La ONU va a investigar el genocidio de los rohinyás en Birmania

La líder birmana Aung San Suu Kyi y el general Min Aung Hlaing en una foto de archivo

Por primera vez en su historia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado, el 27 de septiembre de 2018, la creación de un organismo encargado de reunir pruebas que puedan ser utilizadas ante los tribunales, de los crímenes cometidos en Birmania contra los rohinyás desde 2011. Esta decisión debe ser aprobada ahora en la Asamblea General de la ONU que, como todos los años, se está celebrando estos días en Nueva York.

La resolución, que era una propuesta de la Unión Europea (UE) y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), y que ya han aplaudido Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), consiguió 35 votos favorables de los 47 países que componen el Consejo; tres votaron en contra – China, Filipinas y Burundi- y se abstuvieron Cuba y Venezuela.

La resolución es consecuencia del informe hecho público a finales de agosto, por la Misión de la ONU encargada de establecer los hechos acaecidos en Birmania, en el que los investigadores pedían que fuera la justicia internacional la que se encargara de juzgar a los cinco generales  birmanos más importantes, incluido el comandante en jefe del ejército Min Aung Hlaing, por “genocidio en el norte del estado de Rakhine, así como por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en los estados de Rakhine, Kachin y Shan”. Para ello, pedían que el Consejo de Seguridad requiriera al Tribunal Penal Internacional (TPI) la creación de un tribunal especial para este caso, y recomendaba sanciones para los autores de los crímenes y un embargo de armas internacional para Birmania.

La resolución aprobada por el Consejo decide también prolongar el mandato de la Misión  y “crear un mecanismo independiente permanente para reunir, consolidar, preservar y analizar las pruebas de los crímenes internacionales más graves y las violaciones del derecho internacional cometidas en Birmania desde 2011”.

La represión birmana, un país de mayoría budista, de la minoría musulmana rohinyá –ciudadanos sin categoría alguna, carentes de documentos de identidad, con discriminación educativa y laboral- se saldó en 2017 con una cadena interminable de persecuciones, agresiones, violaciones, incendios de pueblos y aldeas, etc., que la ONU  calificó de “limpieza étnica” y fueron cometidos por el ejército birmano, y un balance final de más de 700 000 rohinyás huidos al vecino Bangladesh.

En nombre de la Unión Europea, Elisabeth Tichy-Fisslberger, embajadora en la ONU de Austria, país que preside este semestre la UE, declaró que “a menos que se combata rápidamente la impunidad, podrían repetirse oleadas de violencia y atrocidades similares, que tendrían consecuencias aun más devastadoras a nivel nacional y regional”.

A mediados de este mes de septiembre, el TPI anunció que iniciaba un examen preliminar sobre «la presunta deportación de rohinyás a Bangladesh», como primera etapa de un proceso que puede llevar a una investigación formal del tribunal con sede en La Haya, y a la posterior formulación de acusaciones nominales precisas.

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