«La completa dependencia de los trabajadores migrantes estacionales en el negocio de la fresa de Huelva conduce rutinariamente a situaciones que equivalen a trabajos forzosos», sostiene el Relator para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos.
«Los Gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades, no suyo. Este hábito de pasarse la pelota debe terminar», advierte Olivier De Shutter.
Viernes, 26 de junio de 2020. «España contrató a temporeras marroquíes durante la pandemia de coronavirus para la recogida de la fresa. A pesar de que se les consideró trabajadores esenciales, ni el Gobierno ni las empresas tomaron medidas para protegerlos del COVID-19 y a los que enfermaron no se les garantizó la atención médica».
Así lo recoge un comunicado dado a conocer este viernes por el Relator Especial de la ONU sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Olivier De Schutter, quien ha asegurado que «las autoridades españolas son responsables de garantizar a los trabajadores migrantes unas condiciones laborales que cumplan con las normas internacionales, entre ellas el acceso a una atención sanitaria adecuada».
«Miles de mujeres de Marruecos viajan cada año a la ciudad española de Huelva durante la cosecha anual de fresas, donde a menudo trabajan por encima del límite legal de horas de trabajo en España y se les paga por debajo del salario mínimo, o incluso no se les paga en absoluto».
Según De Schutter, «los Gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades, no suyo».
Los empresarios no tienen excusas
«Este hábito de pasarse la pelota debe terminar. El incumplimiento por parte de un empleador de los derechos de sus empleados nunca puede justificarse por el hecho de que las autoridades del Estado no apliquen efectivamente la legislación nacional o no cumplan las normas internacionales de Derechos Humanos”, asevera el relator Especial de la ONU.
«La completa dependencia de los trabajadores migrantes estacionales en el negocio de la fresa de Huelva conduce rutinariamente a situaciones que equivalen a trabajos forzosos, con total desprecio tanto de las normas internacionales de Derechos Humanos como de la legislación nacional», sostiene De Schutter.
Para el Relator, «la mayoría de los migrantes carecen de medidas de seguridad y protección en el trabajo y viven en asentamientos superpoblados con un acceso insuficiente a los servicios básicos, incluidos el agua, el jabón y los desinfectantes, lo que resulta particularmente alarmante dado el riesgo para la salud que representa el COVID-19».
«La protección de los trabajadores migrantes estacionales en Huelva ha sido completamente descuidada durante la pandemia de COVID-19. Mientras que el resto de España estaba confinado para detener la propagación del virus, miles de trabajadores migrantes considerados trabajadores esenciales fueron puestos a trabajar sin que se tomaran ni siquiera medidas básicas de higiene, sin materiales de protección y compartiendo herramientas”, añade el Relator, quien lamenta que «se alertó a las autoridades competentes, pero éstas han permanecido en silencio. Y cuando los trabajadores se enfermaban, no se garantizaba su acceso a la atención médica».
El experto de Naciones Unidas se ha puesto en contacto con los Gobiernos español y marroquí y las empresas interesadas para pedir aclaraciones sobre estas cuestiones.
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