«Un manifiesto contra la dispersión de los presos vascos, apoyado por un gran número de personalidades vinculadas a la cultura»
«La solidaridad entre progresistas y gente de izquierdas de distintas opciones políticas y con diferentes proyectos nacionales es un paso interesante a destacar».
Ni fu, ni fa. Los últimos días del primer mes del 2021 han sido (cuidado que todavía no ha terminado) aquellos en los que no ha tenido lugar un hito histórico-mediático a modo de lo que venía aconteciendo últimamente: asalto de hordas de ultraderechistas al Capitolio, nevadas que colapsan metrópolis… Nuestras mentes, ávidas de reggaetón informativo, podrían estar en un estado latente de aburrimiento (no lo creo, un poquito de descanso viene bien) y, si algún historiador estuviera estudiando nuestro presente desde el futuro, podría deslizar su dedo sobre estos últimos días en el calendario sin demasiado interés.
Para que esto no ocurra, frente al riesgo de que queden en el olvido algunas cuestiones, escribo este artículo sobre estos días que, sin apoteosis, ha tenido acontecimientos importantes que dicen mucho, muchísimo, sobre nuestra época, sobre el terreno de juego en el que se disputan la política y, por tanto, los intereses de la gente y la actual correlación de fuerzas. Los apunto para que el historiador del futuro, si leyera este artículo, pudiera hacerse eco de los mismos. En el Estado, ha llamado la atención cómo algunas personalidades relevantes de la cultura española han dado el paso para firmar un manifiesto y comprometerse con el fin de la excepcionalidad que supone la dispersión de presos vascos. Uno de esos movimientos que, si bien no han copado titulares, bien pueden suponer un paso importante de cara a labrar un futuro de convivencia que pueda pasar página de un pasado oscuro.
El historiador del futuro que lea estas líneas también puede percibir que estos días fueron claves en el devenir de la Unión Europea. Otra vez la institución comunitaria vuelve a pinchar en un momento clave de la pandemia, en esta ocasión al ver cómo le chulea la multinacional de las vacunas Astrazeneca. Si en la primavera del 2020, la falta de coordinación hizo que estados que la integran compitieran por elementos básicos como mascarillas, EPI y respiradores en un mercado altamente tensionado, durante el resto del año pasado Bruselas trabajó para evitar una desintegración de la Unión Europea que ya había empezado con el Brexit. No sabemos, claro, desde este momento, cómo acabará la historia, quizás el historiador que nos mira desde el futuro lo sepa mejor. Ante tal marejada de información, es posible que el asunto que nos ocupa haya pasado desapercibido en muchos sectores.
Volvamos a él. La semana en la que comenzó la campaña de las catalanas del 2021, la cuestión nacional del Estado español se encuentra en un segundo plano. La tragedia de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales lo abarcan todo, así ha de ser hasta que se solucione una situación que, hasta el momento, solo vislumbra un horizonte de la mano de la vacunación e inmunización colectiva (multinacionales mediante). Sin embargo, los problemas atávicos inherentes al Estado español continúan, quizás agazapados, pero existentes en todo caso. Y uno de ellos es el territorial.
Tras una década de protagonismo catalán en este ámbito, las elecciones del pasado verano de Euskadi y Galicia fueron un claro ejemplo de una tendencia que va en aumento y señala un nuevo ciclo político: la izquierda cada vez se aproxima más a un soberanismo que cuestiona la unidad nacional del Estado español o, lo que es lo mismo, en cada vez más territorios (Galicia, Euskadi, pero también País Valencià y, por qué no, Andalucía) queda patente una relación a tener en cuenta: la cuestión social y la cuestión nacional van de la mano. Frente a la involución democrática que proponen las derechas y ultraderechas y su modelo centralista desde Madrid, las alternativas surgen cada vez más pegadas a los diferentes territorios. En este sentido, merece la pena recoger el guante de la iniciativa ‘Nuevo Camino Sin Retorno’. Un manifiesto que reclama el fin de la política de dispersión de presos vascos, cuando ya casi ha pasado una década del fin de la acción armada de la banda terrorista ETA.
Este manifiesto ha sido apoyado por un nutrido número de personas vinculadas a la cultura, el periodismo, la política o los movimientos sociales, tales como Pablo Elorduy, Nuria Alabao, Montxo Armendáriz, Rommy Arce, Carlos Bardem, Daniel Bernabé, Cristina Fallarás, Javier Gallego ‘Crudo’, Justa Montero, Federico Mayor Zaragoza, Ana Pardo de Vera, Jaime Pastor, Edurne Portela, Isaac Rosa, Lorena Ruiz-Huerta, Willy Toledo, Clara Sera, Nacho Vegas, Iñaki Gabilondo, María Eugenia Rodríguez Palop, Alberto San Juan, la APDHA o Eduardo Madina, entre otros muchos.
“Transcurrida casi una década desde que ETA anunció el cese de su actividad armada y más de dos años desde su disolución definitiva, los avances en favor de la convivencia siguen siendo un proceso abierto y todavía inacabado”, comienza el texto. “La apertura de esos espacios de convivencia, junto a la normalización institucional, los esfuerzos en pro de la memoria, los diferentes programas educativos y un buen número de proyectos culturales nos están mostrando que la sociedad vasca ha decidido apostar de forma decidida por un camino sin retorno. Camino del que nadie debe quedar excluido. Tampoco todas esas personas condenadas por delitos de terrorismo que continúan cumpliendo su condena en cárceles alejadas de sus familiares y de su lugar de origen. Personas que, todavía hoy, siguen sufriendo lógicas de excepcionalidad de un tiempo ya pasado”, prosigue.
“Los esfuerzos que el actual Gobierno de coalición está haciendo para poner fin a esta excepcionalidad deben continuar hasta completar plenamente el traslado al País Vasco de todas las personas presas por delitos de terrorismo. No tiene razón de ser que haya presos que queden al margen de las normas penitenciarias que rigen para el resto de los reclusos en lo relativo al lugar donde cumplen condena, los requisitos de progresión de grado o la excarcelación humanitaria en caso de enfermedad grave”, recuerdan los firmantes, y animan al Gobierno de coalición a que “complete el traslado a las cárceles del País Vasco de todas las personas que actualmente cumplen condena por terrorismo lejos de su lugar de origen y del lugar de residencia de sus familias”.
Más allá de que el manifiesto suponga el apoyo a una medida política determinada, tiene de novedoso la implicación de personas de izquierdas y progresistas con distintas referencias nacionales del Estado en un mismo objetivo. Algo difícil de encontrar en los años previos a estas fechas, cuando el conflicto catalán ha estado más caliente y la solidaridad ha tenido bastante en cuenta las fronteras. La solidaridad entre progresistas y gente de izquierdas de distintas opciones políticas y con diferentes proyectos nacionales es un paso interesante a destacar. Llamemos la atención sobre ello, para que al historiador del futuro no le pase desapercibido.
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