Julian Assange quiere denunciar al gobierno de Ecuador por “violar sus derechos”

Refugiado desde hace seis años en la embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange, australiano de 47 años fundador de Wikileaks, quiere acusar  al gobierno de Quito de “violar sus derechos fundamentales y su libertad” y de hacerle vivir “una situación inhumana”, según una información publicada este fin de semana en varios diarios internacionales.

En un comunicado, Wikileaks, organización especializada en fugas informativas, anuncia que será el ex juez español Baltasar Garzón, quien se encarga de la defensa de Assange en las varias causas que tiene abiertas, fundamentalmente en Estados Unidos, y que le obligaron a buscar refugio en 2012 en la embajada de Ecuador para evitar ser extraditado a Suecia (donde se  le perseguía por violación, una causa que se sobreseyó en mayo de 2017), quien se encargue también de su querella contra el gobierno ecuatoriano.

Al mismo tiempo, Baltasar Garzón celebró una rueda de prensa el jueves 18 de octubre de 2018 en Ambato (Ecuador), donde explicó que hace siete meses que ese país amenazó con retirar a Assange la protección que disfrutaba y le cortó la comunicación con el mundo exterior, impidiéndole acceder a Internet: “No es una situación cómoda, es una situación inhumana. Tarda en llegar una solución que ya debería  haberse encontrado entre Ecuador, Gran Bretaña y Estados Unidos”.

En marzo pasado, el gobierno ecuatoriano anunció que había cortado los sistemas de comunicación con el exterior de Assange porque “había faltado a su compromiso escrito de no publicar mensajes que pudieran ser una injerencia en la relación de Ecuador con otros estados”, al publicar una serie de tuits en los que denunciaba la situación del independentista catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica, o las  sanciones británicas contra Rusia por el caso de envenenamiento del agente Skripal y su hija.

Sobre Julian Assange pesa todavía la amenaza de extradición a Estados Unidos por la publicación en 2010 de cientos de miles de documentos diplomáticos y secretos militares, y la negativa de la justicia británica a retirar su orden de arresto por no respetar en 2012 las condiciones de  la  “libertad con fianza” y refugiarse en la embajada ecuatoriana.

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