“Él viene por la tarde”: violaciones, maltrato físico y explotación laboral en los campos onubenses, el sur de Italia y Marruecos

Correctiv.org destaca que el notable aumento de abortos durante las campañas agrícolas es  un indicativo de los abusos sexuales sufridos por las trabajadoras extranjeras.

Domingo, 13 de mayo de 2018. Una investigación desarrollada por correctiv.org, la reputada organización alemana dedicada al periodismo de investigación “independiente, sin publicidad y sin ánimo de lucro” relata un auténtico infierno laboral y personal para decenas de mujeres que emigran desde el este europeo y países africanos a la Europa agrícola.

Correctiv.org ha publicado entre el 30 de abril y el 3 de mayo de este año una serie de demoledores reportajes, financiados a través de crowdfunding y con la ayuda de la Fundación suiza Volkart, en los que denuncia terrible casos de abusos sexuales, maltrato físico, condiciones laborales rayanas en la esclavitud, y una manta de silencio  patronal y administrativo que pone los pelos de punta.

El informe, realizado en colaboración con RTL Nachtjournal y Buzzfeed News, está dividido en tres extensos artículos que incluyen declaraciones de las personas afectadas, representantes sindicales y organizaciones no gubernamentales que tratan de denunciar los casos y alertar, sin mucho éxito, según correctiv.org, a las autoridades. Los artículos se centran en la región de Souss-Massa, en el Sur de Marruecos, en la Puglia Rosa italiana y en los campos de fresas y frutos rojos onubenses.

El dedicado a los campos de Huelva fue el primero de ellos y se publicó en la web de la organización el 30 de abril con el título Él viene por la tarde, firmado por Pascale Muller y Stefania Prandi.

El relato se centra en Kalima, un nombre falso con el que los periodistas intentan proteger a su protagonista, trabajadora agrícola de origen marroquí, que como otras “docenas de trabajadoras” asegura haber sido víctima de violaciones maltrato físico, hostigamiento y chantaje. “Me dijo que si no hago que él quiere, me matará”, aseguró Kalima a los dos investigadores de correctiv.org.

Kalima trabaja en una granja de fresas a pocos kilómetros de Palos de la Frontera, y describe la vida en el campo onubense como “un infierno”. Asegura que comparte una habitación con otras cinco mujeres, sin cocina y con acceso a ducha sólo una vez a la semana. No es lo peor; su mayor temor es Abdelrahman, el supervisor de su cuadrilla, precedente también de Marruecos.

«Él viene por la tarde», cuenta Kalima a los reporteros de correctiv.org, “tiene los números de teléfono de todas las mujeres y las obliga a mantener relaciones sexuales, “cada noche con una mujer. Si dices que no, te castiga en el trabajo».

Los trabajadores del campo palermo, aseguran los periodistas, llaman al asentamiento en el que se estarían produciéndolos abusos la casa de las mujeres que lloran, y afirman disponer de testimonios que coinciden en denunciar los abusos y las violaciones. También dicen que no les ha resultado fácil obtenerlos. Cuentan que hay auténtico miedo a hablar con periodistas porque el jefe de la compañía, “Juan”, es «cruel y sin corazón» y temen las consecuencias.

«Juan les grita porque hablan en árabe, a veces no les permite ducharse durante toda una semana, con temperaturas de más de 40 grados, no consiente que haya descansos, exige más y más cajas de fresas, y golpea a los trabajadores”, según los testimonios de las mujeres que han accedido a hablar con Muller y Prendi. «Es el infierno en la tierra».

Según ambos periodistas, las trabajadoras se quejan también de que el sistema judicial “apenas viene en su ayuda”. Han hablado con “docenas de trabajadores» en la región de Huelva, la mayoría de ellos marroquíes, que dicen haber sido hostigados, violados, chantajeados, maltratados físicamente o insultados por sus superiores.

Muller y Prandi también relatan que “los lugareños no quieren hablar con periodistas. La reiterada solicitud de comentarios de CORRECTIV no ha sido respondida por organizaciones comerciales regionales como Freshuelva. Tampoco por el ministerio [consejería] de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Sin embargo, aseguran que «todo el mundo ha escuchado que hay abusos, pero nadie habla de eso», y hace mención a un comunicado escrito por Pastora Cordero Zorrilla, de Comisiones Obreras. Los periodistas afirman también que las instituciones locales, los sindicatos y las organizaciones de derechos de la mujer, “niegan e ignoran el tema en las entrevistas con CORRECTIV”. Entre dichas organizaciones citan a Cruz Roja, Cáritas, y Huelva Acoge, entre otras.

LA BARRERA DEL IDIOMA A LA HORA DE DENUNCIAR

El reportaje de Correctiv.org no pasa por alto al sistema judicial, y asegura que las mujeres que han entrevistado se quejan de que no hablar español supone un freno a la hora de interponer denuncias y probar el abuso en los tribunales. Tampoco salen bien paradas las fuerzas policiales. Muller y Prandi afirman que cuando preguntaron acerca de investigaciones o estadísticas sobre violencia y abuso sexual en lo campos de fresas, un oficial de la Policía Local de Palos de la Frontera esquivó el tema asegurando que “el abuso sexual no es algo español».

La consecuencia, continúa el terrible reportaje de Correctiv.org, “es que solo unos pocos casos llegan a ser juzgados en el tribunal. Aunque sí algunos. Muller y Prandi citan el caso de Martín, Carlos Ramón y Ambrosio, que en abril de 2014 fueron condenados por «violaciones de la integridad moral y acoso sexual» a trabajadoras marroquíes que habían trabajado para ellos en 2009. La sentencia citada considera probado que Martin, Carlos Ramón y Ambrosio insultaron a las mujeres llamándolas «perras” y amenazándolas con enviarlas de regreso a su país de origen.

LA HUELLA DE LAS ESCALOFRIANTES CIFRAS DE ABORTOS

“Hay una pista más”, cuentan Muller y Prandi: “la tasa de aborto en Palos de la Frontera es muy alta, y la mayoría de las mujeres que abortan son trabajadoras extranjeras”.  El dato fue confirmado a Corrective.org por Josefa Mora Gómez, una trabajadora social que “debe aprobar cualquier solicitud de aborto que se realice allí”. Mora asegura que durante la temporada de cosecha, cuando llegan las trabajadoras extranjeras, hay un aumento considerable en las peticiones de abortos voluntarios. En 2016, la cifra alcanzó los 185 abortos en Palos y la ciudad vecina de Moguer, el 90 por ciento «solicitados por trabajadoras agrícolas marroquíes, rumanas y búlgaras». Mora sospecha que muchos abortos “podrían deberse a una violación”.

Según los investigadores de Correctiv.org, “el único sindicato que comenta este tema es el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)que en Huelva «tienen solo dos representantes», José Antonio Brazo Regalado y su esposa. “Mientras recorre las hileras de invernaderos, explican por qué, en su opinión, el abuso sexual es un tabú en Huelva”, relatan a Muller y Prandi. «Una mujer vino a nosotros llorando porque su jefe había abusado de ella. La sensación de impotencia es total. Ella no podía hacer nada. Es imposible». Lo sindicalistas del SAT aseguran que “no pueden ayudar a esas mujeres, porque dependen de que denuncien los abusos, pero están demasiado asustadas. Es un círculo vicioso. En Huelva, la explotación del trabajo agrícola raya la esclavitud, pero las autoridades, la Policía, la Inspección de Trabajo… todos, miran hacia otro lado». Además, Brazo Regalado se queja de que su sindicato no puede visitar a los trabajadores en los campos, porque si lo intenta, «los granjeros lo amenazan».

“CERTIFICADO GLOBAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”

Los productos cultivados en los campos objeto del reportaje de Correctiv.org reciben un certificado Global GAP («Buenas Prácticas Agrícolas») cuando son procesados y envasados para el consumo. Global GAP es una compañía que crea estándares que certifican productos agrícolas para su seguridad y sostenibilidad. Según la compañía, Global GAP es la certificación de seguridad alimentaria no gubernamental más utilizada en el mundo.

Correctiv.org asegura que esta compañía desconocía los hechos denunciados por la organización alemana, pero que “quiere verificar las acusaciones ahora”. «El bienestar social de los trabajadores agrícolas es uno de los contenidos más importantes de Global GAP» en los estándares desarrollados por la empresa. Las acusaciones de explotación sexual en la región de Huelva «son criminales y no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia». Según los periodistas Muller y Prandi, “Global GAP podría descubrir que los hechos denunciados suceden el seno de la cooperativa más grande de la zona, Sociedad Cooperativa Andaluz de Santa María de la Rábida», que opera bajo la marca «Fresón de Palos». En 2014, la cooperativa estaba considerada el «mayor productor de fresas de Europa». CORRECTIV asegura que ha tratado de recabar, a través de una solicitud cursada por escrito, la opinión de la cooperativa, sin obtener respuesta.

Los hechos denunciados en los reportajes de la prestigiosa organización de periodismo independiente podrían convertirse en una pesadilla alemana para los agricultores onubenses. El artículo dedicado a los campos de Palos y Moguer termina asegurando que “es probable que las fresas de los campos de Huelva, donde la explotación sexual de las mujeres es un lugar común, terminen en muchos supermercados en Alemania. Un ejemplo: CORRECTIV ha encontrado fresas de la cooperativa andaluza Santa María de la Rábida en un supermercado Lid en Renania del Norte-Westfalia».

No obstante, Correctiv.org segura que, “previa solicitud”, el Grupo certifica “la responsabilidad social y ambiental, consagrada en sus políticas corporativas”, y que sus proveedores “también están obligados a hacerlo”. «Nos desvinculamos de las violaciones a la ley laboral y humana de cualquier tipo. Si tenemos hechos concretos sobre las violaciones de estas disposiciones, hacemos seguimiento y tomamos las medidas adecuadas».

En cuanto a todas las mujeres con quienes CORRECTIV ha hablado en Italia, Marruecos y España, “situaciones como las de Kalima no mejoran al ser denunciadas a la Policía. Aunque se someten a un examen ginecológico y forense que certifican la agresión sexual como la causa de sus lesiones, “los médicos les dicen que sin pruebas, como una muestra de semen, es difícil actuar contra sus agresores”.

Kalima fue llevada a un refugio para mujeres. Después de testificar contra su violador ante la Policía, recibió amenazas de muerte, hasta que decidió regresar a Marruecos, renunciando a “la única forma de alimentar a su familia y a su esposo, postrado en la cama”. Una organización benéfica local les proporcionará verduras y harina de forma gratuita. La familia de Kalima no sabe lo que le sucedió en España. Su violador está actualmente pendiente de juicio. Los trabajadores confirmaron a CORRECTIV que a finales de septiembre de 2017, continuaba trabajando en la granja.

La investigación realizada por correctiv.org ha sido financiada por  crowdfunding.correctiv.org y la Fundación Suiza Volkart . Correctiv.org se presenta como el primer centro de periodismo de investigación en Alemania, “independiente, sin publicidad y sin ánimo de lucro”. Financia sus proyectos de periodismo de investigación centrados en descubrir los abusos del poder, la corrupción y la desigualdad. La organización trabaja con 16 periodistas de investigación y defiende la idea de que “sin medios independientes y críticos” la democracia no sobrevivirá.