PP y Ciudadanos se apoyan en la extrema derecha para rechazar la PNL por el cierre del vertedero de Nerva

Unidas Podemos exige que “se deniegue la AAU del centro de gestión de residuos”.

Rafael Sánchez Rufo (IU): “Si el objetivo de la Junta es el cierre controlado en diez años, no tiene sentido que siga vigente, permitiendo que siga existiendo actividad en el vertedero”.

Irene Reyes (Podemos): “El cierre no es una lucha partidista sino un clamor popular, para unas instalaciones colmatadas desde hace más de una década”.

Lunes, 21 de junio de 2021. PP, Ciudadanos y los diputados de la extrema derecha andaluza han impedido que saliera adelante en el Parlamento andaluz una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos “para cerrar el vertedero de residuos tóxicos de Nerva”. La PNL se debatió el pasado viernes y no salió adelante por los votos contrarios de las tres formaciones. Unidas Podemos por Huelva ha lamentado este lunes que “los tres partidos de la derecha den la espalda a la población de Nerva” y “hayan votado en contra de la PNL”.

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, y la responsable del Área de Medio Ambiente de Podemos Huelva, Irene Reyes, han subrayado que la PNL nació con “la idea clara de sumar voluntades y dar voz a toda la ciudadanía de Nerva”, cuya representación política local pide “de forma unánime” el cierre del vertedero.

Rafael Sánchez Rufo ha remarcado “la necesidad de que se lleve a cabo una investigación” para determinar “cómo ha sido posible que desde la Junta se haya estado permitiendo este uso abusivo del vertedero de Nerva durante tantos años”. Además, ha pedido que se ponga en marcha “una evaluación rigurosa de los incumplimientos de los compromisos alcanzados entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Nerva” en el momento de construcción del vertedero, en aras de “su cumplimiento efectivo”.

Asimismo, Sánchez Rufo ha pedido al alcalde de Nerva, el socialista José Antonio Ayala, que “se aclare” y “deje de mirar para otro lado, oponiéndose con la boca pequeña a la ampliación del vertedero y pidiendo el cierre, pero no tomando ninguna medida en el ámbito de sus competencias para tal fin”.

Otra medida a la que ha hecho referencia el coordinador de IU y que se recogía en la PNL es que “se deniegue la Autorización Ambiental Unificada del centro de gestión de residuos”, ya que, “si el objetivo de la Junta es el cierre controlado en diez años, no tiene sentido que siga vigente” dicha autorización, que “lo que permite es la llegada de más residuos y que siga existiendo actividad en el vertedero”.

Por su parte, Irene Reyes ha destacado que “el Partido Popular habla de cierre controlado para dentro de diez años y sin embargo vota en contra de la iniciativa”, y también “vota en contra de los populares de Nerva, claramente posicionados por el cierre”. “No se trata de una lucha partidista, sino de escuchar a la población nervense, y de que la Cámara andaluza sea reflejo de este clamor”.

En este sentido, Reyes ha recordado que el vertedero lleva ya “más de una década por encima de su capacidad” de almacenamiento, con “unas cifras alarmantes”, ya que de las más de 550.000 toneladas que estaba preparado para almacenar, “en 2015 ya contaba con el triple de toneladas almacenadas de residuos peligrosos y no peligrosos”. Se trata de “una anomalía que no podemos tolerar”, al igual que el hecho de que “sigan llegando residuos tóxicos de Montenegro, previa autorización de la Junta de Andalucía, cuyo gobierno es responsable de esta atrocidad y que suponen un total de 70.000 toneladas más a unas instalaciones ya colmatadas”.

Desde Unidas Podemos en Huelva han insistido en que el cierre del vertedero “es de sentido común y de justicia social”, y aclaran que “existen alternativas laborales para los empleados del vertedero, propias del proceso de cierre y enfocadas en un desarrollo sostenible de la comarca”. Así las cosas, han destacado que a la par que seguirán “luchando en el Parlamento andaluz para que las instalaciones cierren”, también están estudiando “alternativas para llevarlas al Congreso de los diputados”, ya que el Ministerio de Transición Ecológica es quien otorga los permisos ambientales. El objetivo es acabar con “un mal que puede acarrear graves problemas en la población de la zona y en el medio natural”.