Luces y sombras de los fondos Next Generation

«La mayoría de las propuestas para grandes proyectos que ahora están en el Plan tendrán impactos ambientales y climáticos», denuncian desde el ODG.

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por Nicola Scherer (ODG)

 

Revista La MareaNos encontramos en un momento clave: el Congreso votó el pasado 28 de enero la convalidación del Real Decreto Ley 36/2020 sobre cómo se gestionarán los billonarios fondos europeos, conocidos con el nombre Next Generation EU.

Esta decisión abre un proceso parlamentario más amplio y con un debate democrático negado hasta la fecha, donde la sociedad civil organizada tendrá que poner sobre la mesa sus propuestas y subrallar los riesgos que ha detectado, pero hará falta mucha presión social e incidencia para ser escuchadas. El Real Decreto Ley ha sido criticado por actoras como la plataforma ciudadana Open Generation EU, el Observatori del Deute en la GlobalitzacióEcologistas en Acción u OMAL, entre otras.

El decretazo apenas menciona garantías de transparencia y acceso a la información, deja demasiadas incógnitas sobre cómo actores más pequeños podrán acceder a estos fondos y define herramientas y mecanismos fiscalizadores insuficientes en aras de la ‘urgencia’ mientras flexibiliza el acceso para grandes empresas y relaja la normativa en contratación pública.

La importancia de los fondos Next Generation EU, que movilizarán 750.000 millones de euros en los próximos tres años, es indiscutible. El objetivo del es la transformación de las economías de los Estados miembros –que arrastraban una situación de respiración asistida desde la crisis de 2008–, y la recuperación económica después de los impactos generados por la pandemia de la COVID-19. La Comisión Europea aprovecha el momento para financiar una transformación y modernización de las industrias y economías, como ya estaba previsto en el Pacto Verde Europeo, indicando que esta transformación será en clave ‘verde y digital’: el 37% de los fondos deberán ir la transición verde y el 20% a la digitalización.

En estas claves, el gobierno de Pedro Sánchez presentará en las próximas semanas el esquema definitivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” con el cual aspira a conseguir 140.000 millones de euros. El Plan deberá ser aprobado por la Comisión Europea para recibir los primeros fondos de financiación a finales del año 2021. De estos, 72.000 millones de euros serán subvenciones (a fondo perdido) y 68.000 millones de euros serán prestamos. Nunca jamás en la historia del país y de Europa se ha ejecutado un paquete de estimulo económico tan grande y en tan poco tiempo (70% se tiene que gastar entre 2021 a 2022).

Sin embargo, el Next Generation EU y su gestión, tal como se esta llevando hasta ahora, conlleva riesgos y hace dudar si realmente puede transformar la economía para que sea más verde y más resiliente en el futuro. El debate del Congreso ha puesto en evidencia el problema de que sean las grandes empresas las que se queden con una gran parte del pastel, mientras que el sector público, las pequeñas y medianas empresas (las PYMEs), las trabajadoras autónomas y la economía social y solidaria encontrarán barreras burocráticas que impedirán su acceso a los fondos. Son las que más han sufrido la crisis, y al mismo tiempo son actores principales de nuestro tejido económico y los que más puestos de trabajo crean.

Hasta la fecha, las propuestas que hay sobre la mesa se caracterizan por ser grandes proyectos, grandes empresas y grandes inversiones. Son proyectos de infraestructuras y reformas de enormes dimensiones, donde empresas como Endesa o Repsol se llevarán miles de millones de dinero público. En esta linea, se ha puesto en duda la idoniedad de la nueva figura mixta publico-privada que crea el Real Decreto Ley, los llamados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs). Esta fórmula va más allá si cabe en riesgos para lo público que las ya conocidas colaboraciones publico-privadas de las cuales Castor es un excelente ejemplo.

Existe también un claro riesgo de sobreendeuamiento de la economía y de las arcas publicas y mucho se hahablado en el Congreso sobre las condiciones que Bruselas pedirá a cambio de estos suculentos fondos. Para financiar su paquete de estímulo económico, la Unión Europea emitirá bonos, es decir deuda mutualizada, donde los riesgos serán compartidos entre los estados miembro. En los próximos 5 a 30 años, la Unión Europea deberá devolver el dinero a los mercados financieros y, por tanto, deberá haber percibido ese dinero de los Estados, muy probablemente aplicando medidas de austeridad.

En este sentido, los fondos europeos, las subvenciones, no son gratuitas; vienen con condiciones. Cuando se reactive el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los techos de déficit, es muy probable que nos espere una nueva ola de reformas estructurales y recortes en gastos públicos. De hecho, el debate público actual sobre la reforma laboral del PP y la reforma del sistema de pensiones, va muy en la línea de las políticas de privatizaciones y de austeridad que ya hemos vivido y sufrido tras la última crisis financiera de 2008.

Sin embargo, en el debate del pasado jueves, poco se habló sobre las lecciones que nos ha ofrecido pandemia o del riesgo de empeorar la crisis ecológica y climática. La mayoría de las propuestas para grandes proyectos que ahora están en el Plan tendrán impactos ambientales y climáticos, pero también impactos graves sobre los territorios y las poblaciones locales. Estos proyectos pueden entrar en los planes de recuperación gracias a un lavado de cara verde descarado. Los que ganan son las grandes empresas contaminantes, como pueden ser Naturgy, Iberdrola, Endesa y Repsol.

Sin duda, los criterios de elegibilidad, las listas de exclusión, las condicionalidades, la taxonomía, el principio de “no causar daño significativo” y cualquier elemento que determine qué es verde o qué es climático y qué no lo es, será clave para afrontar la emergencia climática.

La pandemia ha subrayado más aún si cabe la importancia de la inversión en salud y en los trabajos de cuidados, remarcando cuál es actividad socialmente necesaria y cuál no lo es. La dedicación de los fondos Next Generation EU debe estar centrada en proveer de estos recursos, solo así será posible transformar nuestra economía para que sea más verde, inclusiva, justa y resiliente.


Nicola Scherer es investigadora del Observatorio del Deute en la Globalització en temas de financiarización, deuda y colaboraciones público-privadas.

Riesgos y propuestas ante el Next Generation EU

En julio de 2020, la Comisión Europea (CE) anunció el paquete de estímulo económico más grande de la historia de la Unión Europea. Para reforzar el presupuesto plurianual 2021-2027, que estará dotado con 1,074 billones de euros, la CE decidió crear un fondo para la recuperación económica: el Next Generation EU (NGEU), que movilizará 750.000 millones de euros en los tres próximos años (2021 a 2023). De estos fondos, 390.000 millones de euros se transferirán como subvenciones a los Estados miembros, es decir a fondo perdido, y 360.000 millones de euros se destinarán a préstamos. En total, estas dos herramientas de financiación europea representan unos 1,8 billones de euros en ayudas para la recuperación de la economía europea.

El objetivo del fondo Next Generation EU es la transformación de las economías de los Estados miembros -que arrastraban una situación de respiración asistida desde la crisis de 2008-, y la recuperación económica después de los impactos generados por la pandemia de la COVID-19. La Comisión Europea aprovecha el momento para financiar una transformación y modernización de las industrias y economías, como ya estaba previsto en el Pacto Verde Europeo, indicando que esta transformación será en clave ‘verde y digital’: el 37% de los fondos deberán ir la transición verde y el 20% a la digitalización.

Entre los diferentes instrumentos del Next Generation EU, el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) es el más importante con diferencia porque está dotado con el 90% del presupuesto total. El Estado español e Italia son los países que más fondos recibirán, hasta el 40% del total, y la mayor parte de estos fondos, el 70%, se deberán ejecutar entre 2021 y 2022.

El Gobierno de Pedro Sánchez presentará en las próximas semanas el plan definitivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” que deberá ser aprobado por la Comisión Europea para recibir los primeros fondos de financiación a finales del año 2021.

Riesgos de los fondos europeos Next Generation EU

  1. Sobre-endeudamiento

Para financiar el paquete de estímulo económico, la UE emitirá bonos, es decir deuda mutualizada, donde los riesgos serán compartidos entre los estados miembro. En los próximos 5 a 30 años, la Unión Europea deberá devolver el dinero a los mercados financieros y, por tanto, deberá haber percibido ese dinero de los estados, muy probablemente aplicando medidas de austeridad.

En este sentido, los fondos europeos, las subvenciones, no son gratuitas; vienen con condiciones. Cuando se reactive el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los techos de déficit, es muy probable que nos espere una nueva ola de reformas estructurales y recortes en gastos públicos. De hecho, el debate público actual sobre la reforma del sistema de pensiones, va muy en la línea de las políticas de privatizaciones y de austeridad que ya hemos vivido y sufrido tras la última crisis financiera de 2008.

  1. Reparto del dinero – que las grandes empresas se queden con los fondos

Hasta ahora las propuestas sobre la mesa se caracterizan por ser grandes proyectos, grandes empresas y grandes inversiones. Son proyectos de infraestructuras y reformas de gran dimensión, donde empresas como Endesa o Repsol se llevarán miles de millones de dinero público.

Vemos con preocupación que la tendencia de otorgar con urgencia, facilitar y flexibilizar el uso y el acceso de grandes empresas a los fondos Next Generation EU se materializa también en el Real Decreto Ley 36/2020, que hoy, jueves 28 de enero de 2021, está previsto que se convalide el Congreso.

Los fondos europeos deberían ir hacia el sector público, las pequeñas y medianas empresas (las PYMEs), las trabajadoras autónomas y la economía social y solidaria. Son las que más han sufrido la crisis, y al mismo tiempo son actores principales de nuestro tejido económico y los que más puestos de trabajo crean. Son, además, los que tienen más potencial de transformar nuestra economía actual hacia una economía más verde, justa, inclusiva y, especialmente, más resiliente.

  1. No apuntan a las lecciones de la pandemia y pueden ser un lavado de cara verde (Greenwashing)

La mayoría de las propuestas para grandes proyectos que ahora están sobre la mesa, tendrán impactos ambientales y climáticos, pero también impactos graves sobre los territorios y las poblaciones locales. Estos proyectos pueden entrar en los planes de recuperación gracias a un lavado de cara verde descarado. Los que ganan son las grandes empresas contaminantes, como pueden ser Naturgy, Iberdrola, Endesa y Repsol.

Sin duda, los criterios de elegibilidad, las listas de exclusión, las condicionalidades, la taxonomía, el principio de “no causar daño significativo” y cualquier elemento que determine qué es verde o qué es climático y qué no lo es, será clave para afrontar la emergencia climática.

La pandemia ha subrayado más aún si cabe la importancia de la inversión en salud y en los trabajos de cuidados, la actividad socialmente necesaria y la que no lo es. La dedicación de los fondos de recuperación debería estar centrada en proveer de estos recursos.

PROPUESTAS concretas y viables a corto, medio y largo plazo para

una recuperación económica en clave de transformación ecosocial

1. Transparencia y el acceso a la información son una prioridad en democracia. Todos los procesos de otorgamiento, gestión y justificación de los fondos públicos del NGEU deben ser públicos, anteponiendo el interés público a criterios comerciales. Asimismo, se deben garantizar -y no relajar-, los mecanismos de supervisión de la gestión y uso, como proponemos desde la plataforma ciudadana Open Generation EU.

2. Buscar financiación alternativa al endeudamiento

El Gobierno debería considerar la posibilidad de financiar la recuperación a través de otros mecanismos, no sólo a través de los mecanismos del NGEU. Se pueden conseguir fondos alternativos a través de una fiscalidad justa e impuestos especiales como la tasa COVID o la tasa Google, impuestos a las grandes fortunas, sobre los beneficios extraordinarios que algunas empresas han obtenido durante la pandemia, etc.

3. Apoyo público para proyectos y empresas sociales

El NGEU debería suponer, en primer lugar, un apoyo público para que proyectos y empresas públicas y del ámbito social puedan acceder a los fondos de recuperación y conseguir el salto de escala que permita realmente crear trabajos de calidad y avanzar hacia nuevos modelos económicos y sociales. En este sentido se deberían priorizar las ayudas al sector público, a las personas autónomas, las PYMEs, la Economía Social y Solidaria, y aquellas empresas con una actividad que contribuya a una transición ecológica justa.

4. Alinear el NGEU con objetivos climáticos, ecológicos y de justicia social

El NGEU debe responder a una planificación estratégica con un horizonte claro de transición verde y justa y evitar que se financie la transición de grandes empresas, como las energéticas fósiles, y evitar el lavado de cara verde. Para ello se necesitan criterios que deben incluir metas e indicadores que muestren contribuciones medibles a los objetivos nacionales y de la UE en materia de eficiencia energética y climática.

5. Promover la desprivatización y desmercantilización de servicios básicos

El NGEU debería promover la desprivatización y desmercantilización de servicios básicos y sectores estratégicos para recuperar la gestión, las decisiones y el control público y social sobre elementos básicos como la educación, la salud, la vivienda, la energía, las telecomunicaciones, el agua, el transporte público y los servicios sociales. El NGEU debería fortalecer los modelos públicos o públicos-comunitarios y evitar las colaboraciones público-privadas -denominadas PERTEs en el RDL del Plan de Recuperación y Resiliencia-, que a menudo sirven los intereses privados y no al interés público, facilitando los casos de corrupción, sobrecostes, o socialización de pérdidas en diversos sectores. Consideramos este punto clave para construir un sistema de protección y una economía más resiliente para el futuro.


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