Mesa de la Ría denuncia el convenio del “comité de expertos” suscrito con la Universidad a espaldas del Pleno y de la Mesa de Participación

A juicio de Mesa de la Ría, el convenio para la configuración del equipo de expertos, que debe asesorar a la Mesa de Participación, creada para la búsqueda de soluciones a los Fosfoyesos, se ha elaborado al margen del pleno municipal y del propio órgano de participación.

Desde este colectivo no entendemos el motivo por el que el nuevo convenio fue firmado por el alcalde el pasado 3 de mayo, en pleno proceso electoral, sin dar participación e información al resto de la corporación municipal (gobernada entonces por un PSOE en minoría), un ejemplo de la falta de participación del Sr. Cruz.

Para Mesa de la Ría, en la situación actual, una vez que el Ayuntamiento ha alegado negativamente en el trámite de evaluación ambiental del proyecto de Fertiberia, no tiene sentido que se firme un convenio que plantee seguir estudiando dicho proyecto que supone el tapado de las balsas de fosfoyesos con una «capita de tierra», y que no se aborde la limpieza de la marismas, cuando ya son evidentes los daños a la salud provocados por la presencia de contaminantes en la cadena trófica a través de las filtraciones al mar de las balsas, demostradas por el equipo de expertos dirigido por el profesor José Borrego, doctor en Geología y catedrático de la UHU .

Mesa de la Ría ha solicitado una reunión con la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, para exponerle la preocupación del colectivo, puesto que Huelva está a la espera de la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Ministerio de Transición Ecolológica.

Para Mesa de la Ría sería necesario la incorporación de un equipo de juristas al ‘Comité de Expertos’ para que actúen en la exigencia de responsabilidad ambiental contra el grupo de Villar Mir, antes que se haga efectiva la venta definitiva de Fertiberia a un fondo de inversión afincado en Jersey, más aún cuando, a fecha de hoy, la empresa no ha aportado a la Audiencia Nacional el aval de 65 millones de euros que le ha exigido el Tribunal Supremo.

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