Domingo, 6 de octubre de 2024. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), anunció el pasado 2 de octubre, en una rueda de prensa cargada de pomposidad y grandilocuencia, que se ha marcado como objetivo lograr para la capital onubense el «reconocimiento como Gran Ciudad». Escoltada por su equipo de confianza, la primera edil popular no escatimó en adjetivos para describir lo que, según ella, supone un hito en la historia de la capital onubense. Con la promesa de mejoras en los servicios, la financiación y un mayor peso en la estructura territorial del Estado, Miranda busca atraer el apoyo de todos los grupos políticos en un pleno extraordinario convocado para el próximo miércoles.
AUDIO: Rueda de prensa de Pilar Miranda y su equipo económico (2 de octubre de 2024)
Tras el brillo de los anuncios, empero, es necesario cuestionar lo que realmente significa esta «declaración». Y, sobre todo, preguntarse: ¿hay algo de sustancia tras todo este espectáculo?
La inexistente «Declaración de Gran Ciudad»
Lo primero que llama la atención es la mención constante de un supuesto «nombramiento de Huelva como Gran Ciudad”, como si esto fuera una distinción oficial reservada para las urbes que cumplen con ciertos requisitos. Lo cierto es que tal declaración no existe. En realidad, lo que contemplan la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (citada habitualmente, por economía del lenguaje, como ley de grandes ciudades) es la posibilidad de que, excepcionalmente, ciertos municipios de más de 75.000 habitantes accedan al mismo «régimen de Gran Población» reservado a municipios de más de 250.000, capitales de provincia con más de 175.000, y aquellos municipios que sean capital de comunidad autónoma. Estos gozan de una estructura administrativa diferente que permite una mayor descentralización en aras de una mayor eficiencia en la gestión pública, sin que implique automáticamente nuevas vías de financiación ni privilegios especiales.
Este malentendido inoculado en el imaginario de la opinión pública de Huelva no parece simple error, sino estrategia de marketing político. Un intento de revestir de grandeza un cambio administrativo que, aunque relevante, no va a suponer, per se, el «impulso definitivo a las inversiones» o la «llegada de la Alta Velocidad», como se prometió con aires de certeza en una rueda de prensa convocada cuando el equipo de gobierno de Pilar Miranda empieza acusar desgaste y necesita mostrar logros visibles. Ante los múltiples escenarios de decepción y enfado que se le abren a la alcaldesa popular (sobre todo en aquellos barrios que Miranda dice querer convertir en distritos con presupuesto y gestión propia), qué mejor que prometer a la ciudadanía onubense un nuevo estatus que parece elevar a Huelva a una posición superior. Pero detrás de la retórica queda la realidad de la ciudad, que sigue enfrentándose a problemas estructurales como el desempleo, la falta de infraestructuras adecuadas y la necesidad de inversiones reales, no simbólicas.
¿Nuevas vías de financiación? Una promesa vacía
Una de las grandes promesas de Pilar Miranda es que el estatus de «Gran Ciudad» permitirá acceder a nuevas vías de financiación. Suena atractivo, pero resulta poco más que un espejismo. El “régimen de Gran Población” no garantiza el acceso a «fondos adicionales» ni proyectos “reservados exclusivamente a grandes ciudades” que, como la Declaración de Gran Ciudad, no existen. Las convocatorias de fondos europeos o nacionales dependen de la calidad de los proyectos presentados, no del tamaño administrativo del municipio.
Es cierto que el cambio a este régimen puede facilitar la gestión y agilizar ciertos procesos burocráticos, pero las dificultades financieras de Huelva, como las de muchas otras ciudades, no se solucionarán mágicamente con una declaración. La «eficiencia administrativa» no sustituye la necesidad de proyectos sólidos y de un plan estratégico de desarrollo que vaya más allá de la simple reorganización interna.
Otro aspecto a destacar es que Huelva ya cuenta con ciertas ventajas por el simple hecho de ser capital de provincia. Este estatus le otorga una representación institucional y le permite acceder a fondos y proyectos que no están limitados a ciudades con el régimen de Gran Población.
¿Qué aportaría de manera sustancial el nuevo estatus, más allá de una reestructuración interna que en muchos casos solo podría añadir más burocracia y gasto?
El verdadero interés de Huelva no radica en su modelo de organización administrativa, sino en su capacidad para atraer y gestionar proyectos de infraestructura como la llegada de la Alta Velocidad, el aeropuerto capitalino, o la mejora del desarrollo industrial y portuario. Pero estos proyectos dependen de estrategias estatales y autonómicas, no del título que ostente la ciudad.
La solicitud de Huelva como «Gran Ciudad», en conclusión, acusa síntomas de movimiento de política mal entendida más que administrativo. De golpe de efecto para generar titulares y la ilusión de un progreso no garantizado. Los problemas de Huelva, como el resto de las ciudades medianas en España, requieren de inversiones estructurales y políticas audaces, no de promesas vacías.
El verdadero cambio no vendrá con la obtención de un nuevo estatus burocrático, sino con la exigencia de transparencia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos, la lucha contra la desigualdad y el desarrollo de verdaderos proyectos sostenibles que respondan a las necesidades reales de los onubenses.
Conviene permanecer vigilantes ante estrategias que, bajo el brillo de promesas grandilocuentes, esconden la falta de soluciones efectivas para los problemas estructurales de la ciudad.
Perico Echevarría es editor y director de lamardeonuba.es
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