El nuevo plan de inspección del Gobierno admite el descontrol del traslado de residuos peligrosos al vertedero de Nerva desde países ajenos a la UE.
Aún se desconoce si hubo autorización ilícita para trasladar 40.000 toneladas de residuos contaminados desde Montenegro a Nerva en 2019.
La Comisión de Seguimiento y Control del Centro de Gestión de Residuos de Nerva no se convoca desde el año 2011.
Huelva, 25 de enero de 2021. Ecologistas en Acción ha denunciado en un comunicado que “continúa el descontrol en los traslados transfronterizos de residuos peligrosos” porque “aún se desconoce si hubo autorización ilícita para trasladar 40.000 toneladas de residuos contaminados desde Montenegro a Nerva en 2019”.
Como adelantaba una investigación realizada por Ecologistas en Acción dada conocer por La Mar de Onuba el 1 de noviembre del pasado año, Nerva recibió durante 2019 casi 40.000 toneladas de residuos contaminados procedentes del desmantelamiento de un astillero en Montenegro. El informe de Ecologistas advertía del posible tráfico ilícito que constituyó de aquellas 40.000 toneladas, al tratarse de residuos no contemplados en el Convenio de Basilea, el tratado internacional que regula los movimientos transfronterizos de residuos, precisamente con el objetivo de evitar que se conviertan en objeto de mercado y tráfico, dado que pueden causar graves daños a la salud y al medio ambiente. Pero aún no ha obtenido respuesta.
A finales de ese año, como también informaba esta revista tras una consulta realizada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Junta de Andalucía trasladó al Gobierno central dos nuevas solicitudes de permisos para seguir trayendo de allí a dos vertederos andaluces otras 70.000 toneladas de residuos peligrosos. El Gobierno denegó ambas solicitudes.
Posteriormente, y a la vista de la posibilidad de que haya habido otros movimientos de residuos que puedan suponer un peligro para la salud y el medio ambiente no solo en Nerva, sino también en todas las zonas y carreteras transitadas durante el traslado al vertedero, Ecologistas en Acción solicitó a la Junta de Andalucía en diciembre un informe detallado con todos los datos relativos a todos los residuos peligrosos recibidos en el Puerto de Sevilla con destino (definitivo o temporal) al centro de gestión de residuos industriales de Nerva en la última década.
SIN INFORMACIÓN DESDE 2011
Y es que esos datos no están recogidos en ningún informe ni han sido facilitados a la Comisión de Seguimiento y Control del Centro de gestión de residuos de Nerva, que recibía anualmente información completa y transparente respecto al funcionamiento y gestión de los residuos, pero que lleva sin convocarse desde el año 2011. La comisión, destaca Ecologistas en Acción, era el único órgano abierto a la necesaria participación pública que ofrecía un margen de maniobra para el seguimiento y control por parte de la ciudadanía nervense y de la Cuenca Minera que, al fin y al cabo, es la que sufre la existencia de esta instalación.
Nuevo Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos
El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión el nuevo Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos 2021-2026 (PEITTR), a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Un plan que Ecologistas en Acción ve «con buenos ojos», si bien plantea la necesidad de elaborar un «informe retrospectivo de todo lo que no ha sido controlado e inspeccionado en el traslado de residuos peligrosos de otros países a centros de gestión de residuos en el territorio nacional desde la ratificación del Convenio de Basilea por el Estado español y, en particular, los traslados al vertedero de Nerva, incluyendo las 40.000 toneladas procedentes de Montenegro».
El vertedero de Nerva se está manteniendo sin clausurar mucho más allá del tiempo previsto en su creación, aceptando muchos tipos de residuos y tratamientos (denominados operaciones) incorporados a posteriori, superando el ámbito geográfico andaluz y rebasando sobremanera el volumen para los que fue concebido, "forzando la máquina durante sus 22 años de funcionamiento, con una gestión deplorable y una deficiente vigilancia, inspección y control ambiental de todas las actividades por parte de las diversas autoridades competentes", denuncia Ecologistas en Acción.
A pesar de todo esto, el año pasado ya iniciada la pandemia de la COVID–19, se realizó el trámite de información pública de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada solicitada por Ditecsa, antes de cambiar a llamarse DSM, el 3 de diciembre de 2019. Se solicitaba ampliar las instalaciones y las operaciones, alargando la vida útil del vertedero a costa de un mayor consumo de energía y agua y de un incremento de la contaminación de partículas del aire y de las aguas vertidas al Río Tinto, un espacio protegido que vertebra la red de Reservas de la Biosfera de la UNESCO en el suroeste andaluz.
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