La ministra Yolanda Díaz acertó: sancionadas siete de cada diez explotaciones agrícolas inspeccionadas desde mayo de 2020

Las principales patronales agrarias del país (y el PP) reaccionaron en tromba y de forma airada el pasado mes de mayo, cuando se filtró a los medios que la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), había ordenado iniciar una campaña de inspecciones en el entorno agrícola. La decisión no ha sentado nada bien en las patronales agrícolas. Organizaciones como Asaja, COAG o UPA criticaron duramente la decisión de la Ministra de investigar y buscar posibles casos de explotación laboral en el sector. Y hasta hubo algún líder patronal que -aunque luego pidió perdón- llegó a amenazar con “sacar los tractores a la carretera” si Díaz no retiraba la orden de inspeccionar las relaciones laborales en las explotaciones agrarias españolas.

En Huelva, el lobby patronal Interfresa, aseguró es un duro comunicado que la instrucción dada por el Ministerio de Trabajo a la ITSS "estigmatiza y extrapola una imagen errónea del sector y se le pide explicaciones a la ministra sobre el contenido de dicha instrucción en donde -según los propios medios- se transmiten directrices a los inspectores de Trabajo para que persigan las supuestas condiciones de “esclavitud laboral o prácticas similares” o «malos tratos» en las campañas agrícolas de mayo y junio».

El protocolo de actuación y diseñado por el gabinete de la ministra incluyó un cuestionario para detectar «supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales». Algunas de las preguntas eran las siguientes: ¿Ha firmado contrato de trabajo? ¿En qué idioma? ¿Qué jornada de trabajo realiza? ¿A qué hora comienza a trabajar? ¿Cuándo finaliza? ¿Ficha o registra a su jornada de alguna forma? ¿Se prolonga la jornada habitualmente, haciendo horas extraordinarias? ¿Trabaja de noche o en festivos? ¿Cuál es la cuantía de su salario diario? ¿Se paga por jornal o a destajo? ¿Se le exige recoger un número determinado de cajas? En caso de realizar horas extraordinarias ¿estas se abonan? ¿En qué cuantía? ¿Se detraen cantidades en concepto alojamiento, manutención u otros? ¿Disponen de una persona de contacto en la empresa que les permita comunicarse de manera fluida con manijeros encargados y otros responsables? ¿Existe representación de los trabajadores en la empresa? ¿Comité o delegados de personal? ¿Incluso un enlace designado de forma informal? ¿Cuál es la forma en la que se desplaza al trabajo? ¿Utiliza vehículo propio o colectivo? ¿La empresa le abona el gasto por dicho desplazamiento? En caso de ser transportado con medios de la empresa ¿esta cobra algo por prestar este servicio? En el caso de las empresas de servicios ETT ¿Quién es el empleador? ¿Quién paga los salarios? ¿Hay un intermediario que percibe parte de la remuneración de los trabajos por su labor de intermediación?

También se implementaron herramientas para detectar, en especial, «casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a esclavitud, a la servidumbre.

La campaña de la la ITSS también fue recibida como un “ataque” por la Junta de Andalucía, desde la que se reprochó a la ministra que proyectara «la sombra de duda» sobre uno de los motores básicos de la economía española. En ese sentido se manifestaron el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo”. También descalificaron  la iniciativa la senadora onubense de Ciudadanos, María Ponce, y el diputado popular por Huelva y alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, quien llegó a aventar oscuras maniobras revolucionarias y de inspiración bolivariana tras las inspecciones de la ITSS.

Por contra, y desde el lado de los trabajadores, el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha dio la bienvenida a la campaña ordenada por la ministra Díaz, que calificó como  “una oportunidad para que salgan a la luz prácticas empresariales que han venido gozando de impunidad». La campaña de inspecciones ordenada por Yolanda Díaz en mayo del pasado año 2020, ha detectado infracciones en siete de cada diez empresas agrícolas inspeccionadas.