Alzar la voz cuando no respondemos al perfil de víctima de violencia de género

Nevenka Fernández fue la primera española en lograr la condena de un cargo político (Ismael Álvarez, alcalde de Ponferrada) por acoso sexual después de que se introdujera el delito en el Código Penal español de 1999

La profesora de Antropología social de la Universidad de Granada  Carmen Gregorio reflexiona en esta tribuna en La Mar de Onuba sobre violencia de género, relaciones de poder, y similitudes entre el caso de Nevenka Fernández (la ex concejala popular que fue la primera española en lograr la condena de un cargo político por acoso sexual, Ismael Álvarez, ex alcalde de Ponferrada) y el que precipitó la dimisión, hace apenas tres meses, del secretario provincial de los socialistas onubenses y ex presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, como revela la autora de la Tribuna, «tras conocerse la denuncia por acoso sexual y psicológico de una mujer que había hecho parte de la ejecutiva y había sido compañera de su equipo».

«Mientras leía lo publicado en la prensa, no dejaba de pensar en la denunciante, ¿Cuál sería su relato? Con el coraje y largo camino que sabemos implica tomar el paso de denunciar un acoso de este tipo, me la imaginaba en un ir y venir, reviviendo su dolor, al contar una y otra vez lo vivido en las diferentes dependencias institucionales (Comisaria,  UVIG); con un nivel de sufrimiento mayor al ser cuestionada por no encarnar un perfil esperable de ‘víctima'».
por Carmen Gregorio Gil (UGR)

 

Granada, 15 de febrero de 2021. Es incuestionable la sensibilización social que el movimiento feminista ha conseguido en relación a las violencias de género, sin embargo, sabemos que aún nos queda un largo camino por recorrer. No quiero detenerme en cifras que llamen la atención de lo que se ha dicho muchas veces: la punta del iceberg que representan. Mi forma de mirar las violencias de género como antropóloga social me lleva a detenerme en las estructuras culturales que están detrás de lo que llamamos el sentido común, para interrogarme sobre las ausencias, lo que se silencia y calla. También en cómo se crean los imaginarios de lo femenino y lo masculino en el marco de relaciones de poder que producen y sostienen las desigualdades de género en intersección con las de clase, raza, extranjería, edad o sexualidad. Estos días me estremecía cuando el  diario El País  (8/2/2021), anunciando el documental que se estrenará el 5 de marzo en Netflix, nos recordaba una de las primeras condenas por acoso sexual de un político en España y titulaba Y Nevenka Fernández tomó la palabra”[…].La protagonista rompe su silencio 20 años después”. ¿Qué ha habido detrás de este largo silencio? Los relatos de los seguidores del denunciado, defendiendo a su alcalde, fueron los que entonces tomaron la calle para hacerse oír. Nevenka denunció, pero, como ella no respondía al perfil de víctima, aun cuando la justicia le dio la razón,  sufrió la peor condena: la del descrédito, el aislamiento y la soledad. A pesar de que han pasado 20 años ¿seguirá presente ese imaginario en quienes escuchan a las mujeres que denuncian las violencias de género fuera del ámbito de la pareja de convivencia como era el caso de Nevenka? 

 ¿La apelación al archiconocido instrumento patriarcal de la “denuncia falsa” pondrá desde el inicio del procedimiento bajo sospecha a la denunciante? (…)¿Se pondrá a la denunciante bajo sospecha, una vez más, porque su perfil como “ex militante del PSOE” no responde al imaginario de víctima de violencia de género?

Me trasladé a lo que había leído meses atrás de lo que estaba aconteciendo en la Diputación de Huelva y en el seno del PSOE, pensando en los silencios y en las relaciones de poder que habría detrás de este caso, así como en los imaginarios de lo masculino y femenino que los diarios proyectaban ¿Un nuevo caso Nevenka?  El 30 de octubre de 2020 el diario digital Huelva información titulaba  Ignacio Caraballo dimite como secretario general de PSOE de Huelva, se informaba sobre su renuncia a la presidencia de la Diputación provincial y a sus responsabilidades orgánicas en el PSOE.

El artículo, tras describir las responsabilidades que este político había asumido en su dilatada trayectoria política, recogía el comunicado del ex presidente, destacando en negritas lo relativo a su decisión, profundamente meditada, ejercicio de responsabilidad, al tiempo que denunciaba una campaña de acoso constante con consecuencias muy dolorosas para él y su familia. Se hacía referencia, además, a la precipitación de los acontecimientos después de que justo ahora, una semana atrás, se supiera que había sido denunciado por un supuesto caso de violencia de género. ¿Habría sido el disparador de su dimisión tal denuncia? Tres días antes, el 27 de octubre, el periódico ABC, en el artículo titulado Un juzgado de Huelva investiga la denuncia contra Caraballo por presunto acoso sexual y psicológico, indicaba: “Desde el PSOE-Andalucía se ha confirmado a ABC el respaldo expreso al secretario general de Huelva y no se ha adoptado ninguna medida tras conocer la denuncia por supuesto acoso a una mujer”. El 30 de octubre se producía su dimisión y otro medio de comunicación, El Mundo, se hacía eco de diversos acontecimientos en el entorno de Caraballo sobre supuestos movimientos junto con su cuñado (ex portavoz del PSOE en el Parlamento) para asegurarse el control de la formación (24/10/2020).

¿Realmente un partido como el PSOE, impulsor de los instrumentos jurídicos y sociales para combatir las violencias de género, habría tenido algo que ver en la precipitación de su dimisión, tras conocer la denuncia de acoso sexual y psicológico por una mujer que había hecho parte de la ejecutiva y había sido compañera de su equipo?

¿Realmente un partido como el PSOE, impulsor de los instrumentos jurídicos y sociales para combatir las violencias de género, habría tenido algo que ver en la precipitación de su dimisión, tras conocer la denuncia de acoso sexual y psicológico por una mujer que había hecho parte de la ejecutiva y había sido compañera de su equipo? ¿Qué pensar en un caso como este en el que la denuncia de acoso sexual y psicológico el denunciado la vincula con disputas políticas por el liderazgo en la provincia?  ¿La apelación al archiconocido instrumento patriarcal de la “denuncia falsa” pondrá desde el inicio del procedimiento bajo sospecha a la denunciante? Como declaraba su abogada: “no se puede hablar de denuncia falsa en tanto lo diga un juzgado o haya una sentencia absolutoria” (ABC, 29/10/2020) ¿Se pondrá a la denunciante bajo sospecha, una vez más, porque su perfil como “ex militante del PSOE” no responde al imaginario de víctima de violencia de género? Tendremos que escuchar también a un fiscal que le pregunte, como a Nevenka, ¿por qué aguantó como si fuese una empleada de supermercado que tiene que dejarse tocar el culo para poder llevar el pan a sus hijos?  

El denunciado, hablando en voz del partido al que representa, el día que fue llamado a declarar expresó que la denuncia era falsa, fueron los diarios Huelva24.com y El Mundo los que recogían las declaraciones de Caraballo. El 24 de octubre El Mundo traía el titular: “El PSOE se querella por denuncia falsa contra la supuesta víctima y Caraballo, que ya ha declarado ante el juez, niega los hechos”. Estas declaraciones contribuían a construir la imagen machista de la supuesta víctima: una mujer que denuncia falsamente instrumentalizada para perjudicarle. Caraballo se declaraba “víctima de una operación política que ha sido diseñada contra su persona y en la que han utilizado a la denunciante”. Según lo recogido en este mismo medio: “El PSOE de Huelva en un comunicado ha ordenado a sus abogados iniciar todas las medidas legales a su alcance para defender su imagen, su integridad y su honor” y  “anuncia medidas legales contra todas aquellas manifestaciones que se hagan o que puedan vulnerar su honor y su imagen”. Estas declaraciones se producían antes de su dimisión, el que hablaba era el Presidente de la Diputación, con el poder que le daba su partido y su cargo para “dictar medidas legales” y  “ordenar a su abogados”. Ambos medios recogían los argumentos del propio Caraballo, que tomaba el hecho de que no se hubiesen adoptado medidas cautelares contra él como probatorio de la “inconsistencia de la denuncia”.  Las medidas cautelares a las que se hacía referencia eran su posible detención u orden de alejamiento de la denunciante. Ausencia de medidas que no constituyen en sí mismas argumentos para impugnar un presunto acoso psicológico y sexual. Argumentos, sin embargo, que sí contribuyen a poner bajo sospecha a la denunciante, desde lo que nos dicta el sentido común: Si no lo han detenido será que no habrá cometido delito alguno…

No dejo de ver, una vez más, cómo se sigue apelando a ideas que siguen presentes en el imaginario colectivo acerca de lo que debe ser una ‘buena mujer’: un sujeto a quién se le priva del derecho a decir NO una vez ha establecido una relación afectivo-sexual con un hombre independientemente de la naturaleza de ésta.

En las declaraciones recogidas en los medios de comunicación no dejo de ver, una vez más, cómo se sigue apelando a ideas que siguen presentes en el imaginario colectivo acerca de lo que debe ser una “buena mujer”: un sujeto a quién se le priva del derecho a decir NO una vez ha establecido una relación afectivo-sexual con un hombre independientemente de la naturaleza de ésta. Afortunadamente han tenido que pasar 20 años para que con la amplificación de las voces feministas haya permeado en  nuestras instituciones, y ojalá en el sentido común de la ciudadanía, que  “un no es un no”.  

Mientras leía lo publicado en la prensa, no dejaba de pensar en la denunciante, ¿Cuál sería su relato? Con el coraje y largo camino que sabemos implica tomar el paso de denunciar un acoso de este tipo, me la imaginaba en un ir y venir, reviviendo su dolor, al contar una y otra vez lo vivido en las diferentes dependencias institucionales (Comisaria,  UVIG); con un nivel de sufrimiento mayor al ser cuestionada por no encarnar un perfil esperable de “víctima”, por eso de haber sido “ex militante” de un partido político y sola, muy sola, al quedarse al margen de esas relaciones clientelares que se suelen ir labrando cuando las instituciones públicas han estado gobernadas durante años por un mismo signo político. Junto a ello, el sentimiento, tan común, de rabia y culpa contra nosotras mismas, cuando rompemos el silencio al que nos somete una relación de poder, de género. El imaginario de la “buena víctima” no está solo en nuestras representaciones culturales sino que permea la Ley 1/2004 de Violencia de Género y por tanto su aplicación. Ha llegado el momento de revisar dicha Ley para atender a esas otras víctimas que salen del modelo de pareja de convivencia heterosexual y reproductiva que ya se vienen reconociendo en convenios internacionales como el llamado Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica). Necesitamos seguir creyendo en la justicia y en los  instrumentos y procedimientos para detectar, prevenir y erradicar las violencias de género y reparar el dolor a sus víctimas.


Carmen Gregorio Gil es profesora / investigadora del Departamento de Antropología Social / Antropología Feminista, Género y Migraciones de la Universidad de Granada. Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género. Su libro de 1998 La migración femenina. Impacto en las relaciones de género, fruto de su tesis doctoral, fue una obra pionera que animó a traer al centro de los debates sobre las migraciones transnacionales las desigualdades de género y visibilizar los trabajos de cuidados. En la Universidad de Granada imparte las asignaturas de Antropología social y Antropología del género, participando en diferentes programas de doctorado “Globalización, Multiculturalismo y Exclusión social” y “Estudios de las Mujeres y del Género”. Forma parte del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer en el que participa activamente desde 1999 en diferentes tareas de coordinación  y  gestión: Subdirectora en los años 2000-2003, Secretaria desde febrero de 2005 y directora del Curso de Experta en Género e Igualdad de Oportunidades (Ediciones III y IV).

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