El Partido Popular se ha radicalizado. Hasta el punto de resultar irreconocible en España y desconcertante a los ojos de la derecha democrática europea. Esto es una evidencia a los ojos de cualquier analista mínimamente objetivo.
El PP de Pablo Casado ha extremado su discurso, ataca con una virulencia rayana en la injuria a sus adversarios, y practica el boicot a las instituciones sin recato ni disimulo.
Pudiéramos pensar que la razón de tal extremismo debe buscarse en el propio perfil personal de los actuales dirigentes del PP, ya que muchos de ellos proceden del entorno de José María Aznar y Esperanza Aguirre.
Pero, probablemente, la razón última de esta deriva radical reside en otro factor, más relacionado con los temores demoscópicos que con las convicciones ideológicas de Casado, García Egea y compañía. Temen al crecimiento de los ultras en las encuestas y actúan condicionados por ese miedo.
El objetivo prioritario de la dirección del PP hoy es frenar la sangría de votos hacia la extrema derecha. Se entiende, pero resulta evidente que su estrategia es equivocada. No se combate el crecimiento de los ultras dándoles la razón. No se detiene la transferencia de apoyos a Vox intentando convencer a los españoles de que Casado puede ser tan extremista como Abascal.
Cuando el PP asume los valores de los ultras, el discurso de los ultras y las iniciativas de los ultras, está convenciendo a su electorado de que debe votar a los ultras.
El mejor modo de combatir el crecimiento de la extrema derecha consiste en condenar el extremismo, alejarse de la demagogia ultra y asumir la responsabilidad institucional de una formación política de gobierno. Eso es lo que hacen Merkel y Macron. En Alemania y en Francia, la derecha democrática combate a los ultras. No copia su discurso. No se asocia con ellos.
Los ejemplos que ilustran la deriva extremista del PP son muchos.
Casado y los suyos han boicoteado las medidas implementadas por el Gobierno de España para salvar vidas en la lucha contra la pandemia. Junto a los ultras, se negaron a respaldar las prórrogas imprescindibles del Estado de Alarma, y han utilizado una y otra vez a los gobiernos autonómicos, especialmente el de Madrid, para obstaculizar las medidas recomendadas por los científicos.
El presidente del PP ha llegado al extremo de convocar a los embajadores de los países europeos para criticar al Gobierno de España, cuestionar el uso que podría darse a la ayuda europea negociada por Pedro Sánchez, y entorpecer la llegada de esos recursos imprescindibles para combatir la pandemia y recuperar la economía y el empleo en nuestro país.
La negativa a colaborar en la renovación de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el consejo de RTVE, está adquiriendo tintes de auténtico sabotaje al Estado de Derecho, sin precedentes en las democracias consolidadas de nuestro entorno.
Un buen símbolo del efecto arrastre del PP respecto a la ultraderecha lo hemos tenido en Madrid, cuyo Ayuntamiento ha cometido la ignominia de retirar del callejero de la capital los nombres de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, dos grandes luchadores por la libertad, ministros del Gobierno democrático de España y defensores de la legalidad constitucional frente al franquismo.
Durante los últimos años, y especialmente en estos últimos meses, el PP de Pablo Casado ha practicado el seguidismo de la ultraderecha en el discurso antifeminista, cargando una y otra vez contra las manifestaciones del 8M por la igualdad; en el tratamiento xenófobo de la problemática migratoria y “los modos de vida de los inmigrantes” (Diaz Ayuso dixit); en el sesgo clasista de sus medidas, como los confinamientos solo para obreros en Madrid; en el lamentable “pin parental”; en el discurso demagógico sobre los “menas”; y un largo etcétera.
La salida abrupta del PP de Pilar Martínez, quien fuera durante un tiempo referente de la derecha española más centrada, ha sido muy significativa en relación a esta denuncia sobre el creciente extremismo de la derecha española.
La radicalización del PP no es una buena noticia, ni para ellos, ni para el resto de los españoles. Ojalá reflexionen y rectifiquen.
Rafael Simancas es secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.
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