Una nueva investigación recomienda «revisar por completo» el proceso de ‘contratación en origen’ y abunda en el riesgo de explotación para las temporeras marroquíes

Una problemática cuyo comienzo sitúa la investigación en el propio país de origen, Marruecos, donde las autoridades permiten un proceso de contratación discriminatorio que prioriza construir un perfil que arroje garantías a las empresas de que las trabajadoras van a volver a su país. «Estas garantías no son objetivas ni económicas, sino que se basan en criterios subjetivos centrados en la discriminación de género: ser mujer, ser madre, ser esposa», sostienen ambas autoras, quienes destacan que «estos perfiles, además, buscan acudir a lugares rurales, donde se conoce que, debido a la falta de estructuras y a la mentalidad patriarcal, el nivel educativo de las mujeres es más bajo».

Además, denuncia el estudio, «la información que se otorga a las trabajadoras en origen no es suficiente y no está adaptada a sus necesidades». A pesar de ello, «muchas veces se alían con sus maridos para los trámites en el país de origen, sin tener en cuenta otros indicadores como puede ser la violencia de género, que en el país se sitúa en unos niveles muy altos».

Llegadas España, la mayoría de las mujeres contratadas en origen se encuentran «completamente aisladas de las estructuras burocráticas del país, centrando su actividad en el trabajo y la vida en las fincas, alejadas de núcleos urbanos». En consecuencia, y a pesar de que muchas vivan hasta seis o más meses al año en el país durante varios años, el estudio constata que hay  mujeres que aún tienen un «completo desconocimiento del idioma, de su documentación básica en el país, así como de sus derechos laborales».

«El sistema sigue priorizando la garantía de mano de obra y de retorno a su país de origen de dicha mano de obra, por encima de las necesidades de las mujeres migrantes marroquíes», resalta el informe publicado en Espiga.

Las que no retornan

Una situación se agrava con las mujeres que deciden no retornar al país. «Ya hemos visto que los motivos pueden ser muy dispares: salud, violencia de género, motivos laborales, entre otros», advierten las autoras de la investigación. «A pesar de ello, todas se convierten en trabajadoras irregulares una vez su visa termina y comienza la verdadera discriminación social. Al no conocer el idioma, las estructuras sociales y formas de regularizar su situación migratoria y así acceder a los derechos que les corresponden, suelen continuar asociadas a las fincas agrícolas que las contratan de forma irregular bajo un sistema de explotación laboral y viviendo en los asentamientos».

A este respecto, Fernández y Molina coinciden en que «los asentamientos de Huelva son lugares en los que no se cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad, de acuerdo con los derechos humanos. No tienen acceso a agua potable, no cuentan con un sistema de eliminación de residuos, no tienen suministro eléctrico y existe un riesgo grave para sus vidas, que cada año suma fallecimientos en el lugar». Para las mujeres, además, «se suman otros riesgos como la falta de seguridad y las posibilidades de sufrir abusos y agresiones sexuales». Factores que llevan a muchas de estas mujeres trabajadoras marroquíes a «convivir en una relación de explotación sexual con un hombre marroquí a cambio de protección y seguridad». «Sin embargo», añade la investigación, «esta relación de pareja crea unos vínculos de dependencia que están siendo utilizados para captar a las mujeres en el territorio».

«Ante estas realidades», recuerda el estudio, «organismos internacionales como Naciones Unidas han visitado estos lugares para instar al Gobierno a intervenir y no continuar con esta situación. Sin embargo, más allá de las diferentes promesas, no existen cambios en la forma de política respecto de las problemáticas».

Por contra, Fernández y Molina obersvanen su investigaciñón que si bien existe un «tejido asociativo extenso» que trata de cubrir las necesidades básicas de las temporeras, tanto de las que pertenecen al contingente de contratación en origen, como de las que viven en los asentamientos, «la mayoría de estas intervenciones no se realizan con perspectiva de género», sino que limitan sus actuaciones a cubrir la asistencia de necesidades básicas. No obstante, las autoras destacan que algunas organizaciones, como Jornaleras en Lucha o Mujeres en Zonas de Conflicto, «sí están interviniendo en favor de las mujeres para apoyarlas en su agencia».

«Graves riesgos de ser captadas por redes de trata de seres humanos»

«Desde una perspectiva interseccional», concluye el trabajo de Fernández y Molina, «tanto los perfiles en origen como el aislamiento social que sufren las mujeres temporeras en el país, permiten que exista graves riesgos de ser captadas por redes de trata de seres humanos». En este sentido, la investigación advierte que «las entidades que intervienen en terreno están detectando cada vez más casos de mujeres que se quedan en territorio» y que «existen indicadores de que están siendo explotadas laboral o sexualmente».

Para las autoras de La trata en las mujeres temporeras y asentamientos en Huelva, España: nuevas vulnerabilidades, nuevos desafíos, «queda patente la necesidad de revisar por completo la normativa en torno al proceso de contratación en origen de mujeres marroquíes temporeras para trabajar en las campañas agrícolas de la provincia de Huelva, así como la implementación de dicha normativa. Esta revisión debe realizarse con el objetivo de garantizar que cumpla con los derechos humanos y laborales que gozan las mujeres y hombres en España, dado que se insertan en un sistema de generación de ingresos y producción de impuestos del que se beneficia toda la sociedad de Huelva».

«En primer lugar», señalan las investigadoras, «los procedimientos de selección no deberían poder seguir manteniendo criterios discriminatorios como la selección del sexo femenino o la búsqueda de madres de menores de catorce años. Los criterios deberían ser objetivos, cumpliendo con la normativa laboral vigente. Se debería igualmente mejorar la información que se proporciona a las mujeres migrantes en origen, para que se ajuste a su realidad social y a su nivel educativo y que puedan llegar al territorio con conocimiento de sus derechos y sus condiciones laborales».

«En segundo lugar», prosiguen, «durante la estancia en el país dentro del acuerdo normativo de contratación en origen, sería muy importante una formación en intervención intercultural para las personas que tienen trato directo en el desempeño de su trabajo, así como la ampliación de los recursos públicos en las zonas donde se encuentran de la provincia, especialmente los hospitales. Al ser un trabajo que lleva ya 20 años desarrollándose, las entidades públicas deberían trabajar a favor de la integración de las mujeres marroquíes en la sociedad onubense y no permitir el aislamiento social. Asimismo, las empresas contratantes deben incluir servicios que garanticen que las trabajadoras reciban la atención médica, social y educativa necesaria».

«Por último», concluyen, «se necesitan mayores recursos, la incorporación de entidades supranacionales, como la Organización Internacional de Migraciones, y una preparación específica en la problemática para dar la asistencia necesaria a las mujeres marroquíes que se quedan en terreno español y no retornan a su país de origen. Como hemos expuesto, estas mujeres corren el riesgo de caer en explotación laboral y sexual, pero al ser invisibles a nivel burocrático su identificación como víctimas de trata es especialmente compleja».

«Consideramos que se debe colocar la necesidad de garantizar el bienestar de dichas mujeres como prioridad en las intervenciones de los distintos entes públicos», finalizan Fernández y Molina.

Anteriormente, en La Mar de Onuba