El Gobierno de El Salvador autoriza la «fuerza letal» contra las pandillas dentro de las cárceles

En los últimos días, han aumentado las muertes en El Salvador y sus causas nada tienen que ver con el coronavirus. El presidente, Nayib Bukele, ha señalado que la mayor parte de las «muertes violentas» que se producen en las calles salvadoreñas son ordenadas por las pandillas desde el interior de las prisiones.

Como consecuencia, en medio de la crisis sanitaria que afecta al mundo, el dirigente ha decidido extremar las medidas dentro de las prisiones, sellando cada una de ellas. Esta decisión ha sido duramente criticada por los organismos que luchan por los derechos humanos, ya que los presos permanecerán hacinados, un hecho totalmente incompatible con las medidas de prevención para evitar la expansión del virus.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo: miembros de diferentes pandillas encarcelados, semidesnudos y hacinados, rodeados por agentes armados y con chalecos antibalas. En las fotografías, lo único que escapa del desentendimiento es que, al menos, los presos llevan mascarillas quirúrgicas como única prevención frente a la COVID-19.

Según los medios locales, las medidas de restricción impulsadas por el Gobierno de Bukele dan respuesta a las más de 50 muertes violentas que se han producido en pocos días en todos los puntos del país.

El propio presidente salvadoreño, que por primera vez se enfrenta a una tasa tan alta de presuntos asesinatos desde que llegó al poder, ha sido quien ha asegurado que estas muertes se han producido por orden directa de los miembros de las pandillas que residen en las cárceles y que se comunican con el exterior mediante señas.

Asimismo, Bukele ha autorizado a los agentes de seguridad a «utilizar la fuerza letal» para defender sus vidas y la del resto de los ciudadanos de El Salvador, considerado uno de los países más peligrosos.

“El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños” (Nayib Bukele)

DERECHOS HUMANOS Y MARCO LEGAL

La organización Human Rights Watch en América no tardó en manifestarse y calificó la decisión del presidente de utilizar violencia frente a los presos como una «carta blanca» que les permite a las autoridades acabar con la vida de los miembros de estas pandillas.

Por otro lado, abogados del país defienden que “Soldados y policías no están obligados a obedecer órdenes ilegales, por lo que yo interpreto que esa orden solo tiene sentido si se hace con un protocolo”, como ha señalado el jurista Francisco Bertrand Galindo en El Diario de Hoy.

Por su parte, el viceministro de Justicia y director general de Centros Penales AdHonorem, Osiris Luna Meza, defiende a través de su cuenta personal de Twitter que, mediante estas medidas, están defendiendo los derechos humanos de las víctimas.

«EMERGENCIA MÁXIMA» DENTRO DE LAS CÁRCELES

Dentro de las drásticas medidas anunciadas por el Gobierno, están la de sellar las cárceles y suspender cualquier tipo de contacto de los presos con el exterior, un «encierro absoluto 24 horas al día».

Además del aislamiento de los cabecillas de cada pandilla, también se ha procedido a unir a cada una de estos grupos rivales, antes separados por celdas diferenciadas.

La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador ha denunciado esta decisión, pues señala que la unión de diferentes pandillas en una misma celda «lleva un riesgo total de que haya amotinamientos o asesinatos selectivos o colectivos».

Un hecho sin precedentes en la historia del país, cuyo riesgo se ve incrementado por la pandemia del coronavirus y que muchos se aventuran a calificarlo como una guerra de poder entre Bukele y las maras.

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