La ultraderecha , en pie de guerra contra los “subvencionaditos” del cine

Son 150 los millones de euros que destina Alemania a fomentar su cultura cinematográfica, en Francia, las ayudas al cine ascienden a casi 700 millones de euros, y, en Italia, la industria recibe 400 millones del erario. Sin embargo, en España, el debate no se sitúa en los escasos 86 millones que se dedican a impulsar esta industria, sino en si debería de invertirse algo o nada de dinero estatal en el séptimo arte, como así lo bautizó el dramaturgo, escritor y crítico de cine Riccioto Canudo.

Es más, algunos incluso se plantean si el cine es cultura, como es el caso de Iván Espinosa de los Monteros. “Me cuesta creer que el cine sea cultura”. “La cultura es la literatura, la escultura, la pintura, el ballet, la ópera, la zarzuela. El cine es una industria que se incentiva con exenciones fiscales. Con nosotros se va a acabar la política de subvenciones al cine progre”. Son palabras del mencionado diputado, portavoz en el Congreso y Vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox.

La gravedad de estas declaraciones es directamente proporcional a los 52 escaños de la extrema derecha en el Congreso de los Diputados. Es decir, el asunto es alarmante, aunque el fundamento y argumento de estas palabras carezcan de rigor.

La eterna disputa de la derecha con el cine

La entrada de Vox en la política y en las instituciones españolas deja de nuevo en un segundo plano al PP, esta vez, en lo referente a la animadversión de los ‘populares’ hacia el cine español. Quedaron atrás aquellos años en los que José María Aznar se empeñaba en no perdonar a la cultura cinematográfica por aquella gala de los Goya del 2003, en la que el sector le mandó un claro mensaje al presidente ‘popular’: No a la guerra. Una petición que quedó en anécdota y propició el rencor de la derecha española al gremio de cineastas.

La cultura, fiel encargada de recordar y transmitir la historia de todos, fue atacada por aquellos a los que no les gusta demasiado hacer memoria. Desde entonces, y hasta que llegó Pablo Casado a la gala de los Goya de 2019, ningún dirigente popular se dignó a pisar la alfombra roja.

Para el Partido Popular no supuso un problema subir el IVA cultural del ocho al 21% en 2012 con el argumento de la crisis. De hecho, ya pasados los años más difíciles, mientras celebraban una y otra vez que la recesión había terminado, se ‘olvidaban’ de hacérselo saber al cine, reduciendo el impuesto a todos los espectáculos en directo, excepto a los de esta industria.

Este castigo al cine terminaría en 2018, cuando por fin bajaron el IVA hasta el 10%. Entonces, cuando parecía que la derecha intentaba hacer las paces con este sector de la cultura, aterrizó Vox.

Vox releva al PP

La extrema derecha se inclina más por fomentar la tauromaquia que el cine, o así lo refleja su programa electoral, que no menciona directamente al sector entre sus medidas, pero sí a los toros, a la caza o a las “tradiciones de España y de sus pueblos dentro de la óptica de la Hispanidad» entre otro tipo de motivos que, en este caso, sí consideran cultura.

La única alusión del programa electoral de Vox al sector es la Ley del Mecenazgo, una propuesta que todos los partidos tienen en común y que impulsaría deducciones fiscales a las aportaciones a la creación cultural, aunque sin dejar muy claro qué entiende la extrema derecha por “creación cultural”.

Esta posición de Vox con respecto a la cultura cinematográfica se entiende de forma más clara en boca del líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, que ya le comentó a Fernando Sánchez Dragó en su famoso libro La España vertebrada que su apuesta pasa por eliminar el Ministerio de Cultura, y también hace mención al sector animando a sus directores y actores a dedicarse a “bucear un poco en las glorias de España” porque, a su juicio, los españoles estamos “hartos” de que nos hablen “mal” de nuestro país, de nuestros padres y de nuestros abuelos.

Para Abascal, la española es una industria cinematográfica creada para “tocarnos las narices”, que produce películas “truculentas” y “para que nos sintamos mal” por lo que, a su juicio, sería mejor que el Estado concediese subvenciones “solo a las películas que fomenten el patriotismo”, y ese sería el único caso por el que, en su opinión, “merecería la pena gastar dinero público” porque no solo saldría “beneficiado” el productor, “sino también los espectadores”.

Obviando la evidente confusión entre el cine y el NO-DO que reina en el imaginario del líder de la extrema derecha, está claro que su partido le ha robado el primer plano al PP en la oposición a esta industria cultural. Empezando por no asistir a las galas de los Goya que, aunque es cierto que a la de 2019 no les llegó invitación, en 2020, ya con espacio institucional, ellos mismos fueron los que la declinaron tildando de “meme andante” a los que piden más ayudas para la producción de filmes españoles.

Las falacias de Vox sobre el cine español

Para la extrema derecha las ayudas al cine son ideológicas. Pero lo cierto es que estas subvenciones se conceden mediante un sistema de puntos basado en la solvencia económica o en éxitos de la productora. Ni la dirección, ni el casting, ni la temática puntúan para su concesión, o así figura en la Ley del Cine que aprobó el PP en el año 2016.

En concreto, los criterios que se tienen en cuenta para sumar puntos son el carácter cultural del proyecto (por ejemplo, si la película está grabada en español u otras lenguas cooficiales o no), la trayectoria del director (sus películas nominadas o premiadas y cuánto han recaudado en taquilla), la solvencia de la empresa solicitante, la viabilidad económica y financiera del proyecto, el impacto socioeconómico de la inversión e innovación, el porcentaje de gasto realizado o repercutido en España, el fomento de la igualdad de género, la incorporación al proyecto de personas con contrato en prácticas o con discapacidad y que la película sea de animación o documental.

Según estos baremos, las críticas de Vox carecen de fundamento y, paradójicamente, la última vez que se concedieron lo que ellos denominan subvenciones “ideológicas” fue a manos de la mentora de Abascal, Esperanza Aguirre, que siendo presidenta de la región madrileña destinó 15 millones de euros (se estima que las subvenciones rondan el 1 millón y medio por película) para que José Luis Garci rodase el filme histórico Sangre de Mayo, que, por cierto, no llegó a recaudar un millón en taquilla (700.000 euros).

Garci basó su producción en dos de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, 19 de marzo y 2 de mayo, en los que el literato canario narra el levantamiento del pueblo de Madrid contra el ejército francés acuartelado en la ciudad.

Para Vox, el cine es una pérdida de dinero y tachan de “subvencionaditos” a los trabajadores de este gremio. En este punto, cabe puntualizar que las ayudas no pueden superar el 50% de lo que cuesta una producción, es decir, que con toda la inversión que suponen (entorno a los 3 y 4 millones de euros), las personas que se dedican a ello no pueden vivir de las ayudas y, más allá de lo evidente, tampoco parece coherente que destinen felizmente todo su dinero a una idea sin ambición.

Por otro lado, si la película recibe ayudas del Estado, al menos la mitad del presupuesto de la producción (no de la subvención) debe gastarse en España o en autores, equipos técnicos, artísticos o de servicios españoles, lo que fomenta la economía de la industria nacional.

Además, según los últimos datos del Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), el cine español recaudó para las arcas un total de 103.808.053 euros en 2018, una cifra que subió por primera vez en tres años, ya que en 2017 se recaudaron 102,9 millones, 111,1 millones en 2016, 111,7 millones en 2015, frente a los 131,7 alcanzados en 2014.

Es decir, que el Estado recupera los 86 millones que destina al cine, y además suma en concepto de IVA otros 40 millones más, sin contar otros impuestos como el IRPF, el IVA que generan otros sectores a través del cine, o la cuota de autónomos. Pero el modelo español no es perfecto, ni mucho menos. Aunque si tiene algo potencialmente bueno, que es que trata de aproximarse al francés, la joya de la corona en Europa.

El modelo francés

El éxito del modelo galo proviene de la conciencia social y política de que la industria se mueve arrastrada por las mareas de un círculo vicioso. Si se invierte más y, sobre todo, mejor en el sector, más beneficios dará tanto en lo económico como en lo cultural, y viceversa. De hecho, los franceses comprendieron esta cuestión a mediados del siglo XX, cuando crearon un ministerio dedicado a la cultura.

Tras una breve época con el “cinema de qualité française”, de corte académico y decidido a competir con el estadounidense, surgió sobre los años 60 como contraposición al anterior estilo la “Nouvelle Vague”, la Nueva Ola, una apuesta por la libertad de expresión y la libertad técnica, la concepción del director como un autor.

Tan potente fue el impacto de La Nueva Ola que propició que en 1968 el gremio, organizado entorno a la Cinemateca Francesa (dotada de ayudas estatales), saliese a la calle a reivindicar su papel y posición en la realidad francesa.

El estallido de esta revolución cinematográfica en la calle se materializó concretamente en febrero de 1968, cuando el Ministerio de Hacienda consiguió que el de Cultura destituyese a Henri Langlois, el prestigioso director de la Cinémathéque, al considerar que los gastos en la entidad eran excesivos. Las protestas fueron tan intensas como útiles, ya que la cartera de Cultura volvió a reintegrar a Langlois en la Cinémathèque como director, quien conservó el puesto hasta su muerte en 1977.

A partir de aquel momento, una suerte de consenso entorno a las políticas culturales del Estado se consolidó en Francia, y la Cinémathèque continuó impulsando la industria: nació el Museo del Cine, Langlois recibió un Oscar y un César por su labor de conservación y difusión de este patrimonio mundial, en los 80 se inauguró la nueva sala de proyección en el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, en 2007 las colecciones públicas de la Bibliothèque du Film pasan a manos de la Cinemateca francesa, etc. Y, de hecho, en la actualidad, la Cinémathèque française es la mayor base de datos del cine a nivel mundial, con más de 40000 películas y  miles de documentos y materiales relacionados con este sector.

Actualmente, el cine galo cuenta con unos 40,5 millones de espectadores fuera de Francia, posicionándose como el primero de Europa en este ranking y como el segundo país exportador de cine del mundo en números absolutos, generando a su vez 244,4 millones de euros solo en las taquillas extranjeras. También es el segundo país del mundo, detrás de Estados Unidos, con mayor número de pantallas de cine.

El poder político y social de Francia ha tomado conciencia de las posibilidades y la transversalidad del cine, por eso, en vez de sacrificarlo como primera opción cada vez que se aproximan problemas económicos, el Estado francés lo protege. Para evitar depender exclusivamente de las arcas públicas para subvencionarlo, los franceses recaudan una determinada cantidad de todas las entradas que se venden en los cines, un dinero que regresa de nuevo al sector con el objetivo de seguir impulsándolo.

La institución pública (adscrita a la cartera de Cultura) que se encarga de regular, promover y ayudar a la industria del cine francesa es el Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada (CNC), una cosecha de éxitos con un presupuesto ocho veces superior a su homólogo español, el ICAA.

La importancia que le otorgan los franceses a la cultura no solo se traduce en las acciones del Ministerio de Cultura, se trata de un asunto transversal que va desde la Presidencia pasando por otras carteras ministeriales, como es el caso de la de Exteriores y Desarrollo Internacional, que separa una generosa partida en concepto de cultura; o la de Educación, que además de aportar presupuesto, tiene un claro objetivo de fomentar la educación artística y cultural de los estudiantes, además de encargarse de las nuevas tecnologías de la difusión de la creación y del patrimonio cultural, entre otras funciones relacionadas con la industria.

Las diferencias entre la institución española y la francesa, más allá del presupuesto, se observan también en su estructura. El ICAA cuenta con una Presidencia asignada al ministro del ramo, una Dirección General que depende de la Secretaría General, tres Subdirecciones de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, una centrada en Promoción y Relaciones Internacionales y otra en la Filmoteca Española, junto con un área de Márketing. Además, más de la mitad de la plantilla de la institución española son funcionarios de la Administración. Es decir, que el esqueleto que mueve el cine español por el mundo no está compuesto en su mayor medida por profesionales del sector, está desperdiciado por la acción del Estado, y no cuenta con recursos suficientes.

Por su parte, el CNC sostiene diez direcciones, como la de Asuntos Europeos e Internacionales, Registro cinematográfico Audiovisual, o la de Creación, territorios y público. Son casi una treintena de personas las que trabajan en la dirección, con un staff de unos 500 miembros de carácter permanente. El grueso de la toma de decisiones del CNC lo forman profesionales de la industria. Es un modelo realmente autónomo, pero a la vez protegido por el Gobierno francés, que fomenta su transversalidad en las diferentes áreas del Ejecutivo.

Otro de los puntos más destacables de esta industria francesa es la formación de audiencias, con la educación de alumnos y jóvenes con programas de aprendizaje sobre cinematografía. Todo ello acompasado con UniFrance Internacional, el organismo responsable de promocionar el cine francés a nivel internacional bajo la supervisión de la CNC, con un presupuesto de unos 9 millones que extrae del Ministerio de Exteriores. Esta asociación cuenta con un millar de miembros, entre directores, actores, guionistas, agentes artísticos, o productores de largometrajes y cortometrajes.

En definitiva, como ya dijo Luis García-Berlanga “el cine español no necesita un legislador. Necesita un buen traductor de francés para poder aplicar la normativa del CNC España de forma literal».