La rápida expansión del virus tristemente conocido como Covid-19 ha supuesto para España, y para el resto del mundo, una gravísima crisis sanitaria, pero además conlleva una crisis económica y social de enorme e incierta magnitud, pero con seguridad de consecuencias devastadoras. España ya ha perdido 900.000 empleos desde la activación del Estado de Alarma. El FMI ya prevé una caída del 8% del PIB para este año, y las estimaciones hablan de una caída de entre un 15% y un 20% del PIB para los próximos años.
Se va a necesitar una inmensa cantidad de recursos financieros, tanto para resolver la emergencia sanitaria, como para atenuar las gravísimas consecuencias que ha generado el parón de la actividad productiva. De hecho, el gobierno de España ya ha previsto unos 200.000 millones de euros -un impresionante 20% del PIB-, pero otros cálculos de economistas de diversas tendencias lo elevan más del doble, unos 250.000 millones de euros adicionales, el coste de la reconstrucción económica tras el desastre sanitario.
Por lo que siendo realistas debemos considerar que para salir de esta crisis se necesitarán, al menos, medio billón de euros. Pero, ¿hay recursos para que España pueda salir de la crisis? ¿Hay o no dinero, y dónde? Y, sobre todo, ¿quién va a pagar la factura? El problema clave reside en que las respuestas a estas preguntas no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Es decir, no se puede responder sin una previa toma de partido. Porque las respuestas se contestan desde una posición política, se explicite o no.
Nosotros vamos a dejarla clara. ¿Cuál es la realidad? Que no partimos de cero. Venimos de una crisis financiera, la de 2008, que hemos pagado dolorosamente el 90% de la población. Una crisis de la que la inmensa mayoría todavía no nos hemos recuperado. Una crisis en la que hemos visto cómo nuestros salarios reales, pensiones y rentas han caído -como poco- un 25%. Hemos sufrido recortes en educación y sanidad, que ahora han revelado todo su devastador daño. Hemos visto como la precariedad, la desigualdad y la destrucción de derechos laborales se hacían permanentes en nuestras vidas.
Parece, nos dicen, que dicha crisis acabó a mediados de 2014. Y en 2015 se comenzó la recuperación económica. Pero eso no es verdad para amplias capas de la población, esa recuperación nunca ha llegado, o apenas lo ha hecho. En cambio, para bancos, oligopolios nacionales y extranjeros, para la oligarquía financiera española y las clases dominantes de los países centros de poder mundial y europeo, estos cinco años de recuperación han sido muy beneficiosos. De 2015 a 2019, el total de bancos y grandes empresas del Ibex35 ganó más de 164.000 millones de euros, volviendo a tener tasas de ganancia comparables (cuando no superiores) a las de antes de la crisis de 2008.
Por supuesto, su recuperación económica no ha sido ni milagrosa ni fruto de su competitividad y eficiencia económica. Su recuperación se ha levantado sobre nuestras espaldas. Se ha levantado sobre los recortes, los desahucios y la pobreza energética. Se ha levantado sobre las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, es decir, sobre los bajos salarios, la temporalidad y la precariedad establecidos, sobre los despidos a bajo coste, sobre el profundo deterioro de los mecanismos de negociación colectiva y los derechos laborales. Y se ha levantado a costa de recortar el sistema público de pensiones y el poder adquisitivo de los pensionistas.
Pero es también una recuperación económica que esconde que las arcas públicas se han endeudado de forma extraordinaria para rescatar a la banca, a las eléctricas, a las constructoras y las autopistas. Porque a la mayoría de los ciudadanos no han obligado a prestar una enorme cantidad de dinero público para socorrer a las entidades financieras en tiempos de necesidad. Y a pesar de los bancos y oligopolios han vuelto a tener beneficios, en lugar de devolver lo adeudado, nos han dicho que debíamos considerar como pérdida esa enorme cantidad de recursos públicos.
Por eso, ahora, ante esta nueva y incalculable crisis, debemos exigir que la paguen ellos. Que la paguen los bancos y oligopolios, los oligarcas y las grandes fortunas. Es el momento de instarles a que nos devuelvan lo prestado, a que entreguen una parte de sus gigantescas ganancias para las necesidades de la inmensa mayoría social en España. Porque el verdadero problema es si se redistribuye la riqueza o no.
Solo pedimos, para salir de esta crisis, una parte de sus beneficios actuales y retroactivos (solo desde 2015). No todos, solo, por ejemplo, el 25%. Es decir, apenas una cuarta parte. No exigimos que repartan todas sus riquezas. Porque la banca, los oligopolios nacionales y extranjeros tienen mucha, muchísima más riqueza acumulada en forma de capital y activos financieros. Solo un banco, el Santander, posee en activos financieros 1,3 billones de euros, más que todo el PIB anual de España. Y los activos financieros en manos de los 11 bancos españoles triplican el PIB anual de nuestro país.
¿Por qué el 25%? Bueno, en febrero de 2010, un tal Paul Krugman -Premio Nobel de Economía 2008- sentenció que “los españoles deben comprender que han de rebajarse un 25% sus salarios”. Era -artículo de un conocido economista vinculado a Obama mediante- una orden del hegemonismo norteamericano, una señal pública de lo que inmediatamente sucedió. A los tres meses Zapatero -después de la llamada de Obama- anunció en el Congreso el inicio del durísimo plan de recortes del 25%.
¿Por qué no aplicar la misma proporción pero esta vez a la inversa? ¿Por qué no aplicar un 25% de descuento a los beneficios oligárquicos nacionales y extranjeros? A continuación exponemos esquemáticamente las cuentas resultantes de aplicar ese 25% de reducción a sus beneficios pero solo del periodo 2015-2019, y de sus ganancias hasta que dure la presente crisis.
Pero, antes de las cuentas, queremos destacar que la posición previa, el hilo conductor, comparte y tiene en cuenta lo declarado por Rui Rio, presidente del conservador Partido Socialdemócrata (PSD), la primera fuerza política de la oposición en Portugal similar al PP en España, “si la banca presenta ganancias abultadas en 2020 y 2021 será una vergüenza y una ingratitud para los portugueses”, y ha recomendando que las entidades financieras debieran tener beneficios cero en esos ejercicios para que las ganancias las dediquen a reinvertir en el país.
También hace unas semanas el Presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, presidente honorífico del PSD declaró que “cada portugués contribuyó para hacer viables los bancos. En este momento, sabiendo que la banca está estabilizada, es una ocasión de retribuir a los portugueses lo que hicimos”. Y no olvidemos que el ya citado Rui Rio, presidente del conservador Partido Socialdemócrata (PSD), dijo al primer ministro Costa, del Partido Socialista: “Todo lo que nosotros podamos, ayudaremos. Le deseo coraje, nervios de acero y mucha suerte. Su suerte es nuestra suerte”. Así como la carta remitida a los militantes de su partido, el PSD, en la que les avisa que cualquier ataque al Gobierno del socialista António Costa en estos momentos “no es patriótico” y les llama a promover la unión del país.
Las cuentas en una primera aproximación para salir de esta crisis redistribuyendo la riqueza y siguiendo el criterio del 25% a los años de su recuperación.
18.500 millones de euros de los beneficios de la banca.
25.125 millones de euros de los beneficios de los oligopolios del Ibex-35.
21.955 millones de euros del Impuesto de Sociedades y la lucha contra la evasión fiscal.
10.000 millones euros de las grandes fortunas y Sicav.
8.755 millones de euros de los beneficios de la banca de los beneficios previstos de los próximos cuatro años.
23.256 millones de euros de los beneficios de los monopolios del Ibex-35 del mismo periodo.
20.000 millones de euros de una reforma fiscal del Impuesto de Sociedades de igual periodo.
11.000 millones de euros de perseguir el fraude fiscal de bancos y oligopolios.
10.000 millones de euros de una Reforma fiscal progresiva en el IRPF.
25.000 millones de euros ahorrando un 25% de los gastos del Estado por los privilegios y gastos innecesarios, corrupción y gastos superfluos de las administraciones públicas.
28.000 millones de euros por la renegociación y moratoria de la deuda.
125.000 millones de euros de un fondo especial con los activos líquidos de calidad de la banca.
50.000 millones de euros de una Bankia pública, porque es el momento de completar la nacionalización de Bankia como germen de una gran banca pública. Hay que paralizar y revertir la privatización, poniendo al servicio de las necesidades del país sus recursos (Bankia tiene 208.500 millones en activos y 125.000 millones de depósitos).
Total: 401.591 millones de euros.
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