El propietario de la finca se jactaba de tener controlados a los agentes de la Benemérita.
Agentes del Cuerpo rodearon la finca y persiguieron a trabajadoras que se negaban al traslado repentino a su país.
Matos utilizó una lista que solo conocía la Benemérita para «seleccionar» a las trabajadoras obligadas a abandonar la finca ese día.
El agente S78937W, que atendió a las denunciantes, se negó a escribir las palabras abuso y acoso en los atestados, y optó por "insinuaciones sexuales". Recriminado por la abogada, le preguntó en tono amenazante “¿a quién cree que va a creer el Juez, a Vd. o a mí?”
Recriminado por la abogada, le preguntó en tono amenazante “¿a quién cree que va a creer el Juez, a Vd. o a mí?”
Lunes, 27 de agosto de 2018. La actuación de la Guardia Civil en el «caso Doñana 1998» es uno de los temas que tendrá que esclarecer la Audiencia Nacional si, finalmente, la Fiscalía no se opone al que el juez Pedraz investigue un presunto delito de trata de personas, amparado por el Acuerdo para la Contratación en origen suscrito entre los reinos de España y Marruecos.
Agentes del cuerpo, como acreditan imágenes y diversas grabaciones a las que ha tenido acceso La Mar de Onuba, colaboraron activamente con la empresa almonteña en la repentina e improvisada devolución de más de cien trabajadoras de la finca en la mañana del pasado 3 de junio de este año. Ese domingo, más de un centenar de mujeres tenía decidido presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo al día siguiente, y, de hecho, habían dejado constancia de dicha intención, con nombres, apellidos y número de pasaporte, en una denuncia presentada en el cuartel de la Benemérita de Almonte por los abogados de Ausaj.
Por eso no pasó desapercibido para los letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia que los propietarios de Doñana 1998 fueran llamando, listado en mano y una por una a esas ciento una trabajadoras, y las conminaran a subirse a los autobuses que las llevarían ese mismo día de regreso a Algeciras, y desde allí en ferry a Marruecos. Hasta ese momento la lista de las denunciantes solo la conocían ellas mismas, los abogados de Ausaj y la propia Guardia Civil. Los hermanos Mato dispusieron el pago de los haberes debidos en el mismo puerto de Algeciras, de modo que aquellas que se negaran a embarcar se quedarían sin cobrar sus salarios.
El relato de lo sucedido a partir de ese momento, contado a La Mar de Onuba por testigos presenciales, resulta estremecedor.
“Nos llevó a Algeciras. Nos metió a la fuerza en el coche. Nos amenazó con llamar a la Policía”
Según estos testigos, la finca Doñana 1998 amaneció ese domingo día «con todos sus accesos de entrada y salida cerrados con cadenas y candados», y «rodeada por la Guardia Civil». Las trabajadoras cuentan que los propietarios les anunciaron que iban a ser devueltas a Marruecos esa mañana, y que fueran preparando sus cosas para abandonar la finca, ya que sus contratos finalizaban ese mismo día. La mayoría de las afectadas había firmado un contrato que finalizaba el 31 de julio, y estaban convencidas de que aún les quedaban dos meses más de trabajo (y salario) en España.
Aun a regañadientes, muchas de las trabajadoras comenzaron a subir a los autobuses. Otras, sin embargo se negaron y comenzaron a abandonar la finca por la entrada principal, la única que estaba abierta, aunque custodiada por agentes de la Benemérita. Los agentes trataron de impedir la «fuga» y llegaron a perseguir y obligar a regresar a algunas de ellas. Otras lograron escapar y ocultarse de los agentes. Así consta en el relato por el que el juez Santiago Pedraz ha decidido incoar diligencias desde la Audiencia Nacional.
«La Guardia Civil nos persiguió pero hemos podido escapar»
Y otras buscaron la forma de escapar por otras partes del recinto.
Lo que estaba sucediendo llegó a oídos del abogado de Ausaj Jesús Díaz Formoso, y del sindicalista del SAT José Antonio Brazo Regalado, quien se personó en el juzgado en Huelva para denunciar lo que consideraron un «secuestro» de las trabajadoras por parte de Doñana 1998, con la colaboración de la Guardia Civil. También tuvo conocimiento La Mar de Onuba, cuya redacción trasladó telefónicamente a la Benemérita los datos que tenía sobre lo que estaba pasando en la finca almonteña. Poco menos de una hora después, un testigo presencial comunicó a esta revista que la propia Guardia Civil había hecho regresar a uno de los autobuses que ya circulaba en dirección a Algeciras, extremo que nunca fue confirmado ni desmentido a esta revista por el Cuerpo.
Al final, sólo 10 de las temporeras lograron quedarse en España. Son las que permanecen en una casa de acogida facilitada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores en una localidad de Málaga y han denunciado ante la Audiencia Nacional. La denuncia está siendo dirigida por la abogada Belen Luján, de Ausaj. Esta entidad sin ánimo de lucro es la que lleva la representación legal de las temporeras, aunque, erróneamente, algunos medios atribuyen esa labor desinteresada al Sindicato Andaluz de Trabajadores, y más en concreto a la abogada Pastora Filigrana, que ha concedido varias entrevistas en las que se ha pronunciado sobre el caso. Aunque el SAT está ayudando a las temporeras, a las que ha facilitado una vivienda en Málaga y recursos para su día a día, las denuncias y la representación legal nada tienen que ver con el sindicato.
Más audios: “Algunas han conseguido escapar y están siendo perseguidas por la Policía
«INSINUACIONES SEXUALES» O «¿A QUIÉN VA CREER EL JUEZ, A VD. O A MÍ?»
Fuentes consultadas por La Mar de Onuba aseguran que la actuación de la Guardia Civil el 3 de junio en los aledaños de la finca Doñana 1998 responde a los propios acuerdos suscritos entre España y Marruecos en 2001, según los cuales, los trabajadores contratados «en origen» obtienen un permiso de residencia en España condicionado a sus contratos de trabajo. Según esta interpretación, cuando las empresas deciden dar por finalizados los contratos, los permisos quedan anulados y están obligados a regresar a su país. Evitar permanencias ilegales sería la función de la Benemérita en esas situaciones. En cualquier caso, lo que los letrados de Ausaj no logran entender es cómo los propietarios de la finca accedieron al listado de las trabajadoras que iban a denunciar el lunes 4 ante la Inspección de Trabajo, pues, como se ha apuntado anteriormente, este sólo estaba en poder los propios abogados y de la Guardia Civil.
No es la única actuación de los agentes de la Benémerita que queda en entredicho en la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional.
Según consta en la demanda que tramita Santiago Pedraz, dos días antes, viernes 1 de junio, los abogados de Ausaj comparecieron «a primerísima hora de la tarde» para denunciar a la empresa Doñana 1998 ante la Guardia Civil de Almonte. «Desde un primer momento«, dice el texto de la denuncia, «notamos suma desconfianza ante nuestro intento de denunciar. Finalmente, se nos atiende y mientras que la letrado Sra. Luján comparece en forma para documentar la denuncia, Oscar Reina y Jesús Diaz Formoso, acompañados de la trabajadora y varios agentes acuden a la finca. En ese momento se produce una manifestación espontánea de las trabajadoras, quejándose de su situación, diciendo “Doñana no” y se les entrega el listado con más de cien nombres de personas que querían denunciar».
«La Guardia Civil«, continúa el texto, «dice comprobar que el perímetro de la finca y en el que están los contenedores donde habitan las mujeres tiene varias salidas, sin percibir que realmente la finca está preparada para poder encerrar a las mujeres, como así sucede (los vallados están abiertos, pero enroscados). Esto hace que parezca que nuestra denuncia no merece crédito e insistiendo, porque así era su voluntad, se consigue que ya tarde –en torno a las 10 de la noche- se reciba declaración a Doña D, a quien no se le facilita medio alguno para la efectividad de su declaración, llegando a declarar en francés, lengua que no domina, ya que la situación era o se aceptaba hacerlo así o se tenía que volver el lunes. (…) Incluso el intérprete tuvo que ser una persona que nos acompañaba, de origen africano, pero no hablante de árabe, que sí que hablaba francés, no siendo tampoco su lengua materna». Y añade: «Adviértase que los letrados intentaban transmitir las condiciones de encierro y de explotación que se nos transmitía hasta ese momento, desconociendo cualquier connotación sexual hasta el domingo mismo».
Aquel 3 de junio, cuatro de las trabajadoras que habían logrado «escapar» manifestaron, además, haber sido víctimas de acoso y abusos sexuales por parte de los responsables de Doñana 1998. Unos hechos que los abogados de Ausaj deciden poner en inmediato conocimiento de la Guardia Civil, en el Puesto de El Rocío. El texto que sigue es copia literal de la denuncia registrada en la Audiencia Nacional:
Las trabajadoras marroquíes de la finca llegan a confeccionar una lista con más de 100 nombres que pretenden denunciar las lamentables e ilícitas condiciones en las que se encuentran.
En las 48 horas siguientes la situación se recrudece, siendo que primeramente se intenta por parte de los denunciados convencer a las trabajadoras para que no denuncien mediante prebendas y compensaciones económicas y, después, cuando fracasan, mediante la fuerza y la coacción, amedrentando a las trabajadoras todo el tiempo con frases del tipo “la Policía es mía”.
Llegados al domingo, se va desvelando la naturaleza de la situación, cuando las trabajadoras que permanecen en la finca empiezan por la mañana a enviar mensajes vía WhatsApp al teléfono de Doña D en el que pedían auxilio. Y la misma empieza a revelarse en toda su crudeza durante las declaraciones ante la Guardia Civil, Puesto de El Rocío (Huelva), que esa noche del día 3 de junio prestan Doña J, Doña I, Doña H y Doña G,. Las declaraciones en cuanto a su contenido, a ellas nos remitimos, pero lo más relevante son las condiciones en que las mismas se produjeron.
El agente actuante, TIP num. S78937W, mantuvo desde el primero una postura de resistencia, de oposición frontal hacia las denunciantes y especialmente frente a la letrada actuante, la que hoy autoriza este escrito, doña Belén Luján. Nunca antes la letrado en sus dieciocho años de ejercicio ha visto un comportamiento tal. El agente lo primero que hizo fue preguntar a la letrado si estaba grabando el acto, a lo que, sorprendida, obviamente se respondió que no, por profesionalidad (ni se nos había pasado por la cabeza).
Siendo sinceros, a posteriori solo cabe pensar qué lástima no haberlo hecho, pues es imposible describir con el detalle necesario el despropósito que resultó todo aquello: las declaraciones hubo que romperlas enteras, pues lo reflejado por el agente era totalmente distinto a lo manifestado por las denunciantes. Se empeñó en calificar de “insinuaciones” los hechos, cuando se estaban desvelando verdaderas agresiones sexuales y se intentaban poner en su conocimiento hechos de suma gravedad, como el intento de expulsión por la fuerza de trabajadoras o la explotación de toda índole sufrida, pero el agente se negó. Cualquier palabra de esas declaraciones hubo que discutirla, hasta el límite que la declaración de la cuarta persona, Doña J, no quería en un principio ni tomarse. Se llegó a insultar a la letrado con expresiones del tipo “caradura”, y ello después de que el agente no formulaba ni una sola pregunta con un poco de sentido (todo era buscar exculpar al denunciado y a la empresa), y cuando se le recriminó su actuación se le gritó en varias ocasiones a la letrado y se le amenazó con que “a quien cree que va a creer el Juez, a Vd. o a mí”. Tras una fuerte discusión entre la letrado y el agente en la puerta misma del cuartel, a la vista del resto de agentes y de todos los presentes, el agente actuante aceptó recibir declaración a Doña J.
La Mar de Onuba ha solicitado -por escrito, y verbalmente el pasado jueves día 23 de agosto en conversación directa con la Subdelegada en Huelva, Manuela Parralo- una valoración del Gobierno sobre la actuación de la Guardia Civil denunciada por las temporeras de Doñana 1998 y los abogados de Ausaj. Parralo declinó hacer declaración alguna y se limitó a manifestar a este redactor que si los hechos están denunciados ante el juzgado, «el Gobierno no tiene nada que decir».
El «caso Doñana 1998» estalló el pasado 1 de junio, cuando un grupo de mujeres marroquíes contratadas en origen por la empresa almonteña iniciaron una «revuelta» para exigir el cumplimiento de lo acordado en sus contratos. La manifestación y posteriores denuncias tuvieron lugar dos semanas después de que La Mar de Onuba diera cobertura en España al artículo Rape in the fields publicado por Pascale Mueller y Stefania Prandi en Corrective y BuzzFeed News, en el que las periodistas expusieron su investigación, realizada durante los años 2016 y 2017, sobre la situación laboral y personal de las mujeres jornaleras en campos de España, Italia y Marruecos.
A raíz de aquella publicación se desató una auténtica tormenta informativa, liderada por esta revista, que culminó con varias detenciones y el compromiso explícito del Gobierno, la Junta de Andalucía, las patronales agrícolas y los sindicatos de implementar medidas que garanticen la seguridad personal y el cumplimiento de las condiciones de contrato de las temporeras marroquíes. Por su parte, la patronal Freshuelva defiende que los graves hechos sucedidos son «casos aislados», y que la difusión periodística de los mismos responde a una campaña orquestada desde «países del centro de Europa» para desprestigiar a la fresa onubense en el mercado internacional.
