La limitación de los precios del alquiler fue una de las medidas estrella del acuerdo que selló la alianza de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Ambos partidos acordaron otorgar a los ayuntamientos y a los gobiernos regionales la potestad para limitar los precios del alquiler en zonas que se determinarán tensionadas.
Sin embargo, dicha propuesta ha supuesto un punto de desencuentro en el seno del Gobierno de coalición. Así lo ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que ha afirmado que las ciudades que están regulando los alquileres no están teniendo “mucho éxito”, por lo que ha explicado que el Ejecutivo se concentrará en aumentar la oferta de vivienda este año.
Horas antes el Banco de España publicaba un informe en el que señala que la regulación de los precios de la vivienda de alquiler puede presentar “efectos adversos potencialmente significativos” a medio y largo plazo, entre ellos la reducción del número de viviendas en el mercado y el recorte de los gastos de mantenimiento por parte de los propietarios. Además, esta política «puede crear segmentación en el mercado de la vivienda al concentrarse las medidas de control de rentas en determinados colectivos o zonas de una ciudad», añade el documento.
En una entrevista en la Cadena Ser, Calviño ha destacado que el objetivo del nuevo Gobierno es aumentar la oferta de alquileres y ha avanzado que el Ministerio de Fomento lleva un tiempo trabajando en un nuevo Plan de Vivienda con el que se pretenden levantar 20.000 casas e incorporarlas al parque público de alquiler.
La ministra ha admitido que “La vivienda es uno de los grandes problemas de la sociedad española, ya que los jóvenes no pueden emanciparse y hacer su proyecto vital, ni tener hijos, ya que no pueden abordar el coste del alquiler», aunque ha matizado que dicho problema está «muy concentrado» en Madrid, Barcelona y barrios de grandes ciudades.
El pacto firmado en su día entre Sánchez e Iglesias para formar un Gobierno progresista incluía el compromiso de frenar las “subidas abusivas del alquiler”. Para ello, en las zonas más tensionadas, “se habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos” para que lleven a cabo esa limitación a partir del índice de referencia elaborado por el departamento de José Luis Ábalos. Un punto que choca contra las manifestaciones realizadas por Calviño y ante las que Podemos, por el momento, no se ha posicionado.
(Fuentes: Cadena Ser, ElDiario.es, El Mundo e Idealista)
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El trasfondo de medidas más allá del límite al alquiler
Se ha armado un gran revuelo por las declaraciones sobre la vivienda de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. La vicepresidenta tercera sacaba a relucir, de forma genérica, que las ciudades donde se estaba regulando el precio de la vivienda no estaban teniendo “mucho éxito” y, como contraoferta, proponía el ya conocido Plan de Vivienda del Ministerio de Fomento, que consiste en levantar 20.000 viviendas en régimen de alquiler asequible.
Esa idea que planteaba la ministra diluye el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos que se comprometía a “impulsar las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. Pero además los colectivos pro-vivienda creen que es un falso dilema. Por un lado, entienden que es posible impulsar otras acciones, menos impopulares, para rebajar el precio de los alquileres. Por otro, consideran que la construcción de vivienda social es “una trampa” que, además, tardaría años en dar resultados.
La acumulación de vivienda vacía
Se desconoce cuál es el total de vivienda vacía que existe actualmente en España, aunque se presupone que el numero es elevado. Los últimos datos disponibles al respecto del INE son de 2011 y recogen 3,4 millones de viviendas vacías de un total de 25 millones. “Los grandes tenedores están reteniendo la vivienda vacía para que haya escasez de oferta y se genere una elevación de los precios. Es el truco más viejo de la Bolsa”, explica Fernando Bardera, miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
El acuerdo del programa de coalición recoge al menos la necesidad de que se definan los conceptos de “gran tenedor de vivienda” y “vivienda vacía”, pero Bardera va un paso más allá y propone la sanción a bancos y fondos de inversión, no a particulares, que tengan vivienda vacía sin sacar al mercado. “Al aumentar la oferta, el mercado se regularía solo”, arguye. Además, “sería menos doloroso e impopular sancionar la vivienda vacía que limitar los precios”, añade.
Aumentar el parque de vivienda, una medida insuficiente
En cuanto a que la reducción del precio de los alquileres, la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Alejandra Jacinto considera que la mirada de la ministra es “reducida”. Las experiencias en este sentido en la Unión Europea son diversas y en algunas ciudades han contribuido a la reducción de los alquileres”. En cualquier caso las conclusiones de la ministra pueden parecer precipitadas cuando algunas de estas medidas acaban de activarse. No será hasta febrero cuando los berlineses verán como sus alquileres se congelan temporalmente de acuerdo a la medida de limitación de los alquileres impulsada por el gabinete del Estado federado de Berlín en octubre.
En cualquier caso, le parece que la ministra presenta “una dicotomía falsa” al haber planteado que bastaba con implementar el Plan de Vivienda, “la construcción de 20.000 viviendas que plantea José Luis Ábalos para reducir el precio de los alquileres”. Desde la PAH consideran que si actualmente el alquiler se encuentra "por las nubes" es urgente su limitación. “Construir un parque de vivienda pública va a llevar 10 ó 20 años y no podemos esperar a ver los resultados”.
Los colectivos que luchan por el acceso a la vivienda tampoco consideran que la construcción de más casas sea la solución. Por un lado, de nuevo resurge el problema de la vivienda vacía que, según remarca Jacinto, ya cuenta con instrumentos legales para combatirlo. “La cesión de uso ya es plenamente legal y así lo ha referido el Tribunal Constitucional cuando se ha referido a ella con los recursos de constitucionalidad de las leyes de vivienda de Euskadi o de Catalunya”, comenta la portavoz de la PAH.
Por otro lado, la construcción de vivienda social les parece “una trampa” porque recuerda a la receta fracasada de la crisis. Significa “volver a construir con dinero público para llenar los bolsillos de las empresas privadas”, indica Bardera. Por el contrario, propone que la Administración compre “vivienda pública en los barrios donde las empresas ya están comprando porque les sale rentable”. Esta medida de compra, en lugar de construcción, además evitaría desarraigo de las familias que se verían obligadas a marcharse a los terrenos donde se ubique la nueva construcción de vivienda social.
Sareb, el gran tema a abordar
Para la PAH y el Sindicato de Inquilinas una de las cuestiones más urgentes a abordar por este Gobierno en materia de vivienda es el papel de la Sareb, el conocido como banco malo, puesto en marcha durante el Gobierno de Rajoy con la pretensión de sanear el sector financiero mediante la compra de los activos tóxicos de los bancos. Calviño no ha mencionado el futuro del papel de este ente, con una participación en un 45% por el Estado y el resto por inversores privados, a pesar de su importancia en el mercado de la vivienda.
En Madrid, por ejemplo, habrá un intento de desahucio el próximo 6 de febrero contra 18 familias que viven en Carabanchel en viviendas adquiridas a subasta por la Sareb, un ente que los colectivos por la vivienda critican por hacer flaco favor a los derechos de los inquilinos. “Aunque la responsabilidad de la Sareb es buscar comprador para el edificio, en esta ocasión ha intervenido para decidir que quiere el edificio vacío porque así se vende mejor”, explica Bardera. “Es una de esas evidencias de que hay connivencia entre las opiniones que se dan en un momento dado, como la declaración de la ministra, y estos intereses que son mixtos”, añade.
De hecho, la Sareb podría tener un papel distinto al actual contribuyendo a "la suavización del mercado del alquiler”, según los colectivos pro-vivienda. “Sería una buena entidad para proporcionar parque de vivienda pública porque es una de las que más vivienda vacía acaparan. Este es uno de los caballos de batalla de la agenda política en esta legislatura”, adelanta Jacinto.
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