WWF advierte de los ‘costes ocultos’ que convierten estas obras en auténticos «agujeros negros de inversión pública con una escasa rentabilidad y que terminan siendo subvencionados a fondo perdido».
Los agricultores se manifestarán en Sevilla el 1 de febrero para reclamar «soluciones» para el campo onubense.
Martes, 9 de enero de 2024. Las patronales organizaciones agrarias Freshuelva, Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva, así como la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu) ha insistido este martes en un comunicado conjunto en la “necesidad de acometer las obras declaradas de interés general del Estado”, señalando a la Presa de Alcolea y a la estación de bombeo de Bocanchanza como objetivos prioritarios.
Las obras de Alcolea están ejecutadas en más del 20% y cuentan con dotación presupuestaria, como recuerdan empresarios y comunidades de regantes. Pero se encuentran paralizadas desde el año 2015, cuando la empresa adjudicataria renunció por los sobrecostes de un 20% respecto del presupuesto inicial (más de 52 millones de euros) devenidos del descubrimiento de «características geotécnicas no previstas».
Con posterioridad. diversos informes científicos advirtieron de la notable presencia de metales pesados y sulfatos en el cauce de río Odiel, vertidos por alrededor de 200 minas y sus balsas de residuos tóxicos. En esta tesitura, el proyecto se encuentra en situación de “aplazado” (al menos, hasta 2028) por orden del Ministerio para la Transición Ecológica, al objeto de valorar la viabilidad real de la presa, y si las aguas que acumule serán realmente aptas para el regadío y el consumo humano.
Los informes indican que si el proyecto incluyera los costes de tratamiento de las aguas del embalse, algo muy probable debido al grave problema de la contaminación de sus aguas con los metales pesados de los deshechos mineros, anularía la rentabilidad de la inversión. Fundación Nueva Cultura del Agua y WWF estiman que los costes de mantenimiento y explotación de la presa, incluyendo el tratamiento necesario de las aguas de la presa de Alcolea para su utilización, ascenderían a más de 28 millones de euros anuales, «por lo que el proyecto sería realmentge muy poco rentable para la economía global de la provincia».
Al respecto se apuntan varias razones, entre ellas, que los datos de partida del margen neto de los cultivos que figuran en el informe inicial no se ajustan a la situación actual, y, además, en relación al agua se calcula una recuperación de costes financieros de entre el 44 y el 56%. Además, el expediente del proyecto sólo calcula los costes de mantenimiento y conservación tanto de la presa de Alcolea, el Canal de Trigueros y el sistema de distribución, pero no incluye los de tratamiento de aguas.
Para las organizaciones agrarias, empero, la puesta en marcha de la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros solo es cuestión de «voluntad política», porque «no hay un motivo real para que continúe paralizada a pesar de que está en juego el futuro de toda una provincia». Exigen que se establezca «de una vez» una hoja de ruta con plazos de ejecución y «compromisos para garantizar el suministro de agua que se conseguiría con esta importante obra hidráulica, que podría haber estado finalizada hace varios años».
Agua en disputa con Portugal
Las patronales y comunidades de regantes también han instado al Gobierno a «garantizar» los recursos de Bocachanza en «calidad y cantidad» para amortiguar así los efectos de la sequía. “Recordando que Bocachanza cuenta con más de 46 años de antigüedad, que es previo a la construcción de la presa de Alqueva y que, aunque hoy día lo quieran poner en entredicho, siempre ha figurado como una medida dentro de la planificación hidrológica y es fundamental para la provincia».
Sin embargo, también esa exigencia de los agricultores onubenses resulta controvertida, ya que se nutre de aguas procedentes del río Guadiana, que el Reino de España comparte con Portugal. En este sentido, la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente confirmó el pasado verano al diario luso Público que el gobierno del país vecino sigue sin dar su visto bueno a la estación española de Bocachanza. De hecho, el gobierno portugués considera, que según los acuerdos suscritos en su momento entre ambos países, Bocachanza debió dejar de funcionar en 2003, tras la inauguración de la presa del Andévalo.
Actualmente, Portugal proyecta otra captación de agua en la orilla opuesta del río Guadiana, y tanto medios portugueses como organizaciones ecologistas de ambos países se preguntan si el río tendrá agua suficiente y hasta dónde llegará la disputa entre los dos estados de la Península Ibérica.
Manifestación en Sevilla el 1 de febrero
Con estos mimbres, Freshuelva, Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva, así como la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), se manifestarán el próximo 1 de febrero ante la Delegación del Gobierno en Sevilla para reclamar «soluciones para la complicada situación que atraviesa el sector agrícola onubense por la falta de infraestructuras hídricas, acentuada por la sequía extrema actual», según han anunciado este mismo martes.
La convocatoria, explica el comunicado, se produce tras no haber obtenido respuestas a las «reiteradas» peticiones dirigidas tanto a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para mantener un encuentro en el que se aborde la «necesidad urgente» de acometer obras hidráulicas en la provincia. Las organizaciones convocantes han advertido que, además del componente meteorológico de la «grave situación» que padecen la provincia y la agricultura, «no se puede olvidar el componente estructural provocado por la falta de infraestructuras que nos hace sufrir la sequía de un modo más agravado y con mayores restricciones al consumo».
«Al campo onubense solo le queda retomar las movilizaciones para que el Gobierno de la Nación tome conciencia de que la situación de la agricultura onubense es tan grave que se está poniendo en peligro la economía de toda una provincia», aseveran las patronales agrarias y comunidades de regantes onubenses.
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