El populismo y el desprecio del parlamentarismo

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por José María Rosales

 

 

El populismo, como explica Michael Freeden, no es una ideología. Aunque comparte con las ideologías su maleabilidad retórica, no puede serlo por su carácter transversal. Encontramos actitudes populistas en partidos y en individuos de todas las orientaciones ideológicas. Uno de sus rasgos es su antiparlamentarismo, que cobra especial relevancia en democracia. El antecedente más desarrollado se sitúa en los regímenes parlamentarios del periodo que va de 1918 a 1939.

Como en el populismo, hay tipos y grados de antiparlamentarismo. Para apreciarlos, los programas electorales y las intervenciones en redes sociales proporcionan una ayuda limitada. Las huellas tienen que rastrearse en el modo en que los representantes políticos usan las instituciones. Veamos por qué.

Lo que dicen las encuestas

Entre 1981 y 2015, las seis oleadas de encuestas mundiales de valores (la séptima concluye a principios de 2021) han puesto de relieve la correlación que existe entre el desarrollo de las libertades ciudadanas y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

En su método de trabajo, las encuestas incorporan y revisan de un modo notable la investigación pionera de los politólogos Gabriel Almond y Sidney Verba sobre la “cultura cívica”. Bajo este concepto de sociología política se estudian las actitudes de los ciudadanos hacia las instituciones de sus democracias.

El primer proyecto, publicado en 1963, comparaba seis casos: Estados Unidos y Gran Bretaña como “experimentos” democráticos “relativamente exitosos”, Alemania como ejemplo de cambio desde un estado autocrático, e Italia y México como países con sus “sistemas políticos en transición”.

En una línea similar, referida a las instituciones comunitarias, profundiza el Eurobarómetro. Sobre el Parlamento Europeo recoge la valoración de los electorados nacionales en su serie de los Parlemeters iniciada en 2007. Es una excepción. Pero sin series históricas para comparar la valoración de parlamentos nacionales, a pesar del trabajo de la Unión Interparlamentaria y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, con un conocimiento fragmentario se hace de la necesidad virtud.

Así, por ejemplo, un sondeo del Pew Research Center publicado en julio de 2018 medía en ocho países europeos la “desafección” hacia “instituciones tradicionales, como los parlamentos nacionales y la Unión Europea”.

Uno de sus resultados sigue dando que pensar: sólo el 16% de los españoles, la misma proporción que en Italia, decía confiar en el parlamento, frente a un 33% en Francia, un 36% en el Reino Unido, un 50% en Dinamarca, un 55% en Alemania, un 68% en los Países Bajos y un 71% en Suecia.

Se confía o se desconfía no en abstracto, sino por el uso que los representantes hacen del parlamento. Mi hipótesis es que esa desafección nos dice algo sobre antiparlamentarismo, aunque no sea posible demostrar una relación de causa y efecto. Se basa en la observación del crecimiento desde hace años de prácticas antiparlamentarias en las propias instituciones democráticas.

Lo que revelan las prácticas

Tomo el populismo como una categoría analítica. Como tal, nos permite apreciar sus rasgos en partidos y en individuos de todas las ideologías. Es decir, no sólo de los extremos, como es habitual. Lo que para unos autores (de Ernesto Laclau o Chantal Mouffe a Stéphane Hessel) es un signo revitalizador de la democracia, para otros (de Carlos Malamud a Jan-Werner Müller) es un signo de su devaluación.

En ambos casos las mismas actitudes políticas se interpretan de manera opuesta. El antiparlamentarismo es un ejemplo ilustrativo. Dichas actitudes comparten dos factores: una interpretación prejuiciada de la representación política y un mal uso de las reglas de juego parlamentario.

Lo primero supone desconsiderar el carácter del parlamento como institución representativa, que adquiere desde la segunda mitad del siglo XVIII. Los artículos sobre representación en L’Encyclopédie despejan cualquier duda. La nación no es sólo nación constitucional; es nación representada. Sin parlamento no hay nación en sentido político.

Los representantes modernos, frente a los medievales, no son designados con mandato imperativo, son elegidos con mandato representativo. Representan a toda la nación, como defendiera Emmanuel Sieyès en los debates constitucionales franceses de 1789.

El principio de la representación va indisolublemente ligado al de la responsabilidad política, y eso incomoda a populistas de uno y otro signo. Su antiparlamentarismo se traduce en la pretensión de no necesitar mediaciones representativas y ofrecerse como los auténticos representantes de la soberanía popular.

Esa identificación ficticia de representantes y gobernantes con el pueblo lleva a justificar levantar los controles representativos. En la práctica política el parlamento queda reducido a un adorno. Cuenta la comunicación directa con el electorado por redes sociales y televisión. La rueda de prensa que anuncia lo que el parlamento debería hacer, no lo que ha deliberado como cámara de representación plural.

Lo segundo es resultado de la autopercepción de impunidad política de quien bordea el límite de las reglas de juego democrático. La imparcialidad, que es la mayor virtud parlamentaria (y el parlamentarismo es en parte un modo científico de política), es exigible en grado máximo a quien preside una asamblea. La razón de su obligada imparcialidad es que desempeña una función arbitral para hacer cumplir las reglas.

Pero también es exigible a los representantes para que comprendan, como explicaba Sieyès, que una vez son elegidos, representan a la nación en su conjunto. Tanto quienes apoyan al gobierno como quienes están en la oposición representan a todo el electorado. El interés general, sostenía Edmund Burke en 1774, es el interés que debe defender el parlamento.

Formas del antiparlamentarismo

Pueden detectarse ejemplos de mala praxis al contrastarlos con los reglamentos parlamentarios sobre procedimiento y normas de conducta, que siguen desde el siglo XIX, recuerda Kari Palonen, la pauta del parlamento británico. Se observan en dos estrategias antiparlamentarias: sortear los controles parlamentarios para gobernar por decreto y transmutar los mecanismos de control al ejecutivo hasta convertir al gobierno en fiscal de la oposición.

Se observan, además, a través de tácticas que comprenden desde usar la tribuna parlamentaria de modo sectario como mitin de partido, a no responder en sentido genuino a las preguntas e interpelaciones. Asimismo, neutralizar las comisiones de investigación cuando su composición se impone por la misma mayoría que apoya al gobierno (algo permitido, aunque no obligado, en el caso español), o cultivar un lenguaje y un comportamiento públicos imparlamentarios.

¿Y los electores? Nuestras reacciones oscilan entre justificar la mala praxis y criticarla. En una zona intermedia habitan la impotencia de quienes difuminan la culpa en todas las direcciones y la actitud autocomplaciente de quienes se ven moralmente superiores a sus representantes. Ahí habría que buscar las causas de la desafección.

Sin parlamentarismo no hay democracia

Las instituciones pertenecen a los ciudadanos. Nuestros representantes las usan en nuestro nombre, con plena libertad pero sujetos al principio de la responsabilidad política. Cuando éste se atrofia por debilitarse los controles entre los poderes del estado, se abre la puerta al antiparlamentarismo.

Conformarse con un eso es lo que hay puede significar renunciar a defender la democracia, que es una necesidad, como explicara Hans Kelsen; y cabe añadir, una necesidad permanente. No la tienen otros regímenes, para desgracia de sus ciudadanos, en cuyos parlamentos no hay disenso y la unanimidad es la regla.

Pero tiene más consecuencias, pues el antiparlamentarismo, practicado por partidos e individuos de todas las ideologías, se dirige a anular a la oposición, a sofocar su papel constitucional. Este desprecio al parlamento es la cara, o el reverso, del desprecio a que en política se disienta, a que actúe una oposición que también representa a la ciudadanía.


José María Rosales, Catedrático de filosofía moral y política, Universidad de Málaga

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