El Acuerdo permitirá a las mutuas llevar el control casi absoluto de las «bajas» y del proceso asistencial, dejando sin dichas funciones al médico/a de familia.
«Es más que evidente que ponen en bandeja de plata la degradación del Sistema Sanitario Público de Andalucía», denuncia UGT-A.
CC.OO. advierte de que «dejar a los médicos de familia fuera del tratamiento y control de esas IT supone una parcelación de la asistencia sanitaria».
Viernes, 4 de agosto de 2023. Los sindicatos CCOO-A y UGT-A han alertado este viernes contra los avances del gobierno andaluz del Partido Popular para privatizar la sanidad pública, esta vez a través de las mutuas laborales. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de un Convenio de Colaboración entre la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía e Ibermutua para «potenciar la colaboración sanitaria en procesos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes», ha hechos saltar todas las alarmas en las sesdes de ambas fuerzas sindicales.
Asistencia prestada por las mutuas «sin coste para el SAS»
El acuerdo suscrito entre la Junta de Andalucía e, inicalmente, la empresa Ibermutua, cuyos servicios sanitarios tendrán el control de las situaciones de baja laboral de trabajadores andaluces, establece que los gastos derivados e la asistencia sanitaria prestada a los trabajadores en baja con el objetivo de adelantar cualesquiera prueba o tratamiento «se asumirán íntegramente por Ibermutua». Asimismo ambas entidades acuerdan que esta asistencia será prestada, en todo caso, en «centros sanitarios autorizados por la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma», o bien a través de los servicios médicos especializados propios de la mutua o bien en centros concertados», pero «siempre sin coste para el Servicio Andaluz de Salud».
De esta forma, cuanto más dure la situación de Incapacidad Temporal de la personas trabajadoras enfermas o accidentadas, mayor será el coste para las mutuas.
«Esta Consejería innovadora está dando un paso más para la privatización de nuestro Sistema Sanitario Público, que consiste en la publicación en el BOJA de hoy de un «Convenio de Colaboración entre la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía e Ibermutua al que se pueden adherir todas las Mutuas que quieran», advierten desde UGT-A.
«Se trata de que estas hagan el seguimiento y control de los procesos de Incapacidad Temporal derivados de contingencias comunes», añade el sindicato. La asistencia sanitaria prestada por las mutuas, en relación con el proceso causante de la situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, podrá extenderse a los siguientes ámbitos: 1. Exámenes y reconocimientos médicos. 2. Pruebas diagnósticas y funcionales complementarias. 3. Exámenes y reconocimientos médicos en interconsultas de atención especializada. 4. Dispensación de especialidades y productos farmacéuticos. 5. Tratamientos de fisioterapia y rehabilitación física. 6. Intervenciones quirúrgicas, en su caso.
Aunque las mutuas tendrán que solicitar el consentimiento del trabajador/a, «es más que evidente que ponen en bandeja de plata este consentimiento y la consiguiente degradación del Sistema Sanitario Público de Andalucía («váyase usted a la Mutua que seguro que le atienden más rápido y mejor que en el SAS»), algo absolutamente perverso y un paso más para la privatización y desaparición de la actual Atención Primaria», denuncia el sindicato ugetista. «Además, esta externalización del servicio de seguimiento de las bajas por contingencias comunes, tienen la desfachatez de basarlo en favor de la agilización de la prestación asistencial y curación del paciente y de una mayor eficiencia económica y de la optimización del aprovechamiento de recursos públicos«.
Por otro lado, desde UGT Servicios Públicos Andalucía también destacan que «este convenio ignora absolutamente que las trabajadoras y trabajadores de las mutuas «están en una situación laboral que deja mucho que desear y que, más bien, están pidiendo pasar a formar parte del Sistema Sanitario Público de una manera total y sin estas «medias tintas» que solo tienen un sentido desde el punto de vista del ahorro económico a costa de la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras».
CC.OO. contra la mercantilización de las bajas laborales
Por su parte, la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha mostrado su total oposición a la medida del Gobierno andaluz de traspasar la gestión de las bajas laborales por contingencia común a las mutuas laborales, según ha indicado en un comunicado la organización sindical.
CCOO-A ha resaltado que se trata de un acuerdo que deja en manos de las mutuas el seguimiento y control de las incapacidades temporales por contingencias comunes. Es decir, por cualquier enfermedad común, y no solo por procesos traumatológicos o por accidentes laborales. Asimismo, la central ha explicado que las mutuas podrán hacerse cargo de todo el proceso diagnóstico y del tratamiento del paciente, así como emitir un «informe final» proponiendo el alta a la inspección médica al margen del criterio que puedan tener los médicos de familia y de Atención Primaria sobre tratamiento y evolución de las enfermedades de sus propios pacientes.
La federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A ha advertido que «dejar a los médicos de familia fuera del tratamiento y control de esas IT supone una parcelación de la asistencia sanitaria». «Estamos hablando de mercantilizar la baja laboral dejando en manos de una entidad patronal un proceso que tiene consecuencias económicas para las empresas. La baja laboral no es un mero acto administrativo, sino que es una medida que forma parte del tratamiento del paciente», ha argumentado el portavoz de la federación, Luis González.
Para el sindicato, «se trata de un sistema perverso donde incluyen la voluntariedad del paciente que tiene que elegir entre mantener sus molestias durante años en una lista de espera infinita en lo público o ir a la mutua en un corto plazo de tiempo, sin saber, eso sí, las consecuencias finales de esa decisión». En este sentido, González ha vuelto a exigir a la Junta presupuestos y personal suficientes para la sanidad pública, que permitan «una asistencia sanitaria adecuada y sin demoras intolerables, y no más medidas intolerables de privatización». Por el portavoz de CC.OO, «el Gobierno andaluz afronta la penosa gestión de las listas de espera con una doble vía de privatización: con los centros sanitarios privados antes y ahora también con las mutuas».
Privatización de la Atención Primaria
En otro orden de cosas, el sindicato ha recordado que la Junta sacó el pasado año, también en el mes de agosto, «una orden de tarificación que incluía un avance hacia la privatización de la sanidad con la posibilidad de privatizar las consultas de Atención Primaria».
«Una Orden que, a fecha de hoy, no ha sido modificada, a pesar de los acuerdos firmados por el propio presidente del Gobierno andaluz y por la Consejería de Salud que obligaban a retirar la Atención Primaria de esa tarificación», ha explicado la federación.
La Consejería de Salud y Consumo ha cargado este mismo viernes contra las críticas de CCOO-A y UGT-A, y ha asegurado en un comunicado que "el convenio de colaboración de la Junta de Andalucía con Ibermutua viene a reforzar y garantizar la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores".
La Consejería que dirige la popular Catalina García asegura que el convenio "viene a reforzar y garantizar la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores, siempre con las competencias que la ley faculta a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, sin olvidar que es un proceso voluntario del trabajador y que debe ser autorizado previamente por el Servicio Público de Salud".
Igualmente, la Consejería sostiene que "el Real Decreto 400/1984, de 22 de febrero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía es competente para prestar la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social y, a través de los facultativos de su Servicio Público de Salud (SPS), extender los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta que establecen el inicio y la duración, con carácter general, de los procesos de Incapacidad Temporal (IT) en su territorio".
Además, dicho real decreto asigna a Andalucía la competencia, "mediante la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud y Consumo", de "participar en la responsabilidad de gestionar y controlar la prestación junto con las Entidades Gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social, de conformidad con el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración". De igual modo, resaltan que "conforme a lo establecido en el artículo 80.2.b) del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen atribuidas la gestión de la prestación económica por IT derivada de contingencias comunes".
"Para ello, y conforme a lo previsto en el artículo 82.4.d) del referido Real Decreto Legislativo, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de los procesos previstos en esta disposición, previa autorización del médico del servicio público de salud y consentimiento informado del paciente", afirma el comunicado de la Consejería.
La Consejería subraya que "la asistencia sanitaria de los trabajadores en situación de incapacidad permanente por contingencias comunes corresponde al Servicio Público de Salud, siendo responsable de esa asistencia y de la emisión de los partes de baja, confirmación y alta el médico de Atención Primaria que tiene asignado el paciente".
La Inspección de Servicios Sanitarios, por su parte, "tiene asignadas las competencias de inspección, vigilancia y control de las situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes durante los primeros 365 días de duración de la prestación", y "la mutua colaboradora de la Seguridad Social ejerce, a través de los servicios médicos de que dispone, el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes", según concluye el comunicado de la Consejería de Salud y Consumo.
Sea el primero en desahogarse, comentando