El consistorio onubense señala que «no existe incompatibilidad urbanística, según la ordenación vigente».
El denominado Plan Restore 20/30 queda pendiente de la AAU de la Junta de Andalucía.
Mesa de la Ría anuncia “contundentes acciones legales” contra el informe de compatibilidad urbanística aprobado por el Ayuntamiento.
Asociación Mesa de la Ría presenta alegaciones a las excusas de Fertiberia por el incumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional
Viernes, 9 de julio de 2021. La compañía Fertiberia ha superado este viernes uno de los principales escollos con los que podría haber topado su proyecto para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional que le obliga a «restaurar» la marisma de Huelva, tras haber depositado sobre ella de forma ilegal millones de toneladas de fosfoyesos, y modificando, puede que para siempre, el paisaje de la capital onubense.
De forma resumida el proyecto, denominado Restore 20/30, prevé tapar el exterior de las balsas de fosfoyesos con un polímero (cuya vida útil se estima en unos 400 años antes de degradarse) en un proceso que Fertiberia denomina «clausura y encapsulado» (aunque no evita el contacto del material depositado con el suelo permeable que orilla la Ría de Huelva), y proclama como «única propuesta viable». Sobre el polímero citado, Restore 20/30 prevé depositar una capa de arcilla y, sobre esta, tierra para convertir las montañas resultantes en zona ajardinada.
En definitiva, el proyecto, que desde hoy cuenta con el visto bueno del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva, evita abordar la «restauración» (RAE: Recuperar, recobrar. Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía) a la que Audiencia Nacional condenó a Fertiberia. Una macroobra cuyo coste, según cálculos realizados en 2010 por la Junta de Andalucía, superaría los 2.500 millones de euros de presupuesto, en los que se incluiría la búsqueda y adecuada adaptación de nuevos emplazamientos, así como el traslado seguro de los fosfoyesos a esos lugares y el sellado de los mismos para garantizar su seguridad. La acción requeriría unos 30 años para su completo desarrollo.
El Plan Restore 20/30 de Fertiberia elude la retirada de los residuos depositados forma ilegal sobre la marisma, y opta por reconvertirlos en un nuevo skyline ajardinado para el litoral onubense con una inversión inferior a los 100 millones de euros. Una veinticincoava parte de lo que costaría la restauración real del espacio y un plazo de «sólo» 10 años para su ejecución.
La propuesta de Fertiberia
Visto bueno del Gobierno y del Ayuntamiento de Huelva
Restore 20/30 cuenta, rebautizado como «capita de tierra» por el grupo municipal Mesa de la Ría , cuenta con el rechazo frontal de todas las organizaciones ecologistas y medioambientalistas, expertos universitarios y los principales partidos de la izquierda verde (excepto el PSOE). Por contra, cuenta con el apoyo manifiesto de las grandes organizaciones empresariales onubenses (Aiqbe y FOE), y de las Administraciones Públicas que ya se han pronunciado al respecto: Ministerio de Transición Ecológica (que a finales del pasado año emitió una Declaración de Impacto Ambiental «positiva») y del Ayuntamiento de Huelva, que hoy mismo ha hecho público un informe que no encuentra «incompatibilidad del proyecto con la ordenación urbanística vigente”.
El Alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que ha dado a conocer este viernes la decisión del Ayuntamiento, ha destacado el aspecto “estrictamente urbanístico” del informe, y ha incidido en que este “no entra a valorar otros aspectos que por su competencia y especialización técnica y científica, requieren el pronunciamiento expreso de otras administraciones y organismos”. En este sentido, Cruz sostiene que el informe «no entra a valorar la idoneidad del proyecto en cuanto a aspectos de salud para las personas, seguridad o cuestiones medioambientales». El alcalde ha destacado que se trata de «un informe que se centra exclusivamente en la compatibilidad urbanística y territorial del proyecto y no sobre otros ámbitos que escapan de la competencia municipal» y que se ha llevado a cabo «sobre la base de instrumentos de planificación territorial y urbanísticas, aprobados definitivamente y vigentes a la fecha de emisión, como es el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, aprobado en 1999 y el Documento de Adaptación Parcial del PGOU a la ley 7/2002 de Ordenación urbanística de Andalucía, aprobado en 2011″. “El Consistorio ha emitido dicho informe cumpliendo con la normativa estatal y autonómica, en estos casos”, ha añadido el primer edil onubense, quien ha asegurado que “el procedimiento sigue su curso y deberá obtener escrupulosamente todos los informes y permisos oportunos».
Para Gabriel Cruz, estamos ante «una actuación imprescindible, muy necesaria y esperada en la ciudad que, cuenta con toda nuestra dedicación y empeño para que se haga con las máximas garantías para la salud y bienestar de las personas y el entorno”.
Mesa de la Ría anuncia “contundentes acciones legales”
Para Mesa de la Ría, el informe favorable emitido por el Ayuntamiento para el proyecto de Fertiberia es un auténtico “despropósito” que “atenta contra toda la legalidad urbanística y medioambiental de aplicación”.
El portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, ha asegurado que “huele muy mal que tanto en 2007 como en 2015 se emitieran sendos informes que declaraban inadecuadas con el planeamiento urbanístico a las balsas de fosfoyesos y ahora, con la misma normativa de aplicación, se las considere compatibles”.
El informe municipal de marzo de 2007 exponía textualmente que en el suelo no urbanizable, la zona de marismas del Tinto, “se prohíben las actividades industriales y los vertederos” y añadía además que “el presente informe debe ser entendido como desfavorable”. Años más tarde, el documento de noviembre de 2015 afirmaba que: “Queda clara la prohibición expresa del PGOU de Huelva de actividad industrial y de vertido en estas zonas (manifiestamente incumplida por Fertiberia e inobservada durante décadas por quien corresponda), así como la obligación de regeneración de las mismas. La permanencia de los vertidos contraría al PGOU, La Ley de Costas y a los propios condicionantes de vertido de la concesión administrativa”
La emisión ahora de un informe en sentido contrario a los dos anteriores, según Mesa de la Ría, podría “incurrir en un delito de prevaricación”, además de ocasionar la invalidez desde el punto de vista procedimental de cuantas autorizaciones administrativas requieran del mismo, como es el caso de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que se está tramitando en la Junta de Andalucía.
Según Mesa de la Ría, este informe es una “traición sin precedentes” a los ciudadanos de Huelva y que “es el colofón a la estrategia política del equipo de gobierno actual con su alcalde a la cabeza en este asunto y, por supuesto, la de los grupos de la oposición”.
En este sentido, Mesa de la Ría quiere poner de manifiesto que, en cuanto se estudie toda la documentación, se ejercerán cuantas acciones legales se consideren oportunas para evitar que se consume una actuación que condena a Huelva a convivir de por vida con el mayor vertedero de residuos industriales de nuestro país, con la gravedad añadida de que éste ha sido considerado como vertido “ilegal” por una sentencia judicial firme.
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