Por Juan Calixto.
Es lo que habrá pensado nuestro recién estrenado Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien los escándalos políticos le tienen desbordado. Hace unos días, la intrépida Margarita Robles, balbuceaba echando balones fuera cuando un periodista le echaba en cara que el PSOE se negara a desclasificar documentos secretos del 23-F. Cómo si 37 años no fueran suficientes para que los vecinos de a pie tuviéramos derecho a conocer, de la mano de los políticos que dicen representarnos, la implicación de ciertos personajes en la preparación del golpe, y su posterior desarrollo. Durante todo este tiempo, se han empeñado en hacernos creer que el golpe fue cosa de Tejero y cuatro subordinados, y que el penúltimo Rey fue nuestro salvador. En base a esa teoría se han derramado ríos de tinta apoyando la figura del Rey y su valiente determinación a la hora de parar el 23-F y defender la democracia. No deja de resultar paradójico que en estos días, uno de los generales golpistas, condenado por ello, el General Milans del Bosch, se dirija a los españoles para solicitar la defensa del Jefe del Estado, figura contra la que supuestamente se daba el golpe del 23-F.
Le queda a uno la sensación de no haber comprendido en qué consiste un golpe de estado o de ser más imbécil de lo que uno creía.
Más recientemente, el propio Presidente del Gobierno tendrá que tragarse sus palabras, repetidas hasta la saciedad cuando estaba en la oposición, sobre la publicación de la lista de los famosos personajes que se beneficiaron de la Amnistía Fiscal de Montoro, y de momento seguirá siendo una lista secreta. En este país no solo se privilegia a los que no declararon sus fortunas, permitiendo que luego lo hagan a un tipo bastante más reducido, sino que además se les garantiza el anonimato para que puedan seguir manteniendo intacta su reputación y credibilidad. No sería de extrañar que cualquier personaje de estos que ocupan portadas y despacha conferencias ante auditorios cualificados sea un defraudador de la Hacienda Pública, que se benefició de la susodicha amnistía y encima se permite darnos consejos y lecciones de economía aplicada. Algo parecido a lo que hacía Juan Iranzo antes de que supiéramos que utilizaba las tarjetas Black de Bankia para comprar lencería femenina.
Pero más triste, si cabe , que el trato privilegiado de estos personajes es la falta de palabra de unos políticos sin escrúpulos que rápidamente olvidan los compromisos que le han llevado al lugar que ocupan en la vida pública española.
Por último aparece en la prensa española, que durante más de cuarenta años ha mantenido un vergonzoso pacto de silencio en relación a las noticias que han salpicado a los Borbones, una declaraciones de la tal Corinna, amiga íntima del penúltimo Rey, donde se afirma que éste supuestamente cobró comisiones millonarias por su intermediación en la construcción del AVE en Arabia Saudí. La noticia, que debería sorprender más de lo que sorprende, ha provocado que desde el sindicato de inspectores de hacienda se inste a la Agencia Tributaria para abrir expediente con objeto investigar el posible fraude fiscal y blanqueo de capitales por parte de Juan Carlos I. Algunos partidos políticos, encabezados por Unidos Podemos, exigen que el Congreso de los diputados tome cartas en el asunto y se llegue donde haya que llegar. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, habla de ladrones, para referirse a los Borbones.
El Gobierno de España tampoco en esta ocasión aprecia motivo alguno para alarmarse. El asunto “forma parte del pasado” y, en todo caso “no afecta al Rey de España.” Se ve que en las familias reales las funciones de cada miembro están nítidamente separadas, como la separación de bienes, y tanto unas como otras se llevan hasta sus últimas consecuencias: los delitos de los maridos no afectan a las señoras, y por eso la Infanta Elena ha salido absuelta en el caso Noos; y los supuestos fraudes fiscales de los padres no afectarían nunca a los hijos, por eso el Gobierno de España está tranquilo y no teme ninguna consecuencia de las declaraciones de Corinna.
