La Mesa Social del Agua exige que las subvenciones no se destinen exclusivamente al sector turístico e incluyan a más sectores

La Mesa Social del Agua exige medidas de mucha mayor envergadura política y financiera para afrontar la sequía y el cambio climático que encara Andalucía.  Hace falta abordar los problemas de la gestión del ciclo urbano del agua en Andalucía definiendo las auténticas prioridades.   Las subvenciones tienen que considerar de manera mucho más clara las  situaciones y las capacidades de financiación muy diferentes dentro del sector turístico. Hace falta perspectiva estrategia y establecimiento claro de prioridades.

Además de subvenciones se requiere un marco regulatorio que obligue a mejoras en la eficiencia y en la optimización del uso urbano de los recursos. La actividades empresariales lucrativas tiene que internalizar sus propios costes.

En relación con estas propuestas, la Mesa Social del Agua de Andalucía no se opone a las ayudas a ningún sector, pero cuestiona la orientación específica del DL que asigna las ayudas exclusivamente al sector turístico, con muy insuficiente diferenciación de las situaciones y la capacidad de financiación dentro del mismo. Por otra parte, para hacer frente al reto de la sequía, con el telón de fondo del cambio climático cada vez más amenazante, hace falta financiación para medidas imprescindibles y urgentes en otros sectores que no están incluidos.

En ese sentido, se echan en falta en la normativa subvenciones con, entre otros,  los siguientes destinatarios:

1. 1. Los  ayuntamientos. Para elaborar planes de emergencia contra la  sequía, auditar las fugas de agua en su red de abastecimiento y saneamiento y mejorar las instalaciones públicas.
   2. Las comunidades de vecinos/as. Para que éstas puedan realizar obras de mejora que permitan adaptarse a los efectos del cambio climático, como la puesta a punto de la red interna a edificios que reclama la nueva normativa de aguas potables (Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano).
   3. Las empresas de jardinería. Para que se fomenten las buenas prácticas en el riego, poda y mantenimiento de los espacios verdes y para que se pongan en marcha proyectos de mejora del verde urbano, con el fin de que se cumpla la regla 3, 30, 300, que consiste en que cada persona pueda ver al menos 3 árboles desde su casa, tener un 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar a 300 metros de un parque con buenas condiciones de sombra y espacios de esparcimiento.

La MSA lleva años advirtiendo que en Andalucía, existe un problema de escasez de agua, que se manifiesta en el desequilibrio permanente entre las demandas de agua y los recursos disponibles. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, ha sobrepasado la disponibilidad del recurso.

El déficit es estructural, encubierto por la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas. Esto se ve acentuado además por la actual sequía pluviométrica y se intensifica por las extraordinarias olas de calor, detrás de las cuales asoman los efectos del cambio climático. Es por ello que la MSA advierte que es hora que se preste atención a las demandas del creciente sector turístico con criterios de transición justa. En la relación de «beneficios» sociales y económicos del sector que enumera el DL están totalmente excluidas las externalidades negativas de la actividad. No sólo las ambientales; también las urbanísticas, sociales, económicas, y de convivencia. No estamos contra el turismo, como no estamos «contra el regadío». Defendemos un sector turístico económica, social y ambientalmente adecuado.

En este sentido, la MSA considera que el DL incluye medidas interesantes (ver art. 2.Uno). Como en el caso del regadío, la Mesa defiende especialmente a la parte del sector turístico más social, arraigado en el territorio, formado por la pequeña o mediana empresa todavía no absorbida por el capital financiero. Preocupan, además,  las condiciones laborales y de vida de los trabajadores del sector turístico, que sufren precariedad y jornadas extenuantes.  Creemos que tiene sentido abrir este análisis y su correspondiente valoración en el sector turístico. Un sector que, además de disminuir los impactos de sus actividades, debe repensar su modelo intensivo en consumo de recursos y en generación de externalidades negativas como el incremento del precio de la vivienda o los problemas de convivencia que han sido recientemente denunciados en diferentes lugares de la geografía andaluza en manifestaciones masivas.  Esa perspectiva es una de las señas de identidad de la MSA: los tres pilares de la sostenibilidad, una idea banalizada y desgastada por la retórica desde hace tiempo, que no justifica eliminar la imprescindible dimensión de política territorial y social del análisis de los problemas de la transición en el marco de los retos que el cambio climático introduce.

La MSA defiende a un sector turístico económico, social y ambientalmente que contribuya a una estructura empresarial que garantice el mantenimiento de la riqueza generada en nuestro propio territorio. Para ello, las subvenciones tienen que llegar a todos los sectores que las necesitan y en cada caso con los criterios necesarios para que beneficien a subsectores más merecedores del apoyo público.

Finalmente la MSA considera que la herencia de esta sequía debería ser  la revolución de la eficiencia y el cambio profundo de modelo de gestión del ciclo urbano del agua. En este sentido,  entre otras medidas propone al gobierno de la Junta de Andalucía el desarrollo de un marco regulatorio que obliguen a las operadoras a auditar el agua perdida en fugas como ya ocurre en Cataluña. De la misma manera, es necesario obligar a aprovechar las aguas grises en grandes bloques de pisos nuevos y rehabilitados, en centros deportivos y en los grandes hoteles. De  media, esas instalaciones pueden ahorrar entre un 30% y un 35% del agua que consumiría como ya se atestigua en los municipios donde esa iniciativa es una realidad.

FUENTE: UGT Andalucía