El pasado día 6 de Diciembre se conmemoró los cuarenta y un años desde que su proyecto fue aprobado en referéndum. Votó el 67,11% de un censo de 26.632.180, y los votos favorables representaron el 88,54%, 15.709.078 de los votantes, con una abstención del 32,89%. Las personas que hoy tienen menos de 60 años no tuvieron la mayoría de edad suficiente para participar en el proceso. Es tiempo de que pensemos seriamente en cambarla por otra que recoja las nuevas necesidades ciudadanas, las aspiraciones de la juventud y se prepare para abordar los nuevos retos de futuro. Hay que abrir un Proceso Constituyente para establecer una nueva República.
La razón del Proceso Constituyente es provocar una ruptura con el Sistema político y económico actual, que está estrangulado los derechos, para generar otras reglas de juego basadas en la democracia participativa. El proceso tiene que recuperar la soberanía popular, reconociendo la superación de la Constitución de 1978, desmitificando la Transición a la democracia, muy lejos de ser modélica como se ha presentado.
El nuevo Proceso, debe ser abierto a la participación de multitud de actores, en el ámbito colectivo e individual, horizontal y transversal, unido a la toma de conciencia popular y al empoderamiento de las personas. Ha de ser a la vez crítico y constructivo con la democracia representativa, que ha primado el bipartidismo, asumiendo el poder de espaldas a la ciudadanía. El proceso debe situar a la persona como el motor de cambio de la nueva Constitución.
La monarquía, que es un símbolo de poder, se contradice y está muy alejada de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática elección ciudadana. La monarquía, heredera del régimen de Franco, cumplió su papel durante la Transición a la democracia; la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, no tiene competencias políticas, y su representación carece de efectividad. Ha llegado la hora de establecer un Estado Republicano.
Uno de los problemas históricos españoles y sin resolver todavía, fuente de permanentes conflictos, es el territorial. Las diferentes señas de identidad, históricas y culturales, la multiculturalidad y la diversidad, son valores inestimables que enriquecen nuestra propia identidad común y así tiene que reconocerse y permitir su propio desarrollo. Estos hechos tienen que quedar plasmados en la Constitución, en el marco de un estado federal −sin cerrar la posibilidad de otros modelos−, que junto con el derecho a decidir libremente, queden clarificadas las competencias; que se fije un modelo fiscal y se establezcan mecanismos de cooperación. Un modelo que venga a dar estabilidad política, que sea viable económicamente y justo socialmente. Por todo, es necesario, también, reformar el Senado, para darle verdadera naturaleza de cámara de representación territorial.
La Constitución declara que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal». No es que sea insuficiente, sino que no es aconfesional aparentemente. En un estado verdaderamente laico, se ha de dar una efectiva y real separación entre el estado y la iglesia, así como no financiar, con fondos públicos, ni a la iglesia católica, ni a ninguna otra. La religión tiene que salir de la escuela pública; y todo esto tiene que quedar plasmado en la reforma que se propone. Además el Concordato y acuerdos con el Vaticano deben derogarse, y las relaciones (y acuerdos, si los hubiera) enmarcarse en el ámbito de reciprocidad y de las relaciones diplomáticas entre estados soberanos.
Pese al surgir de nuevas fuerzas políticas y la presencia de hasta 23 siglas representadas en el nuevo Congreso tras el 10 de Noviembre, el sistema electoral ha impedido que una buena parte de formaciones políticas accedan a las instituciones representativas, favoreciendo el bipartidismo (esa fue la voluntad de los constituyentes y así se vienen cumpliendo). Ahora es preciso abordar una reforma inicial de la Ley electoral con medidas como listas desbloqueadas o la eliminación de la barrera electoral del 3%. No deben salir favorecidos los partidos de ámbito autonómico, que se presentan en limitadas circunscripciones, en detrimento de otras formaciones de ámbito estatal. La Ley d’Hont, que prima a los partidos más votados, penalizando a los que menos, debe cambiarse por otras normas que garanticen la proporcionalidad y equidad del voto y la igualdad de oportunidades para todas las opciones políticas y ciudadanas
En ese contexto, el PP retoma su propuesta de cambiar la ley electoral, con una reforma exprés, para evitar nuevos bloqueos si se repiten las elecciones. La propuesta del PP, que Casado ya planteó en su primer discurso como presidente del partido es una prima de escaños a quien gane las elecciones, y fuentes de la dirección creen que puede llevarse a cabo sin necesidad de tocar la Constitución, un melón que los populares no quieren abrir en este momento. Por su parte, tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta Carmen Calvo han llegado a hablar de modificar el artículo 99 de la Constitución para evitar situaciones de bloqueo. Quieren modificar la Constitución para perpetuar el bipartidismo, no para dar más palabra y representación a la ciudadanía.
Reformaron la Constitución en 2011, modificando el artículo 135, estableciendo en el texto el concepto de «estabilidad presupuestaria», constatándose un techo máximo de déficit estructural para las Comunidades Autónomas y el Estado, y dando «prioridad absoluta» al pago de la deuda pública en los presupuestos, sobre cualquier otra necesidad de gasto. Asimismo se estableció que el montante del conjunto de la deuda pública no podrá superar el 60% del PIB. Lo cierto es que la incorporación de aquellos compromisos al texto constitucional ha servido para justificar una política de extrema austeridad, recortes e involución social. Transcurrido ocho años, se puede concluir que los efectos reales de la reforma y de las leyes que la desarrollaron no han sido útiles para el crecimiento y la generación de empleo, ni para bajar el volumen de la deuda o cumplir las previsiones de déficit. La actual redacción del artículo 135 ha de ser revisada en el marco del Proceso Constituyente que resulta urgente, buscando soluciones con la Unión Europea para impulsar el crecimiento, que no reste credibilidad al compromiso de reconstruir el Estado del bienestar.
Es necesario establecer una nueva Constitución, tras el Proceso Constituyente, para garantizar y favorecer la mayor participación ciudadana en el gobierno estatal, autonómico y municipal, mediante todo tipo de medidas posibles, como iniciativas legislativas populares, referéndum o votación on-line, en un marco de responsabilidad y de transparencia en el sector público, institucional y político, que reconozca, como bien de dominio público, toda la información generada o en poder de entidades de titularidad, funciones o capital público.
El Proceso Constituyente debe avanzar en la creación de un estado federal, laico y republicano, basado en la transparencia y una mayor participación social. Deben establecerse mecanismos de control y blindaje del sistema público de pensiones. De la misma manera hay que blindar el sistema público de salud, las prestaciones sociales para dependientes y la educación pública y «plantar cara», con todo, democráticamente a los «poderes económicos no democráticos».
Soy republicano, aunque humilde e ignorante, y pertenezco a esa clase de locos que anuncian utopías que al día siguiente son realidades. Sois topos que protestáis ante el menor rayo de luz, y por eso sentís un furor sin límites ante la República, esa sublime locura que acaba con los privilegios, que considerando a todos los hombres iguales, les hace abrazarse como hermanos, y que reconociendo su libertad, les da derecho a gobernarse por sí mismos. No, no son palabras mías; son del maestro Vicente Blasco Ibáñez, en su novela ¡Viva la República!, refiriéndose a la Primera, que ya hice mías en mis Reflexiones Republicas (primera edición 2013) y hoy retomo.
Sabemos que una nueva Constitución no va a resolver las futuras crisis económicas ni va a quitar la angustia a la ciudadanía que las pueda padecer, pero va a ofrecer al pueblo instrumentos para que participe activamente en los asuntos de sus intereses de forma directa y a través de representantes legítimos.
Un Proceso Constituyente, partiendo del origen de la democracia, tiene como fin crear una nueva Constitución adaptada a las necesidades actuales de la población, como única forma pacífica de hacer una verdadera revolución democrática, que modifique el actual diseño del Estado y su forma de gobierno, todo sometido a la voluntad popular.
Víctor Arrogante, colaborador habitual de La Mar de Onuba, profesor retirado, ex sindicalista y veterano activista por las causas de la libertades y los Derechos Humanos. Crítico analista del presente y pasado reciente, en sus columnas vuelca su visión de republicano convencido. Sus primeros artículos en la primera etapa de Diario Progresista (recogidos en el libro Reflexiones Republicanas) le hicieron destacarse como columnista de referencia para los lectores de izquierda, y hoy sus columnas pueden leerse cada semana en 14 destacados medios digitales, como Nueva Tribuna, El Plural, Cuarto Poder, Confidencial Andaluz, o La Mar de Onuba.
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