Viernes, 2 de agosto de 2024. Las protestas postelectorales no son infrecuentes en Venezuela. En 2018, la gente salió a las calles para impugnar la reelección del presidente Nicolás Maduro. Y volvió a hacerlo en 2019, cuando la oposición venezolana proclamó al diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como presidente interino desafiando una votación que, según ellos, estaba amañada.
No es de extrañar, por tanto, que se hayan producido manifestaciones generalizadas en el país después de que Maduro reclamara la victoria de nuevo, esta vez sobre el aspirante Edmundo González en las disputadas elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.
Muchos en el país habían visto la votación como una oportunidad para evitar seis años más de “chavismo”. Desde 2013, Maduro ha dirigido el país mientras éste se enfrentaba a una grave crisis económica, resultado de una combinación de caída de los precios del petróleo, corrupción, mala gestión y sanciones internacionales.
La crisis ha provocado inflación masiva y escasez de alimentos, y la mayoría de la población se enfrenta a la disyuntiva de vivir en la pobreza o abandonar el país.
Las protestas actuales, desencadenadas por los controvertidos resultados electorales pero fomentadas por años de crisis económica, parecen diferentes. De nuestro análisis de las noticias, las redes sociales y las propias protestas se desprende que involucran a un segmento más amplio de la sociedad que en el pasado, e incluyen a muchos venezolanos pobres y de clase trabajadora, los mismos grupos de los que el chavismo ha obtenido tradicionalmente su apoyo.
La gran pregunta ahora es si esta base más diversa de manifestantes tendrá algún impacto o, como ha sucedido en el pasado, Maduro podrá capear los disturbios postelectorales utilizando tácticas represivas.
Resultado controvertido
La naturaleza de la supuesta victoria de Maduro hizo que las protestas fueran siempre probables.
La imparcialidad de las elecciones había sido cuestionada durante los meses previos a la votación real debido a la interferencia del gobierno, que entre otras cosas inhabilitó a María Corina Machado –líder de facto de la oposición– y detuvo a trabajadores y activistas de la campaña.
Aunque en el pasado la oposición se apresuró a llamar al boicot de los comicios, Machado y su candidato sustituto, Edmundo González, se mantuvieron esta vez comprometidos con la vía electoral.
El Consejo Electoral de Venezuela publicó los resultados poco después de la medianoche del 29 de julio, indicando que Maduro ganaba con el 51,2 % de los votos, mientras que González obtenía el 44,2 %. Esto contrastaba con los sondeos a pie de urna y la documentación que la oposición había recogido de alrededor del 40 % de los centros de votación, que parecían mostrar que González había ganado con el 70 % de los votos.
La oposición cuestionó inmediatamente los resultados, alegando que no habían sido verificados. Los observadores internacionales también pusieron en duda la validez de los resultados.
El Centro Carter, que ha proporcionado observación internacional de las elecciones en Venezuela durante años, hizo pública una declaración en la que afirmaba que las elecciones presidenciales no podían considerarse democráticas. A lo que añadía que la votación “no cumplió las normas internacionales de integridad electoral en ninguna de sus fases y violó numerosas disposiciones de sus propias leyes nacionales”.
Las acciones emprendidas por el gobierno de Maduro han alimentado aún más las especulaciones. Según la oposición, la noche de las elecciones, los documentos utilizados por los observadores ciudadanos para verificar los resultados no fueron entregados en la mayoría de los centros de votación.
Según el periodista venezolano Eugenio Martínez, sólo se entregaron recuentos en papel en la mitad de los 30 026 centros de votación del país.
El gobierno aún no ha publicado el recuento de votos, que podría servir para verificar o refutar la victoria de uno u otro bando. Líderes de toda la región, entre ellos el presidente chileno Gabriel Boric, la administración Biden y el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, han pedido a Maduro que publique los resultados completos.
Protestas de cacerolazos
Las protestas contra esta falta de transparencia comenzaron al día siguiente de las elecciones y han continuado. Aunque este tipo de movilización contra el gobierno se ha convertido en una característica de la Venezuela chavista, las protestas actuales destacan por la variedad de la gente que sale a la calle.
Los venezolanos de clase media y alta han acudido a menudo en masa con la esperanza de destituir a Maduro, a veces alentados por voces radicales de la oposición que instan a hacerlo por medios no democráticos. Esta oposición se ha visto alimentada por una multiplicidad de factores, incluyendo el claro giro del gobierno hacia el autoritarismo y las maniobras para mantenerse en el poder que han erosionado las instituciones democráticas.
Pero esta ronda de protestas también se ha caracterizado por la participación masiva de personas de bajos ingresos y de la clase trabajadora. Aunque las protestas en las que participaron venezolanos estallaron en barrios más pobres en 2019, fueron más pequeñas y menos sostenidas que las que se han visto en los últimos días.
Vídeos de residentes en áreas de bajos ingresos como Petare, Catia, Valles del Tuy y otros bastiones históricos del chavismo se han compartido a través de las redes sociales, con residentes golpeando ollas, quemando neumáticos y marchando en las calles.
Las “caceroladas” ––una práctica tradicional de protesta que consiste en golpear ollas y sartenes– se han escuchado incluso en el antiguo bastión chavista que alberga el Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo de Chávez, fallecido en el cargo en 2013.
En otros lugares, estatuas de Chávez y carteles de Maduro han sido arrancados en medio de la indignación por lo que se percibe como una manipulación descarada que traspasó un umbral.
Mientras que los medios de comunicación han señalado protestas en los barrios –el término utilizado en Venezuela para referirse a los barrios urbanos de bajos ingresos– que oscilan entre espontáneas y algo más organizadas, el gobierno ha tachado las manifestaciones de actos coordinados organizados por la “derecha fascista” y financiados por Estados Unidos.
Ofrecer una alternativa
La negativa de Maduro a reconocer que la gente que antes le apoyaba ahora protesta contra él revela la enorme distancia que se ha abierto entre el gobierno chavista de Venezuela y su base tradicional.
Sin duda, las protestas en los barrios de bajos ingresos no deben confundirse con un apoyo comprometido a la oposición. De hecho, durante años hemos observado que la gente de los barrios de Venezuela desconfía y está desilusionada tanto con el gobierno como con la oposición.
Pero estas protestas sugieren que la indignación por el presunto fraude electoral es ahora el motor de ese descontento.
Las protestas son una respuesta a años de crisis, corrupción, irresponsabilidad fiscal y escasez, todo lo cual ha llevado a la desintegración de las familias. Se calcula que 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país para escapar de estos problemas. Los problemas afectan a todos en Venezuela, pero son especialmente devastadores para las personas de bajos ingresos.
Al mismo tiempo, muchos venezolanos se han sentido más esperanzados por la creciente popularidad de Machado. Tras pasar mucho tiempo haciendo campaña en comunidades rurales y obreras, ella y González parecían ofrecer una alternativa a la situación actual.
La respuesta de Maduro
La cuestión ahora es si este cambio en la demografía de los manifestantes marcará la diferencia.
El gobierno de Maduro ha señalado que seguirá siendo inflexible ante las manifestaciones generalizadas, tomando las medidas que sean necesarias para mantenerse en el poder. Sin embargo, aunque poco probable, las protestas en los barrios de bajos ingresos podrían convencer a ciertas facciones del gobierno de que el chavismo ha perdido el apoyo de la gente a la que dice representar.
La presión desde dentro del gobierno, combinada con las objeciones de los líderes regionales, podría tal vez influir en los cálculos políticos de Maduro.
Pero la experiencia pasada apunta a una respuesta diferente. Después de olas de protestas en 2017 y 2019, Maduro recurrió a la represión extrema por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados no estatales –conocidos como “colectivos” – cuyos miembros son leales al gobierno y tienen mucho que perder si se produce un cambio de régimen.
Cada vez más, el gobierno ha desatado una violencia letal masiva en los barrios de bajos ingresos cuando se ha sentido amenazado. Gran parte de esta represión, consistente en redadas policiales y militares, se ha enmarcado en la lucha contra el crimen. Pero como ha demostrado nuestra investigación, también está dirigida a aplacar el descontento social.
Es probable que la respuesta de Maduro implique violencia contra los grupos tradicionales de la oposición que se han movilizado durante mucho tiempo contra el gobierno. Pero creemos que los venezolanos más pobres, que acuden a protestar en cantidades nunca vistas, serán los que más sufran.
Rebecca Hanson, Assistant Professor of Latin American Studies, Sociology and Criminology, University of Florida; y Verónica Zubillaga, Associate Professor of Sociology, Simón Bolívar University
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