Martes, 26 de noviembre de 2024. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha generado críticas por su decisión de excluir, sin justificación aparente, al especialista propuesto por Ecologistas en Acción para abordar la situación del gato montés (Felis silvestris) en Andalucía. La medida, tomada de forma unilateral por el Viceconsejero Sergio Arjona Jiménez, reemplaza al reconocido experto José María Gil-Sánchez, doctor en Biología y miembro del Cat Specialist Group de la UICN, por un «técnico de la casa». Este cambio ha sido interpretado por la organización como un intento de controlar el desarrollo de la reunión y censurar su propuesta.
El Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano de participación social adscrito al Consejo Andaluz de Biodiversidad, tiene prevista su próxima reunión este jueves 28 en Sevilla. Entre los puntos del orden del día, incluidos a propuesta de Ecologistas en Acción-Andalucía, destaca un análisis específico sobre la situación de las poblaciones de gato montés en la región, su evolución histórica, la tendencia actual de sus poblaciones y las medidas legales y de gestión activa necesarias para su conservación con carácter de urgencia.
Ecologistas en Acción había solicitado formalmente que el tema fuera presentado por Gil-Sánchez, dada su trayectoria científica y su pertenencia al grupo de investigación Biología y Conservación de Vertebrados Mediterráneos y Tropicales de la Universidad de Granada. Sin embargo, el nombramiento de un técnico interno de la Consejería, cuya independencia y experiencia específica no han sido detalladas, ha sido considerado una estrategia para limitar la profundidad del debate y la independencia del Comité.
Una participación limitada
Desde Ecologistas en Acción han señalado que esta exclusión ejemplifica la desconfianza y el recelo con que la Consejería trata la participación social directa. La organización recuerda que la Constitución Española define a España como un Estado social y democrático de derecho (art. 1.1) en el que los poderes públicos están obligados a facilitar la participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2). Sin embargo, la Junta de Andalucía mantiene, según denuncian, una configuración legal mínima de dicho derecho en el ámbito ambiental, limitándolo a procesos de información y consulta previa, sin ofrecer una participación real y efectiva.
Ecologistas en Acción ha exhortado a la Consejería a reconsiderar su decisión, permitiendo que el experto propuesto pueda desarrollar su exposición y garantizar así un debate fundamentado y plural en torno a la situación del gato montés.
Un precedente preocupante
El caso pone de manifiesto una tendencia, según denuncian las organizaciones ambientales, de minimizar el alcance de la participación social en los órganos consultivos ambientales de Andalucía. Para Ecologistas en Acción, esta dinámica no solo afecta al desarrollo de las políticas de conservación, sino que también vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución, comprometiendo la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas en estos foros.
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