Jordi Vaquer: “La amenaza del supremacismo blanco y la violencia de la extrema derecha es algo que no nos estamos tomando lo suficientemente en serio”

Jordi Vaquer, director regional para Europa de la Open Society Foundations y codirector de la Iniciativa para una Sociedad Abierta en Europa. (Miquel Coll)
por Linda A. Thompson

Según la Red Europea contra el Racismo (ENAR), con demasiada frecuencia las víctimas de los delitos de carácter racista en Europa no logran que se haga justicia. Un nuevo informe de esta organización con sede en Bruselas revela que las fuerzas de seguridad en Europa suelen gestionar mal los delitos de odio de carácter racista, ya que infravaloran los delitos de odio, no toman en cuenta el elemento del prejuicio o desestiman las denuncias. Los delitos de odio se dan cuando una víctima se convierte en objetivo debido a su origen étnico, religión, discapacidad, sexo u orientación sexual.

Para Jordi Vaquer, director regional para Europa de la Open Society Foundations y codirector de la Iniciativa para una Sociedad Abierta en Europa, estos vacíos legales deberían analizarse en el marco de un ataque más amplio a los valores fundacionales de la Unión Europea que actualmente se está dando en diversos países del continente. Fundada por el multimillonario George Soros, nacido en Hungría y residente en Estados Unidos, la Open Society Foundations es una organización filantrópica que promueve la democracia y los derechos humanos en más de 120 países del mundo.

Recientemente, Equal Times entrevistó a Jordi Vaquer para debatir sobre la gestión inadecuada de los delitos de odio y sobre qué podemos hacer para contrarrestar los ataques a los valores que son la base del proyecto europeo desde 1992, cuando se firmó el Tratado de Maastricht para fundar la Unión Europea; es decir, “la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas que pertenecen a minorías”.

El reciente Informe Paralelo de la ENAR para 2014-2018 sobre delitos racistas y racismo institucional en Europa reveló que las formas sutiles de racismo en el sistema judicial penal provocan un “vacío legal”, debido al cual un número considerable de delitos de odio no se tratan como tales. ¿Cuáles son las principales consecuencias derivadas del hecho de que tantos delitos de odio queden impunes?

Primero, se traduce en un sentimiento de impunidad, por lo que mucha gente se convierte en un blanco fácil. Por ejemplo, si agredes a una persona de origen gitano en algunas zonas de Europa suroccidental, la probabilidad de que acabes rindiendo cuentas por dicha agresión es menor que si agredes a una persona de la población mayoritaria. [Este vacío legal] también rompe los vínculos de confianza entre las comunidades y las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y las instituciones públicas. Dichas comunidades sienten que existe un doble rasero y que algunos delitos se castigan menos. En tercer lugar, también estamos observando que el lenguaje de la justicia racial se está pervirtiendo.

Las leyes relacionadas con los delitos de odio y las de protección contra el lenguaje del odio se crearon porque algunos grupos son estructuralmente vulnerables, están marginados y la sociedad les discrimina. Si a esto le das la vuelta y dices: ‘¡Pero también hay lenguaje del odio contra los blancos!’, estás pervirtiendo totalmente esa idea y socavando y desvirtuando todo el sistema de protección.

Varios grupos de la sociedad civil han hecho hincapié en el aumento del número de los delitos de odio que se han cometido en los últimos años. En Italia, por ejemplo, las agresiones contra los migrantes se cuadruplicaron en un período de un año entre 2017 y 2018 y los delitos de odio contra las personas transexuales en Reino Unido se triplicaron entre 2013 y 2018. ¿A qué cree que se debe dicho aumento?

El lenguaje del odio, los discursos despectivos [por parte de los políticos] y su relativización de las agresiones raciales han creado un contexto que hace que los delitos de odio sean más probables. También existen graves deficiencias en la aplicación de las regulaciones contra los delitos de odio. Los fiscales de muchos países de Europa ni siquiera saben cómo aplicar dichas leyes adecuadamente; la policía ni siquiera sabe cómo registrar las agresiones cuando se dan. Además, en algunos países está prohibido registrar datos raciales o étnicos, por lo que resulta incluso más difícil [denunciar los delitos de odio], lo cual a su vez crea espacios de impunidad. El tercer factor es el evidente deterioro del discurso público sobre estos temas, lleno de alterización y estereotipos de los grupos raciales y étnicos, gran parte de lo cual se da en las plataformas de las redes sociales.

¿Cómo ha afectado este clima a Open Society Foundations? El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha vilipendiado en numerosas ocasiones a George Soros, el presidente y fundador de Open Society.

[Nota del editor: Soros, que es judío, ha sido el objetivo de una campaña generalizada de teorías conspirativas antisemitas promovidas por aquellos que consideran su apoyo a asuntos como los derechos humanos, la democracia liberal, los medios de comunicación libres y los refugiados como un intento de establecer un ‘nuevo orden mundial’].

Lo más grave que ha sucedido fue cuando enviaron un paquete bomba a nuestro presidente George Soros, en Estados Unidos. También han enviado cartas a nuestra oficina llenas de amenazas. Pero lo más preocupante es cuando estas cosas suceden por asociación, es decir, a los beneficiarios o supuestos beneficiarios de la Open Society Foundations. Las consecuencias son duras e incluyen graves amenazas con acusaciones como: ‘Estáis promoviendo que los musulmanes invadan Europa’ o ‘estás ayudando a que lleguen los inmigrantes y lo haces porque George Soros te paga’. Estas cartas están llenas del típico lenguaje antisemita.

¿Qué opina de la relación entre los delitos de odio y los cada vez más frecuentes ataques al Estado de derecho y la democracia? Polonia, por ejemplo, ha intentado obligar a jubilarse al 40% de los jueces del Tribunal Supremo, mientras que Orbán ha intentado amordazar a los medios de comunicación independientes en Hungría y ha expulsado del país a la Universidad Central Europea, fundada por Soros. Asimismo, cabe destacar el auge de los movimientos y personajes nacionalistas, populistas y anti-inmigrantes en países como Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia. ¿Están relacionados todos estos fenómenos?

Claramente. Cuando Matteo Salvini [del partido Liga Norte de extrema derecha] era Ministro del Interior en Italia, los grupos fascistas sentían que gozaban de cierto nivel de impunidad y, por ejemplo, salían a intimidar a familias gitanas en Roma.

En la zona oriental de Polonia, los participantes de una contramanifestación de la extrema derecha atacaron con violencia la marcha del Orgullo LGTB en Białystok el pasado verano. La policía local no protegió a los manifestantes de la marcha del Orgullo, a los que los miembros de la extrema derecha golpearon, humillaron y persiguieron. Y no se trata de incidentes aislados; son grupos que se sienten empoderados porque el gobierno o los legisladores de la oposición están difundiendo y legitimando sus discursos y su visión del mundo. Además, algunos de estos gobiernos tienen una relación diferente con las fuerzas de seguridad que otros partidos.

¿Qué quiere decir con “una relación diferente”?

[Estos políticos] tienden a glorificar el papel de las fuerzas armadas y la policía. En Badalona, en España, un alcalde creó una unidad especial para utilizarla en los desahucios de familias migrantes. La creación de dicha unidad especial y todo el lenguaje que utilizaron generaron una profunda sensación de impunidad entre las fuerzas policiales locales, lo que a su vez se convirtió en una excusa para condonar las formas más flagrantes de racismo institucional en sus prácticas policiales.

Resumiendo, tenemos el discurso público que empodera a estos grupos y una relación problemática con las fuerzas policiales. Si a esto le sumamos el hecho de que en Polonia y Hungría se está socavando la independencia del poder judicial y que dichos gobiernos están aplicando medidas sumamente discriminatorias para abordar el tema de los refugiados, ya tenemos más razones para preocuparnos. Porque los abusos se están dando y además se está debilitando la supervisión de dichos abusos por parte de los jueces, lo cual reduce la posibilidad de obtener asistencia jurídica cuando están violando tus derechos.

¿Qué cree que podemos hacer para contrarrestar esta radicalización del discurso público y estos ataques al Estado de derecho y la democracia?

Nuestros servicios secretos, fuerzas policiales, medios de comunicación y políticos no se han tomado lo suficientemente en serio la amenaza del supremacismo blanco ni la violencia de la extrema derecha. La premisa ha sido que la violencia y el terrorismo suelen originarse en determinados grupos religiosos, en especial los musulmanes, y que los grupos de migrantes constituyen una mayor amenaza para la seguridad que las comunidades locales. Por tanto, debemos replantearnos muy seriamente dónde se origina la violencia. En segundo lugar necesitamos una mejor aplicación de la legislación contra la discriminación por parte de los fiscales, como ya he explicado anteriormente. Y por último, la baja tasa de denuncias de los delitos de odio constituye un problema estructural que debe resolverse institucionalmente.

Asimismo tenemos que confrontar directamente los discursos de odio de los políticos y la normalización de las declaraciones racistas en los medios de comunicación. Por ejemplo, en el sur de Europa, un político puede decir que el repunte en las infecciones de VIH/SIDA es culpa de los migrantes. Este tipo de discursos discriminatorios no suele refutarse. Los periodistas no hacen preguntas al respecto. ‘¿Es cierto? ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué indican los datos?’.

¿Cómo cree que la nueva Comisión Europea responderá ante el aumento de los delitos de odio contra las minorías religiosas, étnicas y sexuales?

Mire, si me pregunta qué me preocupa, no es la Comisión. No quiero que la gente en el movimiento progresista y antirracista haga grandes esfuerzos para lograr una diferencia ínfima en la Comisión o el Parlamento cuando ya sabemos dónde reside el verdadero problema: en los Estados miembros. Polonia y Hungría son ejemplos claros, pero el gobierno de Estonia también incluye a un partido muy problemático [nota del editor: el partido EKRE de extrema derecha] al igual que Italia hasta hace poco. Hoy en día tenemos gobiernos que están dirigidos o condicionados por fuerzas que cuestionan temas de igualdad que, en principio, ya se habían acordado previamente, fuerzas que están socavando los valores fundamentales de la Unión Europea, incluidos los que luchan contra la discriminación. Y no solo se trata de la discriminación étnica y racial, sino también de la discriminación de género y del colectivo LGBT.


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