Ya he tratado este tema, pero la fecha del 15 de Enero, me llevan al año 1936, cuando se constituyó el Frente Popular, con el objetivo de presentarse a las elecciones que se celebrarían el 16 de febrero siguiente. El pacto de la coalición electoral fue posible por la firma de los republicanos de izquierda y los socialistas, que lo hicieron también en nombre del Partido Comunista y de otras organizaciones obreras y sindicales. Corta historia tuvo pero intensa y un trágico final.
El camino hacia la unidad no fue fácil porque los partidos y sindicatos tenían diversas concepciones políticas, sociales y económicas, aunque tuvieran en común la necesidad de la alianza electoral para obtener la victoria, en un contexto internacional favorable a la confluencia de la izquierda, frente al auge de las soluciones totalitarias nazi y fascista. Los partidos republicanos –Izquierda Republicana (Azaña), la Unión Republicana (Martínez Barrio) y el Partido Nacional Republicano–, defendían el entendimiento con los socialistas, pero no con las organizaciones obreras a su izquierda.
El Frente Popular surgió como una nueva fórmula de alianza para las fuerzas de la izquierda tras las grandes derrotas que habían sufrido en Europa durante 1933 y 1934. La política de aislamiento revolucionario y de «clase contra clase» del Comintern, que rechazaba a los socialistas, sólo había servido para facilitar el triunfo de Hitler en 1933. Poco después, los socialistas españoles se habían negado a colaborar con los republicanos de izquierda de clase media de Manuel Azaña.. Se abandonó la vía parlamentaria en favor de la vía revolucionaria para alcanzar el socialismo, desplazando a Prieto y a Besteiro de la dirección de UGT y PSOE. La situación facilitó la victoria del centro-derecha en las elecciones de 1933 y la insurrección de octubre de 1934.
«Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas», llegaron a comprometer un plan político común que sirviera como fundamento y cartel a la «coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria», declaraba el Programa del Frente Popular en 1936.
El Comité Nacional del Frente Popular estaba integrado por los republicanos de izquierda y los socialistas, y su programa oficial era relativamente moderado. Pedía una serie de cambios políticos y de personas en el Gobierno español para alcanzar la plena «republicanización», para avanzar en las reformas del primer bienio republicano. A la vez, las contradicciones inherentes a la alianza inicial se expresaron en los puntos introducidos por los socialistas, en los que planteaban sus metas de colectivización económica.
La coalición entre republicanos de izquierda y socialistas tenía un programa basado en la defensa de las reformas sociales del Primer Bienio de 1931-1933, que habían sido paralizadas o eliminadas por los gobiernos conservadores del Segundo Bienio 1933-1936 radical-cedista. En el Programa, se pedía la liberación de los presos sometidos a un proceso por responsabilidades en los hechos de la Revolución de Asturias.
En el PSOE se vivía un intenso debate. El sector centrista de Indalecio Prieto, estimaba la necesidad del pacto con los republicanos, incidiendo en la necesidad de proclamar una amnistía y profundizar en la reforma agraria. El sector de izquierda socialista, representado por Largo Caballero y con el apoyo de la UGT, pretendía un frente obrero, pero terminó por comprender que el pacto con los republicanos era necesario si se quería obtener la ansiada amnistía, sin establecer un programa de gobierno conjunto.
El Programa de Enero de 1936 del Frente Popular era republicano, corto pero profundo. Los republicanos no aceptaban el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, que solicitaban los delegados del partido socialista, por lo que los firmantes consideraron aprobar diferentes medidas para la redención del campesino: «rebaja de impuestos y tributos; represión especial de la usura; disminución de rentas abusivas; y revisión de los desahucios practicados». Se consolidaba la propiedad, previa liquidación a los arrendatarios antiguos y se comprometieron a dictar «una nueva ley de Arrendamientos que asegurara: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo».
Los partidos republicanos tampoco aceptaron la nacionalización de la Banca propuesta por los partidos obreros, aunque reconocían que el sistema bancario requería ciertos perfeccionamientos, para cumplir con la misión que les estaba encomendada.
Los republicanos concebían la República como un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social, frente a la opinión de los partidos obreros que entendían que la República debía estar orientada por motivos sociales o económicos de clase. El documento firmado reconocía que «La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase».
La cuestión regional también estuvo presente. Los partidos coligados se comprometían a establecer una legislación autonómica vigorosa votada por las Cortes constituyentes, que desarrollase los principios autonómicos consignados en la Constitución, que en su Artículo 8 reconocía que «El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía». Más de ochenta años después, siguen existiendo parecidos problemas sobre el modelo de Estado, si nacional o plurinacional y sin que se ofrezcan soluciones de buena voluntad para resolver la cuestión catalana.
La coalición del Frente Popular salió victoriosa de las urnas. Manuel Azaña de nuevo en el poder; los socialistas volvían a tener influencia en los poderes locales; y los anarcosindicalistas podían recuperar su capacidad de agitación. El Partido Radical se hundió. La derecha no republicana, derrotada en las urnas, se sintió amenazada por el nuevo empuje de las organizaciones sindicales y los conflictos sociales y ya sólo pensaba en una solución de fuerza contra el Gobierno y la República.
Los resultados de las elecciones del 16 de Febrero, se comunicaron el día 20 de febrero. El Censo estaba formado por 13.553.710 de electores. Hubo una participación del 72,9%. (9.864.783 de votantes). Dieron su voto al Frente Popular: 4.654.116 (47,1%); al Frente Nacional Contrarrevolucionario: 4.503.505 (45,6%) y al Centro: 400.901 (5,3%). No voy a referirme a las consecuencias de estas elecciones ni a la historia de los gobiernos formados a su amparo, sino a las razones de su constitución y su programa.
Las organizaciones republicanas, de izquierda y sindicales, fueron capaces de formar un Frente Popular, dejando a salvo sus particulares postulados ideológicos. La conspiración de la derecha reaccionaria y el golpe de Estado contra la legitimidad de la República, se puso en marcha nada más formarse el gobierno de Azaña. Políticamente fue antidemocrático; jurídicamente anticonstitucional; socialmente conservador y tradicionalista; espiritualmente clerical; ideológicamente totalitario; económicamente capitalista; militarmente absolutista; y moralmente inhumano. No cabe duda de que si hoy se dieran las circunstancias históricas que hemos relatado, harían lo mismo que hicieron en 1936; ya han amenazado con ello.
Podrá haber alguien que tema utilizar el término Frente Popular por lo que significó en la historia y prefieran cualquier otro; por ejemplo Gobierno de Coalición o cualquiera que sea. Hoy como ayer, la necesidad, la razón, la dignidad y la justicia social exigen que la desigualdad desaparezca y éste debe ser un objetivo común; como debe ser superar unidos la situación de crisis social, política e institucional que sufrimos, para dar respuestas unitarias justas, en libertad y democracia.
Víctor Arrogante, colaborador habitual de La Mar de Onuba, profesor retirado, ex sindicalista y veterano activista por las causas de las libertades y los Derechos Humanos. Crítico analista del presente y pasado reciente, en sus columnas vuelca su visión de republicano convencido. Sus primeros artículos en la primera etapa de Diario Progresista (recogidos en el libro Reflexiones Republicanas) le hicieron destacarse como columnista de referencia para los lectores de izquierda, y hoy sus columnas pueden leerse también cada semana en 14 destacados medios digitales, como Nueva Tribuna, El Plural, Cuarto Poder o Confidencial Andaluz.
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