La Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia denuncia «presuntos delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad».
El juez Santiago Pedraz pide a la Guardia Civil y a los juzgados 1 y 3 de La Palma del Condado que le informen de las actuaciones realizadas, que un escrito registrado en la Audiencia describe como «tremendamente alarmante actuación policial y judicial».
El juez quiere conocer los hechos recogidos en la notitia criminis por la que abre el procedimiento, en la que se aportan denuncias, testimonios, vídeos y grabaciones de audios, así como artículos publicados por La Mar de Onuba, Confidencial Andaluz y otros medios nacionales e internacionales que se han hecho eco de las irregularidades en la contratación en origen de las trabajadoras marroquíes y las situaciones vividas por las denunciantes.
Lunes, 13 de agosto de 2018. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha notificado en un auto fechado el 6 de agosto al que ha tenido acceso en exclusiva La Mar de Onuba, la apertura de diligencias por los hechos contenidos en una denuncia presentada por los letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj) contra la empresa almonteña Doñana 1998 y sus propietarios, así como «contra cuantas personas, físicas y jurídicas, puedan ser responsables penales o civiles por los hechos que se relatan y que se irán determinando a lo largo del procedimiento».
La denuncia se interpone en nombre de diez trabajadoras de la finca, bajo dirección de doña Belén Lujan Sáez, colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Albacete. La suma de hechos contenidos en el escrito constituye, «en nuestro leal entender», dicen los letrados de Ausaj, «presuntos delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad, tipificados respectivamente, en los artículos 177 bis y 607 bis del Codigo Penal, considerándose que corresponde la competencia a Audiencia Nacional, según doctrina que se desprende de las SAN de 19 de abril de 2005 (Caso Scilingo), y SSTS de 8 de marzo y 15 de noviembre de 2004, entre otras, a las que expresamente nos remitimos».
Los hechos denunciados se recogen en un extenso punto PRIMERO del texto, en el que se describe al detalle y se cuestiona la legalidad del modelo de contratación en origen acordado entre España y Marruecos, se revela la alta desprotección y vulnerabilidad de las temporeras durante su estancia en España, y se concreta la presunta comisión de delitos contra el contingente de mujeres marroquíes destinado a la empresa Doñana 1998 en la pasada temporada de recogida de fresas. Entre ellos, flagrantes incumplimientos de las condiciones ofrecidas a las trabajadoras a través de Anapec (la agencia gubernamental de Marruecos que gestiona la selección y contratación de los contigentes de mujeres), que derivan en casos de explotación laboral, graves carencias en el alojamiento y limitación de la capacidad deambulatoria de las trabajadoras, y hasta delitos contra salud de las mismas (una de ellas, como informó y documentó en su momento La Mar de Onuba, padeció parotiditis (paperas) -una enfermedad altamente contagiosa y que puede producir infertilidad entre quienes la padecen- sin recibir la asistencia adecuada, y sin que tomaran medidas de protección para el resto del contingente de trabajadores de la finca).
En el caso de una decena de ellas, refieren además, graves acosos de índole sexual, incluida la presunta violación de una de las mujeres marroquíes. «Así, por ejemplo«, dice el texto que obra en poder esta redacción, «la Sra. J habla de que [uno de los propietarios de Doñana 1998] llega en una de las ocasiones a llevársela engañada en su coche, buscando una zona apartada donde acometió el forzarla, consiguiendo penetrarla por la vagina con los dedos«.
«Tremendamente alarmante actuación policial y judicial»
En el apartado SEGUNDO del texto, registrado hace unos días por el procurador Francisco Sánchez Chacón, también se pone en conocimiento de la Audiencia Nacional algunas actuaciones de los juzgados de Huelva y La Palma del Condado y de la Guardia Civil de la localidad que los letrados describen como «tremendamente alarmante actuación policial y judicial«.
Según el relato de los abogados de Ausaj, poner en conocimiento de las autoridades la situación de las trabajadoras de Doñana 1998 fue «un periplo digno de una epopeya«, debido a una serie de incompresibles impedimentos y actitudes por parte de funcionarios de los juzgados y de la Benemérita», que los letrados denuncian por entender que derivan en «la más absoluta desprotección de las víctimas, y agudiza insólita y gravemente su situación«.
Los abogados se refieren a los hechos sucedidos entre el 1 y el 3 del pasado mes de junio. En esa fecha la finca había sido el escenario de una polémica protesta de un grupo de trabajadoras llegadas en abril, a las que se les había notificado que el contrato que habían suscrito hasta el 31 de julio quedaba sin efecto, y que pasado el fin de semana iban a ser devueltas a Marruecos. Casi dos meses antes de la fecha acordada para venir a España. Muchas de esas trabajadoras habían expresado su intención de interponer una denuncia ante de que los propietarios, haciendo uso de las prerrogativas que el acuerdo entre España y Marruecos parece otorgar a los empresarios, les obligaran a embarcar de regreso a su país.
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Así, el 1 de junio, el abogado Jesús Diaz Formoso, presidente de Ausaj, intentó comparecer ante el Juzgado de Guardia de Huelva, tras salir del servicio de urgencias médicas en el que una de las trabajadoras había sido atendida. Sin embargo, según el relato del letrado, el registro del juzgado de Huelva declinó dar entrada a la denuncia, «por considerar lo apropiado que se haga ante el competente territorialmente (L a Palma del Condado), dada la ubicación de la finca». El texto asegura que el propio de Juzgado de Huelva anunció telefónicamente al de la Palma que Formoso iba a ir ese mismo día a registrar su demanda. pero cuando el abogado, que habitualmente ejerce en A Coruña, llegó al Juzgado de la La Palma, «y siendo las 2 y un minuto, se les dice que no se le toma la denuncia, que vuelvan el lunes. Ni esa tarde, ni en los dos días siguientes; el lunes, cuando las trabajadoras que querían denunciar ya no iban a estar«.
El problema radicaba, precisamente, en que «el lunes» las trabajadoras que pretendían reclamar ante la Justicia ya no estarían en España. A no ser que, ante la gravedad de los hechos, el propio juzgado paralizara la devolución a Marruecos de las afectadas; esta posibilidad, una vez que los funcionarios se negaran a dar entrada la denuncia, quedaba descartada, al menos judicialmente.
Más rocambolesca, si cabe, es la presunta actuación de los agentes de la Guardia Civil que se relata en la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por la que el juez Pedraz ha decidido incoar diligencias, cuyo relato se explicará con detalle en próximos artículos de La Mar de Onuba, y en el que cabe destacar, por ejemplo, que una de las denunciantes fue obligada a declara asistida por una intérprete de francés, idioma que apenas domina.
«Nunca antes la letrado (Belén Luján), en sus dieciocho años de ejercicio, ha visto un comportamiento tal«, dice el texto de la denuncia. «El agente lo primero que hizo fue preguntar a la letrado si estaba grabando el acto, a lo que, sorprendida, obviamente se respondió que no, por profesionalidad (ni se nos había pasado por la cabeza). Siendo sinceros, y a posteriori, sólo cabe pensar que lástima no haberlo hecho, pues es imposible describir con el detalle necesario el despropósito que resultó todo aquello: las declaraciones hubo que romperlas enteras, pues lo reflejado por el agente era totalmente distinto a lo manifestado por las denunciantes. Se empeñó en calificar de “insinuaciones” los hechos cuando se estaban desvelando verdaderas agresiones sexuales, y se intentaban poner en su conocimiento hechos de suma gravedad, como el intento de expulsión por la fuerza de trabajadoras, o la explotación de toda índole sufrida, pero el agente se negó. Cualquier palabra de esas declaraciones hubo que discutirla, hasta el límite que la declaración de la cuarta persona, Doña J, no quería en un principio ni tomarse. Se llegó a insultar a la letrado con expresiones del tipo “caradura”, y ello después de que el agente no formulaba ni una sola pregunta con un poco de sentido (todo era buscar exculpar al denunciado y a la empresa), y cuando se le recriminó su actuación se le gritó en varias ocasiones a la letrado y se le amenazó con que “a quién cree que va a creer el Juez, a Vd. o a mí”. Tras una fuerte discusión entre la letrado y el agente en la puerta misma del cuartel, a la vista del resto de agentes y de todos los presentes, el agente actuante aceptó recibir declaración a Doña J.»
También se refiere la actuación de la Brigada Central de la Unidad de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional. La denuncia ante la AN asegura que «ante la falta de respuesta judicial, y tras tener un conocimiento exacto de los hechos (piénsese, por ejemplo, que las declaraciones de El Rocío se produjeron sin que hubiere mediado palabra entre la abogado y las denunciantes y que las dificultades idiomáticas han condicionado hasta el extremo la relación con las clientes), advertidos de la presunta comisión de delitos de trata de personas y de lesa humanidad, los abogados que autorizan este escrito han intentado poner todos los hechos en conocimiento de la UCRIF, por considerarlo el cauce más adecuado a la situación, sobre todo teniendo en cuenta los mecanismos que prevén los Protocolos de actuación en prevención de la trata de personas. Todos nuestros intentos han resultado vanos, rechazándose nuestra petición de formular denuncia ante ellos por parte de los miembros de la UCRIF HUELVA, a los que nos derivó por parte de Brigada Central, por considerar que no podían hacerlo ante la existencia de las actuaciones judiciales (dato que se les puso de manifiesto a los agentes desde el primer momento)«.
«El rechazo de la denuncia«, prosigue el texto, «se ha producido a pesar de manifestar encarecidamente a los agentes que los hechos que se pretendían denunciar ante la Brigada Central de UCRIF pueden constituir presuntos delitos de trata de seres humanos e incluso de lesa humanidad, tipificados, respectivamente en los artículos 177 bis y 607 bis del Código Penal. El rechazo se ha producido sin querer ver siquiera las declaraciones que ahora ponemos a disposición del órgano jurisdiccional al que tenemos el honor de dirigirnos y advirtiendo a los inspectores con quien se ha podido hablar que las declaraciones ante la Guardia Civil NO contienen todos los hechos que se pretende denunciar, NI abarca a todas las personas que quieren hacerlo, siendo que los hechos no pudieron reflejarse en ese momento por los problemas que la barrera idiomática ha supuesto en todo este asunto, y por el miedo y la desconfianza que las denunciantes sentían en aquél momento. Pero SOBRE TODO, los hechos no pudieron esclarecerse con mayor profundidad ni se pudieron de alguna forma evitar (se pudo evitar la expulsión) ni se pudo llevar a cabo una denuncia completa porque desde el primer momento hemos encontrado una especial resistencia a ello por parte de los agentes de la Guardia Civil intervinientes (cada uno con un estilo diferente, hasta llegar al despropósito continuo de las declaraciones habidas en la noche del día 3 de junio) como de los órganos judiciales a los que desde un primer momento se acudió. En este orden de cosas, se formuló por un miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores una denuncia el mismo domingo día 3 ante los Juzgados de Huelva en las que se relataba sucintamente la aberración de lo que pasaba en la finca ese domingo y ni siquiera se sabe cuál haya sido el paradero de la denuncia«.
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La suma de hechos contenidos en el escrito constituyen para los letrados de Ausaj «presuntos delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad, tipificados respectivamente, en los artículos 177 bis y 607 bis del Codigo Penal, considerándose que corresponde la competencia a Audiencia Nacional, según doctrina que se desprende de las SAN de 19 de abril de 2005 (Caso Scilingo), y SSTS de 8 de marzo y 15 de noviembre de 2004, entre otras, a las que expresamente nos remitimos«.
Por último, el texto por el que el Juez Pedraz ha decidido incoar diligencias, también afirma que «no puede considerarse que los hechos aquí relatados constituyan un hecho aislado, ya que desde 2001 hacia acá ha sido una cuestión recurrente en la prensa, apareciendo múltiples noticias sobre la cuestión con anterioridad al articulo de las periodistas alemanas, publicado en Corrective.org en mayo de 2018, que tanta polémica suscitó«. Se refiere al artículo Rape in the fields, firmado por la periodista alemana Pascale Muller y la italiana Stefanía Prandi, que resumía la investigación desarrollada durante dos para Corrective sobre la situación de las mujeres jornaleras en campos de, Italia y Marruecos, y que tras ser difundido en España por La Mar de Onuba y Confidencial Andaluz dio pie a la fuerte polémica que ha protagonizado la última campaña de recogida de fresas en Huelva. Stefania Prandi ha recogido todo ese trabajo en el libro Oro Rosso, que la periodista presentara el próximo 4 de septiembre en el EuroParlamento, invitada por el el grupo de los Socialistas y Demócratas europeos.
Cuando se conoció, la patronal Interfresa aseguró en un comunicado que se estaban «aprovechando» algunas informaciones, «todavía no confirmadas por actuación judicial o policial», para favorecer «una campaña de desprestigio generalizada que se viene gestando desde otros países también productores para perjudicar la importante actividad del sector en Huelva». Interfresa aseguró haber pedido a la Fiscalía de Huelva que investigara «con urgencia» los posibles casos de abusos sexuales contra trabajadoras temporeras de la campaña de la fresa. La Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza pedía también a la Fiscalía, en representación del potente sector onubense, conocer cuántas denuncias hay realmente interpuestas por unos supuestos abusos que «un medio alemán» desvelaba en una información publicada en el mes de mayo. El reportaje de Prandi y Muller alertaba de que la mayoría de las víctimas no denuncian.
Sin embargo, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, reconoció en el Parlamento, días antes de que estallara el caso de Doñana 1998, que la Junta tenía conocimiento de hechos como los relatados por Muller y Prandi, y anunció que su consejería había remitido a la Fiscalía información relevante, sobre «posibles casos de abusos». Solo unos días después, y como consecuencia de esa información (y otras aportadas por el periodista de El Español Andros Lozano), se produjeron varias detenciones. Aguilar también reveló la intención de la Junta de informar al Gobierno de España de «una situación de tanta trascendencia que precisa de la colaboración institucional».
Este mes de Agosto, y como respuesta a la denuncia presentada por los letrados de la Asociación de usuarios de la Administración de Justicia, el juez Santiago Pedraz ha decidido valorar la gravedad de los hechos y abrir diligencias en la Audiencia Nacional por los hechos sucedidos en la empresa Doñana 1998 y sus derivados. Un auto llamado a tener transcendencia en un momento en el que la asociaciones de agricultores de la fresa han reclamado del Gobierno de Pedro Sánchez mejoras sustanciales en el modelo de contratación en origen de trabajadoras marroquíes. Y en el que están pendientes de implementar los acuerdos alcanzados ante la Consejera Rosa Aguilar por la patronal de la fresa, los sindicatos y las ONG, para mejorar las condiciones laborales y de estancia en España de las temporeras, medidas de control y verificación de los convenios y contratos, y protocolos de protección y asistencia ante eventuales casos de violencia machista.
Santiago Pedraz es uno de los jueces más conocidos de la Audiencia Nacional por haber instruido algunas de las causas más importantes desde hace más de una década. Entre ellas el asesinato en Iraq del cámara periodístico José Couso, sobre el que llegó a cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos para interrogar, como imputados, a los tres militares estadounidenses responsables del carro de combate que disparó contra el Hotel Palestina, En 2008 imputó a responsables políticos chinos por su actuación en el Tíbet, aunque tuvo que cerrar los dos casos en 2015, tras la reforma del Partido Popular en 2014 que suprimió la jurisdicción internacional por crímenes de guerra. Antes de esa reforma también viajó en 2006 a Guatemala con la intención de interrogar a los ex dictadores Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores, así como a otros cinco generales, por delitos de genocidio, terrorismo, asesinato, torturas y detenciones ilegales. En julio de 2011 admitió a trámite la primera querella a nivel mundial por feminicidio.A nivel interno, en 2005 fue, junto a Carlos Ollero y Alfonso Guevara, autor de la sentencia a treinta y tres dirigentes de Jarrai, Segi y Haika. También es responsable de causas complejas, como la estafa de Afinsa (estafa piramidal por venta de sellos) de un importe de unos 2.000 millones de euros, habiendo resultado perjudicadas unas 200.000 personas, con implicaciones en el mercado mundial y especialmente en EE. UU. Los responsables han sido condenados a penas de hasta 12 años de prisión.
Igualmente, conoce de la causa contra los anteriores gestores y Consejo de Administración del Banco de Valencia, por la irregularidades que supusieron la insolvencia de la entidad bancaria. El Banco tuvo que se intervenido con un coste para el Estado español de cerca de 5.500 millones de euros. Ha conocido también del escándalo bursátil de Gowex con cerca de 5000 inversores afectados. Recientemente incoó una causa contra Mario Conde por delitos de blanqueo, contra la hacienda y organización criminal. En 2014 investigo el caso del hijo pequeño de Jordi Pujol, Oleguer Pujol, relacionado con el Caso Pujol.
Pedraz es también el juez que ordenó detener a Miguel Bernard, cara visible de Manos Limpias, así como a Luis Pineda y otros integrantes de Ausbanc en la denominada Operación Nelson. Investiga desde 2017, a a los principales dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol, Federaciones Territoriales y organismos vinculados a ellos como la Fundación y la MUPRESFE, por el presunto enriquecimiento de estos y de terceros a costa del patrimonio de dichas asociaciones.
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