🤐 Trabajadoras convalecientes sufren aislamiento e intimidación para que no contacten con personas ajenas a la empresa.
🤐 «Le dicen que como hablen con alguna asociación, abogado, o conocido en Huelva, las enviarán a una residencia más lejos, donde nadie las encuentre y luego a Marruecos sin nada, así enfermas”, se advierte en una carta remitida a la dirección de la empresa.
🤐 «Dejan sin comida o con escasa comida a las chicas que hablan con nuestra Asociación y constantemente las amenazan de diferentes formas», denuncia Fatima Ezzohayry , presidenta de AMIA.
🏥 La mutua MAZ y la clínica Quirón derivan a otras trabajadoras que requieren asistencia hospitalaria a una residencia de mayores de Tharsis.
Martes, 20 de junio de 2023. Víctimas del accidente de autobús del pasado Primero de Mayo denuncian trato «vejatorio» e «inhumano”, así como “amenazas”, que aseguran estar recibiendo por parte de la empresa Surexport tras el fatal suceso en el que falleció una trabajadora y otras 38 resultaron heridas de diversa gravedad. Todas ellas temporeras marroquíes de “contrato en origen”, llegadas a España para la campaña de recogida de frutos rojos al amparo de la denominada Orden Gecco.
Así consta en el escrito que la abogada Jahira Castillo, que representa a una docena de las mujeres accidentadas, hizo llegar el pasado lunes a la dirección de Surerxport, en el que advierte a la empresa de que “estas acciones deben parar ya”, y de que las mismas “no se pueden permitir ni un minuto más”.
En el mismo escrito, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, la abogada Castillo solicita “encarecidamente” a Surexport, cuyo socio mayoritario es el fondo especulativo internacional Alantra, que “explique si las mediadoras [de la empresa] están cumpliendo, como ellas mismas dicen, órdenes de la empresa, o si es una acción individual, carente de ningún sentido más allá que el hacer daño gratuito a quienes están un una situación muy vulnerable”.
Surexport, una de las empresas mejor valoradas de la provincia de Huelva
Según el primer ranking elaborado por la empresa DataCentric en 2018, que valora a las mayores empresas españolas por provincias a través de encuestas a profesionales locales, presencia web, índice de crecimiento, tamaño en empleados y volumen de facturación entre otros datos, la compañía agrícola Surexport S.L. ocupaba ese año el primer puesto de Huelva gracias, entre otros factores a sus 1.018 empleados y sus 78,6 millones de euros en facturación. El índice que le otorgaba la central de datos que elaboró el ránking era de 12,1 puntos.
La segunda empresa de este ránking era Mina de Aguas Teñidas (Matsa), que con 615 empleados y más de 311 millones de facturación obtenía en 2018 una puntuación de 10.9 puntos.
Por último la tercera posición de este ránking empresarial por provincias era en 2018 para Supermercados El Jamón, que con 1799 empleados y una facturación de 211 millones de euros, sumaba una puntuación de 8,5 puntos.
No es el primer aviso que Surexport recibe sobre la situación que aseguran estar viviendo las representadas por la abogada. Ya el pasado 30 de mayo, la Asociación de Mujeres Inmigrantes AMIA, a través de su presidenta, Fatima Ezzohayry, dirigía un correo electrónico a la empresa, de cuyo contenido reproducimos en su literalidad el siguiente extracto:
“Una vez más les informo, antes de realizar cualquier otra acción en aras de defender los derechos de las Mujeres Inmigrantes, a vosotros, que desde el Hostal de las accidentadas, varias chicas (más de 10) me envían mensajes de desesperación por el TRATO INHUMANO que están recibiendo por parte de una mediadora cuyo nombre es HAYAR, otra trabajadora que se llama FATIMA y la cocinera FATIHA, las cuales dejan sin comida o con escasa comida a las chicas que hablan con nuestra Asociación y constantemente las amenazan de diferentes formas. Adjunto fotos de platos de comida para cada 2 personas. Una de ellas una sopa servida en un bote de garbanzos.”
Trato inhumano
Cabe preguntarse, por ejemplo, por qué la mutua MAZ, responsable de la atención sociosanitaria de las trabajadoras de Surexport, decidió dar el alta hospitalaria a mujeres impedidas por sus lesiones hasta para ir al baño de forma autónoma, «delegando» la atención que precisan en compañeras de trabajo (algunas de ellas, también víctimas del accidente) y sin destinar ningún tipo de apoyo profesional para ellas.
Una situación dantesca que no deja a mujeres impedidas otra opción que el uso de pañales de adultos (al no contar con la asistencia necesaria o la disposición de cuñas con la que sí contarían de permanecer ingresadas en la clínica Quirón de Huelva, o cualquier otro centro hospitalario) y a la espera de la buena voluntad de sus propias compañeras de trabajo para recuperar la debida higiene, tras verse obligadas a hacerse sus necesidades encima.
¿Habrían dado el alta hospitalaria los profesionales de la clínica Quirón a una mujer blanca y española beneficiaria de un seguro privado en la misma situación de incapacidad y falta de autonomía? ¿Reciben trato diferenciado los clientes privados de aquellos que llegan a la clínica Quirón a través de la mutua MAZ? ¿Informó alguien de Surexport, MAZ o la propia clínica Quirón de las consecuencias que para su tratamiento y asistencia tendría el traslado desde los hospitales públicos en los que fueron incialmente ingresadas? ¿Carece la clínica Quirón de los recursos para ofrecer a las trabajadoras marroquíes accidentadas de Surexport la asistencia sanitaria que están todavía necesitando? ¿O es que carece la clínica Quirón de esos recursos para todos sus pacientes?
Son preguntas que La Mar de Onuba ha trasladado de forma reiterada a la dirección de la Clinca Quirón en Huelva durante los últimos días, sin que el centro hospitalario haya tenido a bien responderlas. Tampoco la mutua MAZ ha respondido a las preguntas formuladas por esta revista.
La clínica Quirón fue el centro privado al que fueron derivadas, por decisión unilateral de la mutua MAZ, las trabajadoras víctimas del accidente de autobús que inicialmente fueron ingresadas en hospitales públicos de Huelva y Sevilla. Hasta ese emomento, la Junta de Andalacía había venido informando sobre la evolución de las accidentadas. Los partes cesaron en el momento en que abandonaron los hospitales públicos.
A partir de ahí, y como reveló La Mar de Onuba el pasado 24 de mayo, la mutua comenzó a dar el alta médica a algunas de las accidentadas (que han recurrido tal decisión) y a sacar de la clínica Quirón a otras que aún requieren de asistencia profesional continuada. Es el ejemplo de las trabajadoras con problemas de movilidad que se ven obligadas a orinar y defecar en pañales.
Otras han sido derivadas a la residencia de mayores Monte Jara. Conocer su ubicación hace apenas unos días (pues ni Surexport ni las mediadoras habían informado de ello) ha sido, además de un alivio, producto de una surrealista coincidencia, que, encima, redunda en lo que parece ser una pauta de comportamiento de la mutua MAZ para con las temporeras marroquíes accidentadas.
Así lo cuenta Fatima Ezzohayry, presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción, quien por un error recibió de la residencia Monte Jara una llamada dirigida a otra Fatima, esta trabajadora de Surexport a las que algunas de las accidentadas señalan como una de las resposables del «trato inhumano» recibido de la empresa desde el accidente del Primero de Mayo. En aquella llamada, los responsables de Monte Jara querían interesarse por la posibilidad de que otras compañeras marrroquíes se hagan cargo de los cuidados de las ingresadas, a efectos de poder darles el alta en la residencia de mayores ubicada en Tharsis.
La fatal equivocación desveló adónde habían sido derivadas esas trabajadoras heridas. Ello permitió que esa misma semana fueran visitadas por Ezzohayry. «Cuando llegué y me presenté se echaron a llorar de alegría porque creían que las habían abandonado». La presidenta de AMIA asegura que estas mujeres refieren estar pasando y miedo. También que han sido víctimas, además del accidente, de constantes amenazas y coacciones para que no contactaran ni buscaran información de entidades ajenas a la empresa, como AMIA u otros colectivos sociales independientes que prestan asistencia a las trabajadoras marroquíes de contrato en origen.
«Les dicen que como hablen con alguna asociación, abogado, o conocido en Huelva, las enviarán a una residencia más lejos, donde nadie las encuentre y luego a Marruecos sin nada, así enfermas”, se puede leer en el escrito remitido a Surexport por la abogada Jahira Castillo. La letrada también denuncia que las responsables de la gran empresa de frutos rojos onubenses «se dedican constantemente a hablar mal de la Asociación AMIA, con calumnias e injurias graves».
En ese afán por evitar el libre contacto con el exterior sin «supervisión» de la empresa, las trabajadoras derivadas a la residencia de mayores de Tharsis se quejan de no haber podido acceder al WiFi del centro durante el tiempo que han permanecido ingresadas sin haber cobrado, ya que se les exigía el pago de 10 euros para acceder a la conexión. Las trabajadoras no habían percibido ningún salario desde el accidente. La semana pasada recibieron un ingreso de algo más de 1.000 euros, de los que 700 provienen de la Seguridad Social, a través de la mutua MAZ, y otros 300 formarían parte la «mejora» ofrecida por Surexport, siempre según las escasas explicaciones de la empresa recibidas por las temporeras.
Máxima tensión en el Juzgado
Un momento de extrema -innecesaria e inexplicable- tensión se vivió el lunes de la semana pasada en la sede de la Audiencia Provincial de Huelva, donde varias trabajadoras habían sido citadas para unas diligencias relacionadas con el caso, del que están por aclararse aún las circunstancias en que se produjo el accidente y las indemnizaciones que deberán percibir las víctimas.
«En el día de hoy 12/06/2023″ , recoge el escrito de la abogada Castillo a Surexport, «ha tenido lugar un desagradable incidente en la visita al Juzgado de la Palma, en la que las trabajadoras debían declarar. La mediadora de vuestra empresa, antes de llegar uno de nuestros abogados, separó, increpó, humilló y mintió deliberadamente a 6 de nuestras representadas. Las llamó ‘traidoras’ entre otras barbaridades, y prohibió a las demás trabajadoras que no tienen representación legal a que hablaran con nuestras mandantes. Según ella por órdenes de la empresa».
«Solicitamos encarecidamente a vuestra dirección que nos explique si las mediadoras están cumpliendo como ellas mismas dicen órdenes de la empresa», continúa el escrito de la abogada Castillo, «o si es una acción individual, carente de ningún sentido más allá que el hacer daño gratuito a quienes están en una situación muy vulnerable». En cualquier caso, la letrada de AMIA advierte en la carta de que «estas acciones deben parar ya».
«No se pueden permitir ni un minuto más», finaliza la misiva. «Vuestra empresa es responsable de las acciones de sus mediadoras, por lo que, de continuar, lo pondremos en conocimiento de la Inspección de trabajo, sin perjuicio de la acciones penales oportunas».
Desde el momento del trágico suceso, tanto la empresa como el propio Gobierno de España desplegaron un amplio abanico de informaciones recogidas por diferentes medios de comunicación nacionales, en las que se aseguraba que se pondrían a disposición de las accidentadas todos los recursos y medsidas necesarias para una convalencencia satisfactoria. Entre otras, facilitar que los familiares de las víctimas más graves pudieran venir a España para estar con ellas y ayudar durante su recuperación. No han podido disfrutar, tampoco, de ese presunto beneficio, que solo conocen, aseguran, a través de lo publicado en la prensa.
Ninguna de las personas consultadas por esta revista comprende qué está pasando con las temporeras accidentadas de Surexport. Ni a qué responden los hechos relatados.
Venga ya ahora quieren hundir a Huelva. No me creo nada lo siento
En España, como en Marruecos, nadie te regala la atención a la dependencia,cy menos personalizada. Te esperas a la indemnización y, si te llega y, en cualquier caso, tu familia es la que pringa. Eso es así para los españoles, miles, que caen en la dependencia al año,y cuyos hijos trabajan, o no tienen. No tiene que ser especial para las marroquíes inmigrantes, que en su país, el autobús no lleva ni seguro, ni te pagan el hospital, ni la residencia de recuperación, ni ye indemnizan. A cambio, tienen decenas de familiares que no trabajan para cuidarlas. Mi tía cayó en dependencia repentina total, sin hijos ni marido, y tenemos que reunir 3000 euros al mes y ocuparnos de muchas cosas, mientras trabajamos, quitarles atención y comida a nuestros hijos, incluso, para pagarle la residencia. En España y en Europa tampoco se regala nada, señoras marroquíes. Y en su país, ni el rescate de la ambulancia ni el tiempo de hospital.