Cruz Roja organizó en secreto un dispositivo especial de asistencia para las presuntas víctimas de trata rescatadas por la Operación Urofort

José Luis García-Palacios: «Los detenidos no son empresarios ni son trabajadores, ni siquiera son españoles».

Máximo hermetismo en la UCO de la Guardia Civil, tras el secreto de sumario ordenado por el Juzgado de Jaén que dirige la operación contra una red de trata de seres humanos en Huelva, Jaén, Córdoba, Badajoz y Albacete.

La dirección nacional de Cruz Roja Española coordinó, junto a la UCO de la Guardia Civil y con máximo sigilo, un operativo especial para cubrir necesidades básicas y asistencia sociosanitaria a las víctimas de la red de trata de seres humanos con fines de explotación laboral desmantelada por la Operación Urofort.

Imagen de archivo

Como adelantaba esta revista hace dos días, el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén ordenó el pasado martes una macro operación en la que -ese mismo día- se realizaron registros y detenciones en las provincias de Huelva (La Palma del Condado y Almonte), Jaén, Córdoba (Nueva Carteya), Badajoz y Albacete.

La operación de desató tras una investigación iniciada en Jaén, en diciembre de 2018, cuando se empezó a seguir el rastro de un grupo de extranjeros que ofrecían a los olivareros cuadrillas de temporeros para trabajar en la campaña de recogida de aceituna. La investigación forma parte de las Diligencias Previas 459/2019, que se centraron originariamente en un grupo de «personas que ejercían de intermediarios entre olivareros y trabajadores inmigrantes, a los que se ofrecía trabajo con condiciones por debajo de lo estipulado en el Convenio Colectivo». Las investigaciones han determinado que los intermediarios «conforman un grupo itinerante que se asientan en las zonas donde hay campañas agrícolas. No se ha precisado el número de detenciones que se han practicado o se van a practicar, ya que la operación sigue abierta y el Juzgado de Jaén mantiene las diligencias en secreto.

Tampoco se sabe cuántas personas han sido «rescatadas» de sus explotadores durante la Operación Uroforte. Lo que sí ha podido confirmar La Mar de Onuba es que se trata de una operación que ha requerido, a petición de la propia UCO, de un dispositivo especial de asistencia social desarrollada, con el máximo sigilo, junto a la dirección nacional de Cruz Roja Española, que a través de sus asambleas provinciales ha movilizado efectivos para ofrecer, de forma inmediata, asistencia sociosanitaria, psicológica  y de primeras necesidades a las presuntas víctimas de trata. Dicho dispositivo ha sido confirmado por fuentes de la institución humanitaria a La Mar de Onuba, aunque no se ha precisado -por el secreto de sumario ordenado por el Juzgado- cuántas han sido las personas atendidas, el tipo de asistencia que han requerido cada una de ellas, el número de profesionales y especialistas que han formado parte del dispositivo, o si otras organizaciones han participado en el mismo.

FOE: «Los detenidos no son empresarios ni trabajadores, ni siquiera son españoles»

El presidente de la FOE y de Interfresa ayer, durante el desayuno informativo organizado por la Cadena Ser en el Hotel NH Luz de Huelva

«OPERACIÓN UROFORT»

 

Bajo el nombre de Operación Urofort el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén movilizó el pasado martes un vasto dispositivo policial, coordinado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que realizó registros y detenciones en cinco provincias: Huelva, Jaén , Córdoba, Badajoz y Albacete. a operación se encuentra bajo secreto de sumario

Un secreto de sumario que, sin embargo, parece haber logrado sortear el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios, quien en un desayuno informativo desvinculó ayer a los empresarios onubenses del sector de los frutos rojos de la Operación Urofort, y desveló que «los detenidos no tienen nada que ver con el sector; no son empresarios ni trabajadores y ni siquiera son españoles».

García Palacios «reveló» la información preguntado durante el desayuno por el impacto mediático que pudieran tener las informaciones de prácticas de trata de seres humanos en el campo onubense. El presidente de los empresarios onubenses (y de la interprofesional Interfresa), advirtió contra el uso «malicioso» de las noticias. «Si todos los que midamos un metro ochenta y cinco, tengamos entre cincuenta y cincuenta y un años, y somos nacidos en Huelva en una semana del mes de noviembre somos malo… me parece una canallada. Pero si se utiliza maliciosamente, desde la Interprofesional vamos a poner todas las medias legales que estén a nuestro alcance para empezar a limitar ese tipo de actividades coercitivas, y yo diría que incluso mafiosas».

«No digo que aquí seamos todos angelitos, pero se tiene que demostrar»

Preguntado por el director de Radio Huelva si se utilizaron maliciosamente los abusos sexuales en el campo de las fresas, García Palacios aseguró que «parece ser que sí, porque igual que están investigando ayer en La Palma y en Almonte, en Albacete también, y en Badajoz, donde al principio del otoño hubo una noticia a nivel nacional donde algunos de los que denunciaron esa situación se estaban aprovechando de la lamentable orfandad de todo tipo en la que estaban un grupo de señoras de Marruecos. Parece ser que la Guardia Civil puso el asunto en manos de la Justicia y la Fiscalía estaba actuando contra ellos. Por eso digo que alrededor del sector hay mucho parásito queriendo vivir de unas supuestas miserias que, no digo que aquí seamos todos angelitos con alas en la espalda, pero se tiene que demostrar».

El presidente de la FOE recordó que el sector de los frutos rojos en Hueva da trabajo «a más de cien mil personas desde hace muchos años, y nuestro principal motivo es que sigan trabajando. Nuestro sello no es sólo tener una calidad organoléptica de nuestras frutas, o tener un respeto al medio ambiente… nuestro sello es la calidad global y general, donde la persona es el centro de nuestras producciones.

José Luis García Palacios realizó estas observaciones durante un desayuno informativo organizado ayer miércoles 29 de mayo, por Radio Huelva de la Cadena Ser en el Hotel NH Luz de la capital onubense.

UGT: El Gobierno debe adoptar políticas y planes de acción nacional contra la 'esclavitud moderna'

Hace sólo unas semanas, en el marco de un ciclo de actividades celebradas en abril bajo el título Diálogo sindical: de la precariedad a la igualdad, la Unión General de Trabajadores celebraba una jornada en torno a la trata de seres humanos y el trabajo forzoso en las que el sindicato recordó que estas situaciones esconden lo que se denomina como “esclavitud moderna”, cuyas víctimas pueden tener cualquier nacionalidad, también la española.

El sindicato destaca además que «no estamos hablando de precariedad laboral, sino de vulneración de derechos fundamentales, de perdida de libertad, de violencia, de coacción, de agresiones, de represalias, y, en definitiva, de personas que son utilizadas como mercancías» con la finalidad, principalmente, de ser explotadas en la prostitución o en un mal llamado trabajo.

Según datos de Naciones Unidas más de 40 millones de personas fueron víctimas de la esclavitud moderna en el año 2016. Otros expertos estiman que, en España, 105.000 personas viven en el marco de un “negocio”, el trabajo forzoso, que, según la OIT, produce al año más de 150.000 millones ganancias ilegales.

UGT FICA alerta de la «proliferación de empresas fraudulentas» en el sector agrario y de manipulado hortofrutícola

Por otra parte, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA) ha asegurado este juevs en un comunicado que ha detectado en las últimas campañas la proliferación de empresas de servicios en el sector agrario y de manipulado hortofrutícola de nuestro país del tipo de sociedades limitadas que se dedican a trabajar para una empresa matriz, a la que le recolecta los productos, explotando a los trabajadores y trabajadoras con falsos contratos ya que ni les da de alta ni declara las jornadas de trabajo reales que llevan a cabo.

Según  el comunicado, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, «UGT FICA viene denunciado desde hace tiempo a estas empresas de servicios, que actúan como verdaderas mafias, sin ningún tipo de control, y se dedican a explotar laboralmente a los y las trabajadoras que captan». El sindicato explica que «al constituirse en sociedad limitada, «aun careciendo de tierras que trabajar, tienen mayor facilidad para rebajar los precios y ofrecerse a empresas matriz para recolectar sus productos a precios a los que no pueden competir ni las ETT».

La proliferación de este tipo de empresas, que el sindicato asegura que en la mayoría de las ocasiones están dirigidas por «explotadores extranjeros y con empleados también extranjeros», viene a devaluar aún más las ya precarias condiciones laborales de los y las trabajadoras del campo, introduciendo un nuevo tipo de explotación que conlleva, en algunos casos, delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Los casos conocidos hasta ahora y perseguidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado son «la punta de un iceberg que esconde una durísima realidad que, como sindicato, no podemos ni vamos a consentir». UGT FICA va a proponer al Gobierno que introduzca una serie de cambios legislativos para controlar este tipo de empresas desde el mismo inicio de la contratación del servicio por parte de la empresa matriz y para evitar que se produzcan más casos de explotación laboral. Además, vamos a denunciar todos los casos de los que tengamos conocimiento para erradicar este tipo de abusos y vamos a seguir reclamando más medios para que la inspección de trabajo para que pueda controlar y atajar la actuación de este tipo de empresas.

Desde la Federación aplaudimos la extraordinaria la labor que llevan a cabo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la persecución de este tipo de delitos y a los empresarios que las consienten a sabiendas y fomentan su proliferación para la obtención de un mayor beneficio económico.

5,695 personas liberadas de su esclavitud entre 2012 y 2016

Un total de 5.695 personas fueron sido liberadas en España por las fuerzas de seguridad de su esclavitud, como víctimas de trata y por explotación sexual o laboral, principalmente, de 2012 a 2016, según datos del Ministerio del Interior. Tras los cambios legales de 2010 y 2015, que supusieron un impulso a la lucha contra esta lacra, es la primera fotografía fiel de un fenómeno muy ignorado. Un negocio que ya casi supera al tráfico de droga y al de armas, según el Relator Nacional para la Trata de Seres Humanos. Solo en 2016 se estimaron en 23.846 las personas en situación de riesgo, y en el caso de la explotación sexual la mayoría estaban en clubes de alterne. Los expertos coinciden en que la situación no cambiará si no se afronta un debate serio sobre el proxenetismo en España.


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