🧕🏼 23 días después del accidente, las trabajadoras marroquíes de «contrato en origen» siguen sin tener asignado centro de salud y médico de familia en el sistema sanitario público.
🤔 La única asociación independiente que ha logrado acceder a las trabajadoras accidentadas cuestiona la atención médica y psicológica que están recibiendo.
🤦🏼♂️ El desconocimiento de las víctimas sobre su situación sociosanitaria y administrativa cuestiona la labor del programa de mediación financiado por la Junta de Andalucía y gestionado por Cruz Roja Española.
🚨 Algunas trabajadoras sostienen que la empresa ha pasado de amenazarlas con devolverlas a Marruecos a ofrecerles la residencia en España a ellas y sus familias si no piden ayuda a entidades independientes.
Miércoles, 24 de mayo de 2023. Inmaculada, nombre ficticio para proteger (así están a las cosas) la identidad de nuestras protagonistas, se levanta por la mañana y lo primero que hace es ayudar a su compañera de habitación a cambiarse de pañal. Las graves lesiones producidas por el trágico accidente del autobús que ambas, junto a otras 37 compañeras y el conductor del vehículo sufrieron en la madrugada del pasado Primero de Mayo, la mantiene impedida e inmovilizada. Usando pañales. Ni la empresa Surexport, ni la mediación sociosanitaria de la Junta de Andalucía que gestiona Cruz Roja, han habilitado recursos asistenciales para esta trabajadora, cuya higiene personal más íntima ha quedado en manos de otra accidentada. Porque la mutua MAZ consideró oportuno el alta hospitalaria de alguien incapaz de valerse por sí misma siquiera para ir al baño.
Al menos, mientras ayuda con el cambio de pañales y presta atención 24/7 a su postrada compañera, Inmaculada olvida momentáneamente que su sonrisa ha quedado malhadada, quizás para siempre, por las piezas dentales que perdió en el accidente. Ni la empresa, ni la mutua ni las mediadoras le han preguntado cómo se siente al respecto ni le han ofrecido o hablado de tratamientos específicos para ello. En su dolor, Inmaculada también recuerda que otra compañera, Zarah, menor de 40 años, perdió la vida en el brutal impacto del vehículo, que circulaba a más velocidad de la permitida en condiciones de visibilidad reducida a causa de la «blandura», como llaman en la zona de Almonte a la intensa niebla como la de aquella luctuosa mañana del Día de las Trabajadoras y los Trabajadores 2023.
Así, además del alma, a Inmaculada le sigue doliendo todo. Lo que no ha impedido que la mutua MAZ haya emitido ya el «alta laboral» de ella y otras compañeras heridas en el accidente. En opinión de la abogada Jahira Castillo, que representa a nueve de las víctimas del suceso, las cuatro están claramente impedidas para trabajar. «Aún caminan con dificultad, sufren dolores, tienen hematomas y heridas visibles. La que tiene menos, padece lumbalgia y cervicalgia», asegura la abogada, que se refiere solo a sus representadas. Estas, a su vez, refieren que todas las compañeras siguen afectadas anímica y emocionalmente por el desgraciado accidente laboral, que ha convertido el antiguo hostal Don Diego de San Juan del Puerto en una suerte de espacio compartido entre trabajadoras en activo y convalecientes. Cuando las primeras acaban en el tajo de fresas, ayudan en lo que pueden a las otras.
Algunos medios que han tenido la suerte -o el privilegio- de que Surexport responda a sus llamadas, sostienen que las víctimas del accidente reciben «apoyo psicológico» (o «apoyo emocional», según la fuente) y «acompañamiento sociosanitario» por parte del equipo de las mediadoras de la Junta de Andalucía. Un portavoz autorizado de la mutua MAZ, contaba este martes, muy ufano, que ellos mismos habían organizado una «jornada grupal» (sic) «para la gestión de la pérdida de la compañera» (sic). Preguntado por el concepto de «jornada», el portavoz de MAZ concreta: «Toda una mañana. De nueve y media a dos de la tarde. Y salieron encantadas» (sic). Preguntado si los servicios de asistencia sanitaria de la mutua han derivado a consulta de psicología de carácter individual a alguna de las accidentadas, el portavoz de MAZ responde tajante: «No lo han pedido y no lo hemos considerado necesario». «Pero me consta», añade, «que cuentan con psicólogos de la Cruz Roja». Y remata: «La empresa se está portando estupendamente con las trabajadoras. Ojalá hubiera muchas surexports». Ante semejante convicción, ¿qué puede estar yendo mal?
Amia Amia. Este video es el resultado del miedo y las amenazas. Una mala nutrición y un abandono en sus habitaciones.
Publicada por Fatima Ezzohayry Eddriouch en Viernes, 19 de mayo de 2023
Según la documentación a la que ha tenido acceso La Mar de Onuba, la mutua MAZ (encargada por Surexport y homologada por el Estado español para atender y velar por la recuperación de las víctimas y satisfacer las prestaciones económicas a las que, según la Ley, tienen derecho durante su convalecencia) considera que Inmaculada y sus compañeras anteriormente citadas han superado el periodo de Incapacidad Temporal y, por tanto, están recuperadas de sus lesiones (descritas por la mutua en los cuatro casos como «OTRO TRAUMATISMO DE REGIÓN CORPORAL NO ESPECIFICADA»). En cualquier caso, y aunque MAZ las ve en condiciones de valerse por sí mismas y volver a recoger fresas en los campos de Surexport, fuentes cercanas a las trabajadoras y consultadas por La Mar de Onuba, aseguran que el gigante de los frutos rojos almonteños nos les ha exigido que regresen -aún- al tajo en su estado actual. Jahira Castillo sostiene, no obstante, que cada día reciben «amenazas» y que las personas que les sirven la comida (escasa y de poca calidad, denuncia Fatima Ezzohayry en las redes sociales VER) ofrecida por la empresa les dicen «te van a llamar mañana para que vayas trabajar», y que si no obedecen serán despedidas y no podrán volver a trabajar en España. La abogada trabajaba este martes en los recursos que, con carácter urgente, va a presentar para recuperar la situación de Incapacidad Temporal -remunerada- para sus representadas.
Para rizar el rizo, algunas de las accidentadas que han querido buscar una segunda opinión médica u otro tipo de atención sociosanitaria, han visto cómo esta les era denegada en el Centro de Salud de San Juan del Puerto. El motivo, que pasados 23 días desde el accidente (y algunos más desde su llegada a España), ni Surexport ni las «mediadoras» de la Junta de Andalucía contratadas a través de la Cruz Roja de Huelva han realizado aún los trámites administrativos para la obtención de sus correspondientes «tarjetas sanitarias» y la asignación de centro de salud y médico de familia. La Junta de Andalucía paga más de 70.000 euros anuales a Cruz Roja para, entre otras cosas, facilitar a las trabajadoras de «contrato en origen» tan simple trámite administrativo. Diversos colectivos llevan años reclamando que la asignación de médico de familia y centro de salud a las temporeras GECCO sea un trámite implícito en la propia «gestión colectiva de la contratación en origen», facilitando así el acceso (libre, voluntario, y sin intermediarios si es su voluntad) de estas miles de trabajadoras a la sanidad pública -a la que tienen derecho- cuando lo estimen necesario. Sin éxito.
En esta situación, las temporeras marroquíes de Surexport accidentadas se ven impedidas de acceder a «su médico», quien podría prescribir otros tratamientos y hasta revocar las altas de la mutua MAZ si en sus exploraciones y diagnósticos consideran que estas fueron firmadas de forma precipitada, como intuyen la abogada Castillo y la presidenta de AMIA. Las opiniones profesionales de las médicas y médicos de familia del sistema público serán, en este sentido, relevantes, para los recursos y reclamaciones que última Jahira Castillo.
Sin cobrar desde el accidente
No es la única falta de autonomía que enfrentan las trabajadoras accidentadas de Surexport. Ninguna de ellas ha cobrado nada desde el día del accidente. A pesar de que Surexport paga a sus trabajadoras de forma quincenal, la empresa argumenta que a las víctimas del accidente que han permanecido «de baja» desde el Primero de Mayo les tiene que pagar la mutua. Y que como esta lo hace de forma mensual… se siente. Que esperen a que acabe el mes. A las trabajadoras que han recibido el alta laboral -cuya cifra el portavoz de la mutua es incapaz de concretar siquiera de forma estimada o porcentual- nadie les ha aclarado en qué situación legal o administrativa se encuentran. No lo han hecho la empresa ni ninguna de las personas y entidades que ejercen de mediadoras con las trabajadoras marroquíes de «contrato en origen». Entre ellas, el propio gobierno andaluz a través del contrato público específico con Cruz Roja de Huelva. A día de hoy no saben ni se les ha notificado por escrito su estado ni cuándo van a percibir algún salario o subsidio sustitutivo.
Enfermas, impedidas, necesitadas de ayuda y, encima, sin ingresos. ¿Olvida Surexport que, según la legislación vigente, los primeros quince días de baja laboral debe pagarlos la empresa? ¿O que, si así lo decidiese, Surexport, cuyo socio mayoritario es el fondo inversor internacional Alantra, podría asumir el pago de las prestaciones a las que tienen derecho durante toda la baja laboral, pasando «la factura» y recuperando ese dinero de la Seguridad Social o la mutua correspondiente? ¿Que podrían evitar así a las trabajadoras (desconocedoras del idioma español) los engorrosos trámites que supone acceder al denominado «pago directo» de las prestaciones a las que tienen derecho? ¿Qué otra cosa, si no el olvido, podría someter a más quebraderos de cabeza, dolor e incertidumbre a las víctimas del accidente?
Desinformación, indemnizaciones, amenazas y «ofertas» a punto de finalizar la campaña
Fatima Ezzohayry, presidenta de AMIA, ha vuelto a denunciar, 23 días después del Primero de Mayo, que Surexport continúa impidiendo el acceso al alojamiento del hostal don Diego a representantes de la asociación, a pesar de que no son pocas las víctimas del accidente, algunas inmovilizadas por su lesiones en el interior, que han solicitado su ayuda. Otras organizaciones y colectivos han denunciado también esta situación, y recuerdan que los primeros días tras el accidente, la verja del alojamiento estaba cerrada con una cadena y un candado. Tras la alarma expresada in situ, la empresa sustituyó el candado por un vigilante que, de igual forma, impide, como ha podido verificar esta revista, el libre acceso a las personas ajenas a Surexport o Cruz Roja que pretenden visitar a las trabajadoras marroquíes.
La situación en el interior del hostal es «muy tensa». Testimonios recogidos por la asociación AMIA sostienen que «mediadoras» de la empresa han estado amenazando a las víctimas del accidente con enviarlas a Marruecos de forma inmediata si contactan o piden ayuda a organizaciones independientes -no controladas por la empresa- que se han ofrecido. Otras sostienen haber visto cómo una mediadora de Cruz Roja informaba por teléfono a la empresa de que algunas se habían entrevistado con Fatima Ezzohayry en el hospital de la mutua. La abogada Castillo aseguraba este martes a esta revista, que, «viendo que las amenazas no estaban funcionando», las mediadoras de la empresa ha comenzado a prometer «trabajo estable y permisos de residencias permanentes para ellas y sus familias», excluyendo de tal oferta a las que decidan ejercer su derecho a consultar libremente con quienes ellas mismas decidan.
Por otra parte, refieren que nadie les ha informado de cómo deben proceder para reclamar las indemnizaciones a las que tienen derecho y que deberá abonar el seguro de la empresa de transportes (o la propia empresa Surexport, de forma subsidiaria, llegado el caso) si se confirma, como aventuró el mismo día del accidente la Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, que el autobús circulaba a través de la «blandura» a más velocidad de la permitida.
La campaña de frutos rojos está a punto de finalizar en Huelva. El comienzo del regreso escalonado a Marruecos de las miles temporeras de «contrato en origen» es inminente. Las trabajadoras de Surexport víctimas del accidente que permanezcan en situación de baja laboral tendrán derecho a seguir cobrando las prestaciones por Incapacidad Temporal hasta su total recuperación. O por invalidez, si fuera la situación derivada del accidente laboral. Asimismo, a recibir en su país todos los tratamientos médicos y psicológicos que recibirían en España -incluyendo terapias de rehabilitación- con cargo al Estado español y con coste cero para ellas. Pero son trámites que, para que estos derechos sean realmente efectivos, conviene dejar hechos desde España antes de que regresen a sus domicilios de «origen». Ninguna de las trabajadoras ha recibido (salvo el alta) los informes médicos y otros emitidos por la mutua MAZ. «Porque no los han pedido», asevera el portavoz de la misma.
Nadie les ha informado de nada. O nadie puede puede acreditar que sí se ha hecho y que, además, se esté actuando ya para garantizar todos y cada uno de los derechos que asisten a las víctimas del desgracido accidente del 1 de mayo. Surexport impide que organizaciones, oenegés y colectivos sociales independientes accedan al interior del hostal don Diego y puedan refutar todo lo contado en este artículo.
Hasta que eso ocurra, seguiremos informando. Seguimos.
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