Izquierda Unida lleva al Congreso de los Diputados la situación de las trabajadoras marroquíes en el campo onubense

La diputada Isabel Salud pregunta al Gobierno si piensa tomar medidas ante las “situaciones dramáticas que afirman soportar las trabajadoras migratorias de los campos de fresas de Huelva”.

En un comunicado conjunto, organizaciones patronales y sindicatos piden la intervención de la Fiscalía y manifiestan su preocupación porque casos aislados transmitan una imagen generalizada de explotación laboral y abusos.

Los artículos publicados por Correctiv.org y BuzzFeed News y recogidos por La Mar de Onuba al respecto de casos de explotación laboral y abusos sexuales sobre trabajadoras marroquíes en el campo onubense durante la campaña de la fresa llega al Congreso de los Diputados.

La diputada de Ezker Anitza Izquierda Isabel Salud, encuadrada en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, ha registrado una pregunta ante la Mesa de la Cámara Baja,  a la que ha tenido acceso esta redacción, en la que inquiere al Gobierno sobre la información que pueda tener sobre los hechos relatados por las periodistas Pascale Mueller y Stefania Prandi, que se corresponden con otros de corte similar recogidos por otros medios de comunicación en los últimos años, entre ellos la televisión francesa France 5 CNC o El País.

Salud, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados expone que “la prensa de Huelva”, en referencia a La Mar de Onuba, “se ha hecho eco de un reportaje de la revista alemana ‘Correctiv’ realizado en los campos de fresa de Huelva y en el que se describen situaciones dramáticas de las trabajadoras procedentes de Marruecos que trabajan en dichos campos. Así, además de denunciar condiciones insalubres en los alojamientos, las mujeres trabajadoras afirman ser hostigadas, violadas, chantajeadas, agredidas físicamente o insultadas por los supervisores de los campos de fresas”.

“Además”, prosigue la petición registrada por la diputada de Izquierda Unida, “según la publicación alemana, el número de abortos es elevado en la zona y la mayoría de las mujeres que interrumpen su embarazo son trabajadoras migratorias de los campos de fresas obligadas a tener relaciones sexuales. Así, en los municipios onubenses de Palos de la Frontera y Moguer, hubo 185 abortos en 2016 de los cuales el 90% se correspondían con trabajadoras inmigrantes del campo”.

Por este motivo, Isabel Salud, pregunta “¿Qué datos tiene el Gobierno sobre violaciones a mujeres y abortos en los campos de fresas de Huelva?”. También si hay “algún tipo de investigación abierta sobre la supuesta explotación laboral y sexual de trabajadoras inmigrantes en el campo onubense”, y por último “¿qué medidas piensa tomar el Gobierno ante las situaciones dramáticas que afirman soportar las trabajadoras migratorias de los campos de fresas de Huelva?”.

El escrito fue presentado el lunes de esta misma semana, y está pendiente de que la Mesa del Congreso le dé el curso correspondiente para que sea atendido por el Gobierno.

PREOCUPACIÓN DE PATRONAL Y SINDICATOS POR LA IMAGEN EXTERIOR DEL CAMPO ONUBENSE

Las informaciones publicadas por correctiv.org y Buzzfeed News y recogidas por La Mar de Onuba también han preocupado a la patronal fresera y los sindicatos onubenses, que este martes emitieron un comunicado conjunto, que se reproduce a continuación:

ASAJA, UPA, FRESHUELVA, UGT, CCOO, Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva y Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa) quieren manifestar lo siguiente:

1. No tener constancia de ninguna denuncia ni procedimiento judicial en curso de unos supuestos abusos sexuales en campos de fresas. El no contar con datos concretos nos imposibilita la actuación desde estas organizaciones.
2. De haberse tenido conocimiento de cualquier delito de esta índole, nuestras organizaciones habría sido las primeras en ponerlo en conocimiento de las autoridades, denunciándolas, ya que sobre estos temas tenemos tolerancia cero.
3. La Guardia Civil, con la colaboración de todas nuestras organizaciones, tiene el dispositivo EDATI (Equipos de Atención al Inmigrante) durante los meses de campaña. Este dispositivo está dedicado a la atención del inmigrante, velar por el cumplimiento de la normativa que regula la contratación laboral, facilitar su estancia en suelo nacional y promover su integración, así como servir de enlace con cualquier institución implicada en el tema. Por ello es este dispositivo el encargado de velar por el cumplimiento de la Ley y quién vela por que cualquier delito relacionado con sus funciones no se produzca y de investigarlo en caso de existir sospechas de ello.
4. No podemos aceptar por ello que se generalice a todo un sector lo que, evidentemente, causa un daño al conjunto de personas, trabajadores, productores, comercializadores, transportistas que lo componen. Y que compite en el mercado con las fresas de otros países.
5. El contenido que está circulando por internet como las reproducciones que se han dado en otros medios y redes sociales se van a presentar ante la Fiscalía para que inicie, si así lo considera, una investigación de oficio para saber con certeza lo que de verdad hay en los textos editados y luego reproducidos.

SENTENCIA CONDENATORIA

Los artículos publicados en las informaciones de correctiv.org y Buzzfed News incluyen testimonios recogidos durante la investigación desarrollada por Pascale Mueller y Stefania Prandi, en los que las personas entrevistadas aseguran haber sufrido episodios de explotación laboral y, en algunos casos, de abusos sexuales y hasta violación por parte de parte de sus superiores. También hablan del miedo a denunciar por parte de las afectadas, contratadas en origen al amparo de los acuerdos suscritos entre los gobiernos de España y Marruecos, que temen no volver a ser contratadas en próximas temporadas agrícolas por ser consideradas “conflictivas” al exponer sus casos.

Las periodistas se hacen eco también de una sentencia (142/2014 de 24 abril), en la que Audiencia Provincial de Huelva condena con penas de cinco meses de prisión a tres ciudadanos españoles por delitos contra la Integridad Moral de 25 trabajadoras, y a uno de ellos, por tres delitos de acoso sexual a tres trabajadoras, a otra pena de cinco meses por cada de uno de los delitos.

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