por Juan Ignacio Romero
Ni la pandemia del Covid-19 ha podido frenar el incremento de actividades ilegales en bosques tropicales alrededor del mundo, ni los casos de racismo ambiental. De hecho, las cifras demuestran que la crisis del coronavirus y las medidas de confinamiento establecidas a partir de la situación sanitaria, han propiciado la falta de controles y por ende, impulsado la deforestación. Si algo ha quedado claro a partir de esta situación es que las comunidades más vulnerables se enfrentan hoy en día a amenazas más significativas que las dejan expuestas y desprotegidas, mientras las autoridades giran la cabeza y miran hacia otro lado. Lamentablemente, esta tendencia no distingue ni fronteras, ni ideologías y así lo han demostrado informes recientes que dan cuenta de casos de racismo ambiental y aumento de deforestación alrededor del, desde Brasil hasta Indonesia, Nepal, Canadá y Madagascar.
Flexibilización de controles para combatir la deforestación, menos multas para quienes realizan actividades ilegales, incremento de políticas que incentivan la explotación económica de territorios indígenas. Sea en Brasil o en Indonesia, estas medidas que se vienen aplicando desde hace años, continúan dejando graves consecuencias que se acentúan aún más en el contexto de la crisis actual. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, activistas alrededor del mundo insisten en la importancia de reforzar los controles para evitar el ingreso de acaparadores de tierras y deforestadores.
«Garimpeiros (mineros ilegales), acaparadores de tierras y deforestadores no detuvieron sus actividades durante la pandemia. Por el contrario: se han intensificado. La situación es crítica, ya que los invasores están en constante circulación entre ciudades y los territorios indígenas y pueden llevar el coronavirus a esos territorios», anunciaron desde el Instituto Socioambiental de Brasil. Mientras tanto, las alertas por deforestación alcanzan máximos y vuelven a generar una gran preocupación por los planes del presidente brasileño, Jair Bolsonaro de abrir la Amazonía y las tierras indígenas para la explotación económica. Planes que se reforzaron tras la destitución del director de Protección Ambiental del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), quien recientemente había intensificado las medidas en contra de los crímenes ambientales, buscando evitar que madereros y mineros ilegales, posibles vectores de Covid-19, pusieran en peligro a las poblaciones indígenas.
Las cifras hablan por sí mismas. Según informes oficiales, en abril la deforestación de la Amazonía aumentó un 64% respecto al mismo período del año anterior. Más de 400 kilómetros cuadrados de selva fueron arrasados. Además, según datos de Greenpeace, en lo que va del año se ha registrado un aumento de 80% de la deforestación con fines de minería ilegal en las zonas protegidas y de 13% en las reservas indígenas de la Amazonía brasileña. La ONG ambientalista, afirma que el 72% de toda la minería ilegal durante los primeros cuatro meses de este 2020 se ha producido en reservas indígenas.
Pero el de Brasil no es un caso exclusivo. Las comunidades indígenas que habitan en la Amazonía Ecuatoriana tampoco escapan a las amenazas. Aproximadamente unos 27.000 miembros de las comunidades indígenas de Kichwas continúan sin agua potable como consecuencia de un derrame de 15.800 barriles de petróleo que ocurrió a comienzos de abril tras la fractura de las tuberías de oleoducto de la empresa privada Crudos Pesados y la estatal Petroecuador.
«El agua del río sigue contaminada y las comunidades la siguen consumiendo, debido a la falta de otro medio. El agua segura que llegó a las comunidades enfermó a algunos habitantes», detalló Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae). Lo cierto es que los ríos Coca y Napo, siguen contaminados. Lo que impide que las comunidades locales puedan realizar actividades de pesca o de obtención de recursos y todo esto ha ocurrido ante la mirada de las compañías y autoridades, que hasta ahora no han hecho nada por proteger a las víctimas.
La internacionalización de estos problemas demuestra que el peligro al que se enfrentan estas comunidades es proporcional a la impunidad de las empresas. Al igual que lo que ocurre con las comunidades indígenas ecuatorianas privadas como consecuencia de la actividad de las compañías mencionadas de recursos básicos como el agua potable, en Canadá, la comunidad indígena Mi’kmaq de las Primeras Naciones también ha experimentado algo similar. Por más de 50 años, Paper Excellence, parte del conglomerado Sinar Mas, ha vertido aguas residuales de su fábrica Northern Pulp, contaminando con desechos químicos a la laguna de Boat Harbour, a metros de donde habita la comunidad indígena.
Finalmente, en diciembre de 2019, la Paper Excellence se vio obligada a cesar sus operaciones, luego de una negativa por parte de las autoridades canadienses de extender el permiso para que esta siga vertiendo efluentes en Boat Harbour. Un hecho que fue celebrado por las comunidades indígenas que se vieron afectadas por la contaminación durante décadas. Aunque lamentablemente este clima de celebración duró poco. Al parecer la empresa está cerca de la quiebra, mientras que aún le debe una importante suma de dinero a Nueva Escocia, destinado a la limpieza de la laguna.
El historial de ciertas empresas y su actuación dejan en evidencia la importancia de reforzar los controles y de poner un freno a proyectos que pongan en peligro a las personas más vulnerables, cuyas voces suelen ser calladas. Tal como lo demuestran los numerosos ejemplos de racismo ambiental alrededor del mundo, las consecuencias de las políticas de apertura de tierras protegidas son permanentes. Los proyectos pasan, pero las marcas que dejan en los territorios y en las comunidades que viven en ellos son imborrables.
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