Las ETT españolas hacen el agosto en Francia

Empresas de trabajo temporal españolas utilizan mecanismos a menudo fraudulentos para enriquecerse y pagar menos impuestos y salarios a miles de migrantes en las fincas agrícolas del sur del país galo, un modelo que calca el del sur de España. El resultado: una precariedad donde los golpes de calor, a veces con fatales consecuencias, son estructurales.

Miércoles, 9 de noviembre de 2022. Ciudades como Beaucare y Tarascon, al sureste de Francia, se han convertido en lugares de residencia para miles de personas que, originarias de países africanos y latinoamericanos, trabajan en el campo. Muchas de ellas han sido contratadas bajo la figura de “trabajo desplazado”, que permite que, cuando se trata de contratos por no más de tres meses, las personas trabajadoras sigan cotizando en su Estado de residencia. Así, se ha aglutinado en Beaucare un buen número de personas procedentes de países como Ecuador, que residían legalmente en España, y que, a través de una empresa de trabajo temporal (ETT), fueron contratadas para una empresa francesa. De este modo, las cotizaciones les resultan a los empresarios en torno a un 40 por ciento más baratas.

A través de este mecanismo, a veces fraudulento, las ETT españolas se han convertido en un actor protagonista en el reclutamiento de mano de obra en el campo del sur de Francia. Según datos del Colectivo de Defensa de los Trabajadores Agrícolas (Codetras), en 2018 fueron contratados 4.219 trabajadores “desplazados” por 34 ETT: de ellas, 33 empresas españolas y una rumana.

A menudo, las trabajadoras pagan esta situación con dificultades administrativas de todo tipo, que se agravan cuando se les dificulta el acceso a la atención sanitaria. “Tuve un accidente laboral y la empresa me dijo que en Francia pueden echar a quien se accidenta. Se aprovechan de que no dominamos el idioma ni conocemos las leyes del país”, cuenta Jesús, un ciudadano ecuatoriano que vivió cinco años en España, donde tenía su residencia legal. “Tuve un accidente laboral al comienzo de llegar, la empresa se desentendió y ahora tengo una deuda de 4.000 euros”, afirma Rocío, que procede de Colombia. Prefieren no dar su nombre completo, por temor a las represalias. Otras muchas trabajadoras señalan condiciones de trabajo abusivas y, en especial, problemas administrativos que se generan de su situación contractual, que atrae a quienes les cobran cantidades excesivas por encargarse de sus trámites burocráticos.

El problema, sin embargo, va mucho más allá. Las ETT se han convertido en una pieza fundamental para disciplinar a la mano de obra agrícola y generar aumentos de la productividad a costa de la salud de las trabajadoras, como demuestra el caso extremo de Iván Maldonado, que murió de un golpe de calor. “Lo que sucede en el campo al sur de Francia es una emanación de lo que sucede en Murcia”, señala la socióloga Emmanuelle Hellio, que forma parte del Codetras.

Murcia fue, de hecho, el primer lugar donde las ETT comenzaron a tener un papel tan determinante en la estructura del mercado laboral agrario. Empezaron a hacerse visibles en Murcia en los años 90; y fue en la primera década del siglo XXI cuando llegaron al campo francés. “Las ETT cubren una necesidad estructural: el reclutamiento de mano de obra para los picos de campaña, en un trabajo que por definición es muy estacional: la agricultura intensiva tiene picos en los que se necesitan grandes cantidades de mano de obra”, explica la socióloga Elena Gadea, profesora en la Universidad de Murcia, y añade: “Las ETT se usan para ajustar las necesidades de producción en momentos concretos; por ejemplo, cuando se requiere mucha gente durante dos o tres días para recoger el fruto, o para el pico de campaña, en los almacenes. La temporalidad y la rotación es muy alta”.

Esa necesidad estructural en un principio la cubrían furgoneteros, como se denominó a las personas, en su mayoría hombres, que con su furgoneta reclutaban la mano de obra para las empresas agrícolas. Después, los furgoneteros pasaron a convivir con las empresas de servicios y con las ETT. Finalmente, son las ETT las que crecen y se hacen con el control del mercado laboral: “Con la reforma laboral de 2012 [promulgada por el Gobierno de Mariano Rajoy], las ETT ganan en poder y centralidad, así que absorben el sistema de furgoneteros y regularizan una estructura que antes era informal”, prosigue Gadea. A día de hoy controlan el mercado laboral del campo en Murcia. Hablamos de empresas como Adecco, Mantemporing y Manpower, pero también otras empresas más pequeñas que se dedican solo al sector agrario, como Agriverde.

“No se establece relación con la empresa usuaria: algunos trabajadores ni siquiera saben para quién trabajan, porque los mueven de un tajo a otro. Quien accede a estos trabajos son personas muy vulnerables, así que se reproduce al interior esa vulnerabilidad”, apunta Gadea. Esa situación de vulnerabilidad explica la magnitud de las irregularidades, que la socióloga enumera así: “Gente que trabaja con papeles de otros, no se declaran todas las horas o días trabajados o trabajo a destajo: a veces, como sucede con los cítricos, se paga por caja o por kilos recogidos; y otras veces no es destajo, pero sí tienen la obligación de llegar a un mínimo de cantidad para poder cobrar”. Esas mismas irregularidades las recoge el informe Exploitation, de la organización italiana Terra!, que describe la situación de los trabajadores del campo en España, Italia y Grecia.

Aumentar la productividad a toda costa

En Murcia, como en el sur de Francia, las ETT han sido una herramienta fundamental para segmentar el trabajo y para aumentar a toda costa la productividad de las personas trabajadoras. “Las líneas de división de raza, género y nacionalidad funcionan como formas de aumentar el rendimiento”, afirma Hellio. “El modelo de las ETT también sirve para desmovilizar: por ejemplo, en los picos de campaña, cuando se hacen jornadas de doce horas diarias y los trabajadores piden cobrar un extra, el empresario les dice que, si no se conforman con las condiciones, contratarán nueva mano de obra”, analiza Gadea.

De este modo, se puede concluir que las empresas de trabajo temporal cumplen un papel similar al que desempeña el modelo de la contratación en origen en la campaña de la fresa de Huelva: facilitar un amplio contingente de mano de obra barata que permite mantener bajo el precio de la mano de obra. Mano de obra abundante y en condiciones de gran vulnerabilidad, sometida a ritmos de producción de enorme intensidad.

Los golpes de calor, estructurales al modelo

De ahí que las muertes por golpe de calor, como el que mató a Iván Maldonado, puedan considerarse como algo estructural al modelo de producción, por más que se trate de un caso extremo, del mismo modo que el feminicidio es la punta del iceberg de la violencia machista. De hecho, la muerte de Maldonado en suelo francés resuena con el fallecimiento en condiciones similares de un ciudadano nicaragüense de 41 años en la localidad murciana de Lorca, en el verano de 2020.

“Los golpes de calor son frecuentes debido a las altísimas temperaturas que alcanzan los invernaderos en verano. Lo que señalan los sindicatos es que muchas veces no dejan a los trabajadores que lleven su propia agua, y que, cuando sucede un accidente, es común que no se los lleve en seguida al centro de salud. No sé si es algo generalizado, pero desde luego no se trata de casos aislados; es algo recurrente, y es estructural”, sostiene Elena Gadea.

Los trabajadores y trabajadoras del campo en Murcia, en Almería y en Huelva, pero también en el sur de Francia, repiten la misma denuncia: no les dejan llevar su propia agua y no les permiten beber cada vez que tengan sed; por ejemplo, deben terminar primero de recoger una línea de cosecha. “En estos territorios, todo se fía a la contención de los costes labores: cualquier cosa que te haga parar no se permite”, señala Gadea. En otras palabras: es lo que sucede cuando los empresarios, atenazados entre multinacionales que les venden semillas e insumos a altos precios y grandes cadenas de supermercados que compran su producto a un bajo precio, tratan de asegurar su rentabilidad a costa de sostener altos niveles de productividad laboral y bajos salarios. Es la enorme vulnerabilidad de las trabajadoras, en gran parte migrantes, la que sostiene la producción de frutas, verduras y hortalizas no solo en España, sino en todo el sur de Europa, como deja en evidencia el citado informe de Terra!

“La empresa te dice que nadie está obligado a trabajar; prácticamente responsabilizan a la víctima de su propia muerte cuando dicen que fue su responsabilidad por haberse esforzado hasta ese punto. Las ETT crean flexibilidad, así se aumenta el rendimiento. Los trabajadores viven bajo una espada de Damocles; para ellos, los trabajadores son de quita y pon”, argumenta Helio. Se refiere a las amenazas que narran el personal contratado por Terra Fecundis: les dicen que al viajar a Francia han contraído una deuda, y que si no cumplen con un mínimo de tres meses de trabajo, tendrán que pagar una multa.

“Modelo de control y dependencia”

Estas amenazas se combinan con tácticas de control del movimiento: les prohíben moverse en un vehículo propio, lo que les deja dependientes del transporte gestionado por la propia empresa; y les obligan a vivir en los alojamientos de las propias fincas. Se trata, concluye la socióloga, de “un modelo de control y dependencia”. A ello se añaden casos de abuso sexual: “A los hombres les piden dinero a cambio de que darles trabajo o de que conserven el que tienen; a las mujeres nos piden sexo”, afirma una trabajadora marroquí que dio el paso de denunciar a la empresa que la empleaba, y que afirma haber sido hostigada por ello.

El modelo tampoco es exclusivo de Europa; en gran medida, ha sido importado de California. Allí, las personas que trabajan en el campo, en su mayoría latinas, se ven sometidos a un ritmo de trabajo infernal. “Se dejan los riñones en el campo” [They leave their kidneys in the field], titula un artículo la antropóloga Sarah Norton. Norton vincula en ese texto los mecanismos para aumentar la productividad con las muertes por golpe de calor: a quienes se paga de acuerdo con su productividad “son más propensos a renunciar a los descansos que los pagados por hora”. En el campo murciano todavía es frecuente, aunque ilegal, el pago a destajo. En el sur de Francia, las agresivas listas de productividad funcionan de forma similar, pues quedarse por debajo de cierto volumen de trabajo puede conllevar perder el trabajo o recibir una penalización.

“¿Cómo influye la propia organización del trabajo agrícola en las muertes relacionadas con el calor y qué políticas laborales y de inmigración más amplias determinan las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas?”, se pregunta Norton. Y cita el trabajo de otro investigador, Eric Klinenberg, quien sugiere que, “aunque las muertes relacionadas con el calor puedan parecer inicialmente acontecimientos aislados, fortuitos y extremos, su propia ‘desmesura’ expone las patologías sociales subyacentes de las que son sintomáticas”. Lo que describen estos investigadores es el vínculo entre vulnerabilidad, migración y mercado de trabajo agrario, que ha teñido de sangre la huerta del sur de Europa.

El doble juicio contra Terra Fecundis

En 2011, Elio Iván Maldonado, un trabajador ecuatoriano de 33 años, se desmayó tras más de diez horas de trabajo en una finca agrícola del departamento de Bocas del Ródano, en la región de la Provenza francesa. Según testigos, el empresario dueño de la finca, Julián Pérez, no acudió a su auxilio ni llamó a los bomberos; y pasó más de una hora y media, en coma y tendido sobre un palé, hasta que lo llevaron al hospital de Aviñón. Allí murió unos días después. Maldonado murió deshidratado, tras más de diez horas de trabajo y después de que, según testigos que trabajaban en la finca, se le negase el acceso al agua repetidas veces. Un largo periplo judicial que duró más de diez años, el pasado mes de junio, el Tribunal de Tarascon dictó una sentencia decepcionante para su familia: los hechos no tendrán consecuencias para Julián Pérez ni para la empresa de trabajo temporal (ETT) que lo contrató, la murciana Terra Fecundis.

Terra Fecundis se enfrentó, sin embargo, a otro juicio, esta vez en el Tribunal de Marsella, del que no salió ilesa. La ETT recibió un doble varapalo, por la vía penal y por la civil: siete de sus dirigentes fueron condenados a entre uno y cuatro años de cárcel, exentos de cumplimiento, y la empresa fue multada con más de 80 millones de euros. Su delito: contratar de modo fraudulento a unos 26.000 trabajadores y trabajadoras agrícolas, residentes en España pero, en su mayoría, nacionales de Marruecos y Ecuador, desde Murcia, donde tenían su residencia legal, para trabajar en fincas agrícolas del sur y del sureste de Francia. Lo hicieron bajo la figura del “trabajador desplazado”, pero se demostró que los contratos no estaban pensados para solo tres meses, sino que se buscaba mano de obra barata de forma permanente.

“El caso de Maldonado fue la primera pieza que ayudó a la justicia a investigar a Terra Fecundis. Por eso no se entiende que el juicio sobre Maldonado haya sido separado del juicio en Marsella”, apunta la socióloga Emmanuelle Hellio.

Si bien fue el caso más sonado, Terra Fecundis se trataba de la tercera ETT española condenada por la justicia española en solo unos meses. Safor Temporis fue condenada por el Tribunal de Aviñón, en abril de 2020, a pagar más de seis millones de euros por irregularidades en contratos de trabajo agrícola que afectaron en su mayoría a personas ecuatorianas. En septiembre del mismo año una sentencia del Tribunal Laboral de Arles obligó a Laboral Terra a indemnizar a cinco trabajadores con cuantías de entre 14.000 y 17.000 euros.

La sentencia contra Terra Fecundis es mucho más contundente, pero tiene dos limitaciones importantes, como señalan las periodistas Hélene Servel y Sandrine Lana en el artículo “Dansl’océande la fraude au travail détaché” (En el océano de los fraudes laborales), publicado en Le Monde Diplomatique. De un lado, la Hacienda francesa no recuperará las cotizaciones, porque la empresa se ha declarado insolvente; de otro, los trabajadores y trabajadoras no serán indemnizadas, aunque sufrieron directamente las consecuencias de no estar cotizando en su país de residencia.