“[La COPE] No solo recibe cuantiosos encargos publicitarios, también se beneficia de la inacción de la Junta de Andalucía sobre sus emisoras piratas. Clausuradas muchas, es verdad, pero mágicamente a fecha de hoy siguen emitiendo ilegalmente sin que desde el bipartito PP-Ciudadanos se haga nada al respecto”.
El empresario Manuel Fernández Valdivia, escribe sobre el Partido Popular y la COPE: “Entre otras cuestiones, el periodista José Antonio Abellán, denuncia que la conferencia episcopal, dueña de COPE con el dinero de las limosnas y el IRPF estatal, convenció al número dos de la Junta, Elías Bendodo, para que le perdonara 400 millones de euros y regalarle cientos de emisoras. Según él supone “a cambio de un buen paquete de dinero negro”.
Lunes, 29 de marzo de 2021. Perdonen si hoy me salgo un poco de la línea habitual, centrada en la corrupción, corruptelas y desmanes políticos vividos en San Pedro Alcántara y Marbella, para hacerme eco de las presiones que, nuevamente, se intentan ejercer contra algunos medios de comunicación, sobre todo cuando no existen argumentos para contrarrestar el fondo de la cuestión. En este caso, la compraventa de influencias para mantener “negocios” de uno u otro amigo, explotador de otros medios de comunicación. Los dóciles, accesibles y, normalmente, escorados claramente hacia un lado de la balanza política.
Gracias al periodista José Antonio Abellán, se ha destapado toda una trama de favores que implica a la actual cúpula del Partido Popular andaluz y, por tanto, a los dirigentes de la Junta de Andalucía con mando en el espectro de las telecomunicaciones autonómicas.
Ganadas las elecciones mediante acuerdos en despachos, el Partido Popular, en primer lugar, se hace con el control absoluto del ente andaluz, Canal Sur Radio y Televisión. Despiden o relegan a quienes desde hace tantos años han hecho una programación de calidad para Andalucía. Gustara más o menos, con sus defectos y virtudes, en sus emisiones cabíamos todos. Se criticaba al gobierno andaluz socialista, a sus en ocasiones coaligados y, por supuesto, a los gobiernos locales que, de un color u otro, no hacían bien su trabajo de administrar lo público. Ahora es un nido de paracaidistas bien pagados, al servicio del régimen.
Pero el afán de esta derecha por controlar todos los medios de comunicación, no para ahí. Junta y ayuntamientos populares se lanzan a un segundo control por medio del reparto de publicidad. Les llega solo y exclusivamente a quienes le bailan el agua. En esa lista hay muchos, incluidas cabeceras provinciales como Diario Sur pero, la que más recibe de una u otra forma, es la ultraderechista Cadena COPE. Bastión del clericalismo más ortodoxo, herederos de aquellos obispos que en el 37 firmaron y afirmaron que el golpe de Estado franquista era, nada más y nada menos, que una nueva cruzada.
No solo reciben cuantiosos encargos publicitarios, también se benefician de la inacción de la Junta de Andalucía sobre sus emisoras piratas. Clausuradas muchas, es verdad, pero mágicamente a fecha de hoy siguen emitiendo ilegalmente sin que desde el Bipartito PP-Ciudadanos se haga nada al respecto. De ahí el decretazo paralizado por el Supremo, en el que se daba libertad para transmitir ilegalmente a todo el que le diera la gana e, incluso, facturar publicidad por ello. O lo que es igual, convertir el espectro radiofónico en una ciudad sin ley al servicio de quienes les permiten operar sin control alguno, más allá de lo que ya es.
Entre otras cuestiones, el periodista José Antonio Abellán, denuncia que la conferencia episcopal, dueña de COPE con el dinero de las limosnas y el IRPF estatal, convenció al número dos de la Junta, Elías Bendodo, para que le perdonara 400 millones de euros y regalarle cientos de emisoras. Según él supone “a cambio de un buen paquete de dinero negro”. Estas y otras denuncias relacionadas con una supuesta mafia radiofónica, les han costado caras al periodista, el cual ha llevado toda la documentación que posee a los juzgados, sin librarse, según él mismo relata, de detectives mandados por COPE, a quien nadie escapa, debe continuar con su negocio para poder pagar, sobre todo, la cuantiosa factura de su líder espiritual y gurú de la ultraderecha, Carlos Herrera.
Pero, no se vayan todavía, que aún hay más. Resulta que desde el año 2002, el malvado gobierno socialista, se adelantó al nacional, dando la posibilidad de otorgar licencias a “emisoras comunitarias” sin ánimo de lucro. Colectivos sociales que, de forma reducida, vieron como su voz, casi en igualdad de condiciones, podía hacerse llegar a su barrio, población o, incluso, centro educativo. Pues bien, a pesar de cumplir con la legalidad autonómica y nacional vigente, la Junta de Andalucía y el Bipartito que la gobierna, obligan, a aquellos que pueden, iniciar costosos procedimientos contenciosos-administrativos para que los jueces sean, como ha ocurrido ya en otras comunidades autónomas, quienes declaren efectivo el “derecho de antena” que poseen los ciudadanos, según lo establecido en el Artículo 20 de la Constitución Española. Y es que, si no llegas de la mano de un padrino, no hay forma de conseguir una frecuencia de FM.
Y esa, señoras y señores, es una de las tácticas utilizadas por Joseph Goebbels, hoy en manos del Partido Popular y su aliado Ciudadanos, estos últimos que decían venir a Andalucía para combatir la corrupción.
Después están un puñado reducidísimo de disidentes. La resistencia “armada” con plumas y papel. Como en toda guerra, sin más pertrechos que los hechos a pecho descubierto. Enemigo a batir con toda la maquinaria bélica de la todopoderosa Junta de Andalucía y sus secuaces. Como unos Stéphane Hessel, la revista El Observador es de los pocos reductos de libertad que existen en la provincia de Málaga y me atrevería a decir que, en toda Andalucía, donde el mensaje diario es ¡Indignaos! ¿En qué otra parte me permitirían decir absolutamente todo lo que pienso?
Y por ello, desde aquí también, muestro mi más rotundo apoyo a este medio de comunicación, a sus empleados y colaboradores. Pasamos por la misma situación. Una vida llena de verdades que quieren callar con dinero, mentiras y amenazas. Aun así, seguimos.
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