Ecologistas en Acción alerta de los riesgos de descatalogación y urbanización de montes públicos andaluces con el nuevo anteproyecto legislativo de la Junta de Andalucía.
Viernes, 1 de noviembre de 2024. En un movimiento que podría redefinir el uso y la protección de los montes públicos en Andalucía, el anteproyecto de Ley de Montes elaborado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha suscitado profundas preocupaciones entre los defensores del medio ambiente. Ecologistas en Acción ha presentado 90 alegaciones a un texto que consideran productivista y regresivo, al tratar los montes como simples activos económicos, ignorando su valor ecológico y su papel en la regulación climática, la conservación del agua, y la biodiversidad.
Uno de los aspectos más alarmantes, según el comunicado de Ecologistas, es la eliminación del artículo 27 de la Ley Forestal de 1992, que protegía los montes públicos de la urbanización al considerarlos suelo no urbanizable de especial protección. En cambio, el nuevo texto permite la urbanización y privatización de terrenos forestales, con cláusulas que facilitan su descatalogación si cambian de manos o dejan de ser propiedad pública. Además, otorga al Consejo de Gobierno la potestad de excluir terrenos del Catálogo de Montes Públicos para expandir áreas urbanizables o en beneficio de proyectos privados que se declaren de «interés general».
Para Ecologistas en Acción, esta ley va en contra de la Ley estatal 43/2003 de Montes, que restringe la descatalogación únicamente a casos de pérdida natural de las características forestales originales. Frente a esto, el colectivo propone declarar los montes públicos como bienes de dominio público, garantizando su inalienabilidad y evitando su explotación comercial y privatización.
Además, el anteproyecto plantea cambios que limitan los derechos de los ciudadanos sobre el uso de montes públicos, con concesiones privadas de hasta 75 años, y debilita el derecho de tanteo y retracto de la Junta para ampliar el patrimonio forestal, al aplicarlo solo a fincas de más de 400 hectáreas, un umbral que podría sortearse mediante la división de terrenos.
Según la organización, el anteproyecto abre la puerta al cambio de uso forestal en terrenos quemados y otros montes, permitiendo plantaciones agrícolas en lugar de especies forestales, y autoriza la tala de árboles para el laboreo del suelo. Además, al introducir el silencio administrativo, estas actuaciones quedarían aprobadas si la administración no responde a las solicitudes en plazo, generando un escenario que Ecologistas en Acción describe como «una auténtica barbaridad».
Para los ecologistas, esta ley simboliza una grave regresión en la protección medioambiental de Andalucía, situando el interés económico por encima de la sostenibilidad y relegando la conservación del patrimonio natural andaluz a un segundo plano. La «revolución verde» de la Junta, señalan, se diluye con cada concesión a intereses privados y urbanísticos que esta nueva normativa representa.
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