Desde el pasado noviembre, Colombia ha sido testigo de protestas sin precedentes, las más largas desde 1977. La sociedad civil, considerada adormilada, ha despertado.
Estas protestas son parte de una “primavera” latinoamericana iniciada en septiembre de este año, con movilizaciones en Haití, México, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Ecuador, Bolivia y Chile.
Sin embargo, las de Colombia no son solo el resultado de una tendencia regional ni pueden ser atribuidas a una sola tendencia política.
¿Quiénes están protestando y por qué?
Los colombianos están protestando contra la inequidad. Colombia es el país más inequitativo dentro de la OECD. Al malestar con la desigualdad existente se añaden las medidas propuestas por el actual gobierno. Las protestas no son entonces espontáneas, casuales o sorpresivas.
Aunque el crecimiento económico en Colombia ha sido relativamente estable incluso en un contexto de desaceleración de la economía global, este crecimiento no ha sido acompañado por medidas redistributivas. Por ello, el 1% más rico de la población acapara más del 20% del ingreso laboral total. Grupos sociales también rechazan las medidas relacionadas con posibles reformas del sistema de seguridad social, pensiones y normativas laborales, pues tendrían un efecto negativo en sus condiciones de vida.
Las medidas propuestas por el gobierno llevarían a profundizar inequidades en un país en que los beneficios fiscales y tributarios no benefician a la mayoría de la población. Por ello, campesinos, estudiantes, colectivos urbanos, sindicatos y grupos indígenas se han manifestado en las calles.
Adicionalmente, los manifestantes demandan la implementación de las provisiones firmadas en 2016 como parte los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo).
Para algunos segmentos del actual gobierno, estas demandas se equiparan a actos subversivos y una “lucha de clases”. Sin embargo, la sociedad colombiana no está buscando una revolución, sino el derecho a una vida digna y el cumplimiento de las promesas hechas por el estado en su Constitución.
En un país en el que la guerra continúa y acoge al porcentaje más alto de desplazados internos en el mundo, las acusaciones por parte del gobierno de la presencia de actores ocultos detrás de las movilizaciones, constituye un riesgo para la sociedad civil y la democracia. El número de líderes indígenas y sociales asesinados así lo evidencia.
Las protestas están motivadas por los persistentes niveles de desigualdad y precariedad en materia de acceso a educación, salud y protección social; así como el rechazo a la desidia del gobierno frente a la implementación de las provisiones del acuerdo de paz de 2016.
La intensidad de estas protestas puede explicarse como resultado de la transición de la sociedad colombiana hacia la paz, dada la apertura de nuevos espacios de participación política y el fortalecimiento de los movimientos sociales.
Una respuesta sin liderazgo por parte del gobierno
La respuesta del gobierno de Iván Duque ha estado plagada de negaciones, acusaciones e intentos fallidos de recuperar el control de la narrativas alrededor de las movilizaciones sociales.
Duque llegó al Gobierno gracias al apoyo de grupos políticos y sociales que se oponían a las negociaciones de paz entre la guerrilla y el Estado, las cuáles venían desarrollándose desde 2010, junto al apoyo de un segmento de la población que sentía incertidumbre frente a la llegada de un líder populista de izquierda al poder. Una vez en el poder, su Gobierno se vio forzado a cumplir con las promesas del estado que su base política no apoya.
Sin embargo, la base del Gobierno de Duque no constituye la mayoría de la población. Por esta razón, Duque tiene un 70% de desaprobación y solo un 24% de aprobación. El Gobierno actual tampoco tiene control sobre el Congreso, lo cual presenta un dilema. O Duque intenta asumir un liderazgo claro, lo cual le permitiría recibir apoyo popular pero le expondría a la oposición de los sectores más radicales dentro de sus bases de apoyo, o pierde su capacidad de gobernar al país. Es por esto que la revista “The Economist” lo presenta como un presidente “sin rumbo”.
Dado este limitado espacio político, el gobierno ha intentado hacer uso de propaganda para desmerecer las protestas, indicando que éstas frenan el desarrollo del país. También se ha reunido con industriales y comerciantes para mantener su apoyo político, ignorando la voz de las personas que se encuentran en las calles desde el 21 de noviembre.
El gobierno no logra ver (o se niega a reconocer) la magnitud de las protestas, y cómo ellas reflejan diversas voces de la sociedad a lo largo de diferentes etnicidades, localidades y segmentos de la sociedad. Las protestas han reunido a diversos actores que han visto en la calle un espacio de encuentro. Esto se evidencia en las tasas de aprobación de la protesta como herramienta de manifestación, apoyada por 74% de la población.
La desconexión entre el gobierno y la ciudadanía es evidente y semeja la actitud distante atribuida a María Antonieta que sugirió, como solución a las revueltas de los comuneros, que éstos “coman pasteles”. El hecho de proponer un consumo sin IVA (o impuesto al valor agregado) extendido por tres días como solución a las propuestas ilustra lo poco que el Gobierno entiende a los ciudadanos: propone un Black Friday extendido cuando sus ciudadanos hablan de precariedad y marginalización.
El Gobierno ha propuesto diferentes alternativas, con algunas concesiones hacia los manifestantes, pero sin suficiente base técnica, de manera que tales propuestas han sido rechazadas por diferentes economistas del país. Algunas de las medidas (como el Black Friday) son claramente populistas y solo pretenden incrementar la aceptación de Duque y comprarle capital político. El problema es que tales medidas pueden de hecho profundizar la inequidad, afectar la economía y profundizar el descontento. Por ejemplo, la eliminación del impuesto de 2% a la compra de bienes raíces sobre los USD$260,000, presentado como una concesión hacia los protestantes, muestra que el Gobierno y algunos partidos políticos no priorizan la voz de los ciudadanos en las calles, y no están considerando medidas para incrementar los ingresos del estado con herramientas progresivas.
Desafíos para las política públicas
Las justificaciones del gobierno se han centrado alrededor de la disponibilidad de recursos públicos y cómo gastarlos. Sin embargo tal enfoque ignora que la economía colombiana crece más rápido que la de cualquier estado miembro de la OECD. El problema no es de recursos, es de cómo se priorizan los recursos disponibles. El costo de vida de las clases medias en Colombia crece más rápido que sus ingresos, lo que demuestra que los réditos del crecimiento económico no están siendo distribuidos de manera equitativa.
El estado se ve afectado por un problema común entre países exportadores de materias primas. Al enfriarse los mercados globales, la demanda por productos colombianos ha caído. Como respuesta a un déficit inminente de la balanza de comercio, el estado debe incrementar sus ingresos. Pero, en un intento de proteger a su base de apoyo político, ha decidido evitar cobrar mayores impuestos a los ricos.
Este escenario ocurre en un país donde el empleo informal está en aumento, y la proporción de empleo industrial está disminuyendo. El país atraviesa además una transición demográfica, con menos contribuyentes jóvenes aportando al sistema de seguridad social y pensiones, aumentando la presión sobre los sistemas de protección social.
Una de las propuestas del Gobierno es reducir los costos laborales y flexibilizar al empleo juvenil. Llevar a la población más vulnerable a mayor precariedad no puede ser una estrategia sensata, especialmente si se considera que si se mantiene a la población en informalidad será aún más difícil financiar el sistema de pensiones para generaciones futuras. El Gobierno de Duque también debería considerar el rol que la estabilidad laboral juega en materia de innovación y emprendimiento, aspectos que ha destacado como prioritarios en su plan de gobierno. Si las personas viven en una situación de inseguridad, son menos propensas a innovar.
La política pública debe lidiar con las causas estructurales de la inequidad en Colombia y trabajar en beneficio de la juventud y clases medias. El dilema en materia política para el Gobierno de Duque es o incrementar impuestos a la mayoría de la población, o reducir créditos tributarios y exenciones a grupos privilegiados.
Dado su capital político reducido, el reducir exenciones a sectores claves llevaría al Gobierno a perder cualquier apoyo político. Pero fallar en la creación del espacio fiscal que podría sostener a la economía y redistribuir el ingreso llevaría a profundizar inequidades en el futuro y profundizar los problemas estructurales de la economía.
Avanzar hacia una sociedad más equitativa es una condición necesaria para sostener el crecimiento económico. El gobierno debería concentrarse en políticas que fomenten la innovación e industria, que permitan internalizar y diseminar avances tecnológicos y dirigir la demanda doméstica hacia la producción nacional.
Reformas redistributivas son un prerrequisito para el progreso, dado que permiten cerrar brechas estructurales y llevan a ganancias en productividad, uso eficiente de capacidades y recursos, y distribución más justa del ingreso y la riqueza, elementos que permiten a la población embarcar en planes que consideren dignos y valederos.
Transición de la violencia
Las protestas son espacios de incertidumbre y crisis, pero también de representación, democracia y oportunidades. Las protestas envían señales cuando las estructuras de representación no funcionan, de manera que proveen retroalimentación sobre el funcionamiento de las instituciones y la economía. Sin embargo, cuando grupos particulares están decididos a aplacarlas usando su energía y recursos para prevenir desacuerdos y proteger el estatus quo, fallan en reconocer los hechos y las realidades del país.
La inequidad y precariedad limitan el crecimiento económico y la cohesión social. Las protestas, en el caso colombiano, no solo ilustran cómo la voz pública puede articularse al disminuir la violencia, si no cómo esta expone las inequidades estructurales.
Al dejar la violencia atrás, la conversación ha cambiado. Colombia ya no habla de guerra y violencia, sino habla ahora de derechos ciudadanos e inequidades. Pero el miedo a la violencia y las estructuras asociadas a ella continúan latentes como legado de un país que vivió en guerra durante más de 70 años. La falta de liderazgo del Gobierno, en este contexto, puede fallar en facilitar la transición desde la violencia hacia la paz en Colombia.
Fabio Andres Diaz, Researcher, International Institute of Social Studies y Maria Gabriela Palacio Ludena, Assistant Professor of Development Studies, Leiden University
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