucho más que estas cuenten que su manijero le impidiera disfrutar de la media hora de descanso establecida en el convenio Colectivo, conocida como la “pausa del bocadillo”.
Según el relato de las cuatro mujeres, el manijero les decía que al estar celebrándose del mes de Ramadán, ella no iban a consumir ningún bocadillo, por lo que el descanso de media hora no les correspondía, al ser sólo para quienes iban comer algo en ese tiempo.
Además, relatan que algunas mujeres se encontraban exhaustas por haber trabajado «de sol a sol» en días de mucho calor, y que para combatir el agotamiento las obligaron a beber agua, rompiendo así las exigencias de ayuno total del mes de Ramadán
Lugares comunes con campañas anteriores
Se trata de hechos similares a los denunciados el pasado año en la finca Doñana 1998, y otros anteriores que han sido publicados recurrentemente en medios de comunicación nacionales e internacionales desde que comenzaron, hace dos décadas, las contrataciones “en origen” en países como Marruecos.
La denuncia relata que las temporeras llegaron dentro del contingente de centenares de trabajadoras marroquíes que acuden, como cada año, para la recolección de la fresa y otros frutos rojos en la provincia de Huelva, y que llegaron contratadas por la empresa Las Posadillas, encontrándose alojadas por cuenta de esa empresa en la finca La Charca de Moguer. Las trabajadoras, que aseguran que no les ha sido entregada copia de sus contratos, no han sido informadas en España -y en su idioma- de sus condiciones de trabajo (como se acordó tras el escándalo mediático provocado por las informaciones publicadas por esta revista), y, además, «desconocen la identidad de los empresarios”.
Las cuatro mujeres refieren que las condiciones laborales, alojamiento, manutención, atención sanitaria y transporte en las que se encuentran esas mujeres son «deplorables». Que viven “hacinadas en literas en número aproximado a dieciocho personas por habitación, que el alojamiento “carece de agua caliente y agua corriente, y que la cocina es insuficiente para poder atender al elevado número de usuarias. Además, en un encuentro mantenido con La Mar de Onuba, se quejan de que se les aseguró que en los módulos de alojamiento habría sólo mujeres, y que en el suyo había también dos hombres.
También denuncian que, respecto de las condiciones prometidas por la agencia gubernamental de empleo marroquí (ANAPEC), organismo oficial encargado de gestionar la contratación de las candidatas, “no se ha cumplido casi ninguna de las promesas recibidas, como puede ser la de una ayuda económica inicial para hacer frente a la compra de alimentos una vez en España, y antes de recibir su primer salario”.
Que en relación con el transporte, habían recibido la promesa de que dispondrían de vehículos tanto para desplazarse al trabajo para la compra de alimentos, promesa que se ha visto incumplida ya que se ven “obligadas a caminar por espacio de veinte a treinta minutos en cada desplazamiento al campo”.
Otra de las quejas es la falta de asistencia sanitaria, ya que aseguran que son “obligadas a trabajar aún encontrándose enfermas y sin que lleguen a recibir auxilio médico en esta situación”.
Retención de pasaportes, privación de libertad y jornadas extenuantes “de sol a sol”
Por otra parte, las denunciantes aseguran que la empresa les ha retenido sus pasaportes o documentación, “sin poder disponer de la misma durante todo el tiempo que se encuentran en España. Las mujeres apuntaban también a su sensación de sentirse “privadas de libertad” en la finca, “sin que puedan concretar más detalles en este sentido”, y que reciben insultos del tipo «putas marroquíes».
También denuncian que la “promesa de seis horas y media de jornada laboral” (en realidad se trata de lo establecido en el propio Convenio Colectivo del Campo para la provincia de Huelva, y no de una promesa) ha sido también “claramente incumplida”, ya que trabajan “de sol a sol, sobre doce horas diarias”, y que no han podido disfrutar de la media hora de descanso durante la jornada, la conocida como “pausa del bocadillo”.
Respecto del cobro de salarios, las cuatro temporeras denuncian que las condiciones laborales ofrecidas en Marruecos recogía que percibirían su sueldo quincenalmente, sin que ninguna de ellas, que llevan más de ese tiempo, hayan percibido salario alguno, excepto un adelanto de 50 euros a la llegada. [Una de las trabajadoras, la que lleva más tiempo en España de las cuatro denunciantes, ha asegurado en una conversación, recogida en vídeo por La Mar de Onuba e Irispress Magazine, que sólo ha cobrado algo más de cien euros desde el mes de abril].
Coacciones para el ejercicio de la prostitución
Además de los hechos anteriores, los testimonios de las mujeres hablan de “varios casos de acoso sexual y coacciones para el ejercicio de la prostitución, sin que esas manifestaciones entren en más detalles respecto a las circunstancias en que han ocurrido las mismas y quiénes pudieran ser los responsables, empresarios, encargados de cuadrilla u otros trabajadores compatriotas, aunque sí es cierto que se refieren a ellos como «jefes».
Amenaza de expulsión y “huida”
En su denuncia, interpuesta en su nombre por letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), las cuatro trabajadoras dejan constancia de que “en el día de hoy” [por el martes 14 de mayo] “la empresa ha devuelto el pasaporte a alguna de las mujeres y les ha comunicado que cesarían de trabajar y serían devueltas a Marruecos”. La fecha prevista para esa “devolución” sería la del viernes 17 de mayo, según han declarado a esta revista tres de las afectadas. Los letrados de AUSAJ añaden ante la Policía Nacional que entienden que “ello pudiera obedecer a que la empresa haya podido tener conocimiento de las quejas de las trabajadoras y de su intención de presentar denunciar.
Cabe recordar que una situación similar, aunque en mayor escala, se produjo, hace ahora un año, en la finca almonteña Doñana 1998, cuando los hermanos Matos, propietarios de la misma, embarcaron en autobuses de regreso a Marruecos a un centenar de trabajadoras que habían denunciado hechos similares a los que se refiere esta información ante la Guardia Civil de Almonte, ante la imposibilidad de haberlo hecho el viernes anterior ante los tribunales de Justicia y las Inspección de trabajo.
En aquella situación, como publicó entonces La Mar de Onuba, se dieron circunstancias aún sin esclarecer a día de hoy, como la participación de agentes de la Guardia Civil durante el traslado de las temporeras “expulsadas” a los autobuses que les llevarían hasta Algeciras para su traslado en ferry a Marruecos, o saber cómo llegó a manos de los hermanos Matos el listado de trabajadoras que habían aportado sus nombres y números de pasaporte a la Benemérita.
Aquel día se dieron esperpénticas escenas de trabajadoras que intentaban evitar la expulsión de España por parte de la empresa y fueron perseguidas y obligadas por la Guardia Civil a subir a los autobuses. Otras, según testimonios directos publicados el año pasado, subieron bajo amenaza de no percibir sus salarios si no aceptaban regresar a Marruecos ese día, ya que el dinero se les entregaría en el puerto de salida, a medida que fueran embarcando.
“La Policía es mía”, en entredicho la actuación de la Guardia Civil en el ‘caso Doñana 1998’
Diez de ellas lograron escapar, y a día de hoy permanecen en España a la espera de resoluciones firmes por parte de la Justicia Española. De momento, los juzgados 1 y 3 de La Palma del Condado han decretado el archivo provisional de las causas abiertas (delitos contra los derechos de los trabajadores y delitos de índole sexual) tras la denuncias presentadas por las 10 mujeres, bautizadas en las redes sociales como Temporeras contra la esclavitud.
La situación legal de las Temporeras contra la esclavitud, como publicaba el pasado 14 de abril The Guardian, permanece en trámites. En declaraciones al prestigioso diario británico, las diez mujeres denuncian que las autoridades españolas “han hecho caso omiso a la situación en la que se encuentran”, convirtiendo sus vidas “en una ruina”.
Ambos juzgados de La Palma, decretaron el archivo provisional de las dos causas abiertas contra la empresa Doñana 1998 sin haber llegado a tomar declaración a las denunciantes, como admite la propia jueza en su auto. La magistrada reconoce no haber escuchado el testimonio de las denunciantes, que intentó una vez con una de ellas, produciéndose un fallo técnico en los equipos audiovisuales del juzgado que interrumpió la declaración. Hasta la fecha, no se ha producido otra toma de testimonios. Tampoco en el otro juzgado de la Palma, que lleva la causa por presuntos delitos contra la libertad sexual, en el que ni siquiera se ha intentado la toma de declaración por videoconferencia.
La semana pasada el gobierno otorgó a las Temporeras contra la esclavitud visas de trabajo temporal por «motivos humanitarios», lo que -de momento- les permitirá trabajar legalmente para mantenerse económicamente hasta que se resuelvan definitivamente los contenciosos judiciales.
En 2019, la denuncia presentada por las cuatro trabajadoras de Las Posadillas reabre el debate y las dudas sobre las condiciones en que las mujeres marroquíes contratadas en origen pasan su estancia en España durante la recogida de frutos rojos, y los protocolos y actuaciones comprometidas por los agentes sociales implicados para evitar que se produzcan situaciones que nada indica que sean generalizadas en el sector agrícola onubense, pero que desvelan que aún no se ha hecho todo lo necesario por evitarlas.
Tras tener conocimiento de la denuncia presentada ante la Policía Nacional en nombre de las cuatro trabajadoras marroquíes, La Mar de Onuba se puso en contacto con la empresa Las Posadillas, en una de cuyas fincas estaban asignadas las denunciantes. Por vía telefónica, la empresa declinó hacer declaraciones, y pidió a esta revista que se pusiera en contacto con Interfresa, el lobby patronal del sector de los frutos rojos a la que Las Posadillas está asociada.
Las cuatro denunciantes desconocen los protocolos para la defensa de sus derechos sociales y laborales durante su estancia en España.
Como recuerdan desde el colectivo Mujeres24h, la administraciones públicas se comprometieron el año pasado, y así lo ratificó la actual Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, en rueda de prensa, a establecer los medios y protocolos que garanticen que todas y cada una de las mujeres contratadas en origen conocen, antes de comenzar su trabajo, las condiciones de sus contratos y las prestaciones que los empresarios están obligados a facilitarles. Para ello se editarían un vídeo explicativo y folletos en árabe.
Tanto el vídeo como los folletos especificarían los teléfonos habilitados por el Estado Español para solicitar ayuda y la activación de los protocolos pertinentes, especialmente los relacionados con la posible comisión de delitos contra la libertad sexual. Ninguna de las trabajadoras contratadas en origen con las que ha podido hablar La Mar de Onuba ha visto el vídeo o los folletos. La propia Subdelegación del Gobierno en Huelva desconocía ayer si desde los ministerios correspondientes se han elaborado y distribuidos.
La entidad aceptó desde el minuto uno a colaborar con esta redacción para poder elaborar la información. Su presidente, Pedro Marín, ha asegura que cuando tuvieron conocimiento, a través de La Mar de Onuba, de la denuncia presentada por las trabajadoras de Las Posadillas, activaron un protocolo interno para la averiguación de los hechos. Asimismo, ha asegurado que si constatan la veracidad de la denuncia, actuarán con “el máximo rigor y todas las consecuencias para la empresa denunciada".
Marín también ha manifestado tener conocimiento de que el pasado viernes se produjo una visita de la Inspección de Trabajo, sin que la empresa haya facilitado a la interprofesional información sobre el resultado de la misma, o copia del acta levantada por los inspectores, que puedan compartir.
El presidente de Interfresa ha mostrado su preocupación por el daño que el conocimiento de este nuevo caso de denuncias por explotación laboral y acoso sexual pueda hacer a la buena imagen del sector, que mueve cada año cientos de millones de euros y da trabajo a alrededor de cien mil personas durante la recolecta.
En ese sentido, Marín asegura que desde Interfresa se han puesto en marcha este año diversos protocolos de actuación para detectar y atajar posibles situaciones de abuso, así como medidas para informar a las mujeres marroquíes de sus derechos y de los recursos para reclamarlos cuando los consideren conculcados.
El Prelsi, el plan al que se refiere Marín, es de carácter "voluntario", y las empresas adheridas a la Interprofesional no están obligadas a a ponerlo en marcha en sus empresas. Esa voluntariedad, "aporta aún más significado al gesto", según el presidente de Interfresa. Contiene medidas de carácter preventivo y organizativo. Está estructurado en tres pilares fundamentales: selección de puestos intermedios y superiores, formación profesional para cargos intermedios y la creación de la figura del consultor de integración, "la más importante del plan".
Marín asegura que se ha procedido a la formación y contratación de hasta 12 consultores de integración, para la asistencia directa de las más de 10,000 mujeres y 500 mandos intermedios que este año participan en la recolecta de sus empresas asociadas.
Respecto de la información que deben recibir las trabajadoras a su llegada España, Marín lamenta que las administraciones no han cumplido con lo acordado el año pasado, y que no se han elaborado los vídeos y folletos en árabe que entonces se propusieron para que las mujeres marroquíes conozcan tanto las condiciones de contrato y alojamiento, como las vías para denunciar, de forma rápida y efectiva, posibles "incidencias".
Interfresa ha facilitado a esta redacción información sobre las medidas que la interprofesional asegura haber tomado, de forma unilateral, para garantizar que las trabajadoras conocen toda la información que necesitan para su entrada en España. Entre ellas unos carteles explicativos que deben ser instalados en los módulos de alojamiento.
Solas en la oscuridad: denuncias, vídeos inquietantes, archivos provisionales y la condición humana
Después de leer el artículo, como siempre en estos casos existe la complicidad de otra persona del mismo lugar de origen. De una manera u otra, la administración siempre sabe estas cosas y se hacen los tontos a no ser que ya exista denuncia, pero de oficio no actúan. Si cualquiera de esta mujeres hubiese dicho por allí algo de que apoya el terrorismo fundamentalista, al día siguiente tiene a la guardia civil por allí, porque se habían enterado con seguridad, pero por explotación de esta manera es otra cosa, algo normal parece ser. En estos casos existe una mafia que tiene cooperadores hasta dentro de la administración, porque este «jefe Antonio», seguro que lleva ya años haciendo esto. Se corre la voz rápido y se sabe como es la situación.