Andalucía es, junto a Cataluña, la única comunidad con una norma propia para impulsar la prevención y ejecutar las medidas judiciales.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Justicia Juvenil, que dotará por primera vez a la comunidad de una regulación exclusiva en materia de prevención, reinserción social de menores infractores y ejecución de las medidas impuestas por los juzgados. El texto elevará al máximo rango normativo unas políticas que han incrementado sus presupuestos en un 300% desde 2002, un año después de la entrada en vigor de la ley estatal, y que se han convertido en referentes para comunidades como Baleares, Canarias o País Vasco y para países de la Unión Europea como Francia o Bélgica.
Entre otras novedades, la ley reforzará la vertiente preventiva con la elaboración de un plan integral de atención, la generalización de la intervención con las familias, la creación de un nuevo expediente único digital y la creación del Consejo Andaluz de Justicia Juvenil.
El texto parte del objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo del principio de interés superior del menor, su reinserción en la sociedad y la no reincidencia en el delito. Con su aprobación, Andalucía será la única comunidad, junto con Cataluña, que disponga de una ley propia para el desarrollo de las competencias exclusivas que otorga la legislación estatal de Responsabilidad Penal del Menor.
El anteproyecto, que ahora inicia el trámite de audiencia y de información pública, está compuesto por seis títulos, 76 artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, dos finales y una derogatoria de las normas actualmente dispersas sobre la materia y dos finales. En materia de los derechos de los menores infractores, la nueva norma ampliará el catálogo que establece la ley estatal e incorporará los que ya se vienen asegurando en la práctica en Andalucía. Entre ellos destacan los relativos a la atención integral con la coordinación de los profesionales; a la intervención integral con la participación de padres, tutores o representantes legales, y la inserción social efectiva y con garantías.
De igual modo, se elevan a rango de ley las obligaciones que se exigen al menor infractor, como la participación en la enseñanza legalmente establecida, la colaboración en la consecución de los objetivos planteados en el programa de intervención aprobado por el Juzgado de Menores competente y el respeto a los profesionales de la Justicia Juvenil que participan en su proceso.
Respecto a la prevención, el anteproyecto dispone medidas para asegurar la coordinación de las políticas en materia de justicia, educación, salud y servicios sociales, así como para impulsar la colaboración entre administraciones para la anticipación de las acciones necesarias que eviten que el menor acabe en el Sistema de Justicia Juvenil. Como principal novedad, se prevé la elaboración del Plan Integral de Atención, que será aprobado por el Consejo de Gobierno y aglutinará todas las políticas públicas de tipo preventivo con un enfoque transversal y la implicación de las distintas consejerías de la Junta con competencias en la materia.
Por otro lado, más allá de garantizar la Asistencia Jurídica Gratuita, otra novedad destacada será la de asegurar al menor la asistencia por un único profesional letrado especialista en los distintos procesos y fases judiciales en las que esté incurso.
Prevención
Igualmente novedosa será la generalización de la intervención con las familias. Esta estrategia, aunque de carácter voluntario, se reconoce como uno de los aspectos clave para lograr la eficaz resocialización del menor. Además, se creará el nuevo Sistema Informático de Justicia Juvenil, que permitirá disponer de un único expediente digital al que podrán acceder todos los agentes implicados en los procesos judiciales, preventivos y de inserción social, y se reforzará la investigación para facilitar el conocimiento y fomentar el trabajo en programas de intervención socioeducativos y terapéuticos.
De acuerdo con el anteproyecto, los centros y servicios de menores implantarán un sistema de gestión de calidad y mejora continua a través de una metodología de autoevaluación, planes de mejora y buenas prácticas. La evaluación se llevará a cabo por un órgano o institución independiente. Por su parte, y también como novedad, la inspección se llevará a cabo por personal funcionario con consideración de agente de la autoridad al menos una vez al año.
El texto se completa con el régimen sancionador, dirigido a garantizar el cumplimiento de las prestaciones, y con la regulación de los órganos colegiados de asesoramiento y participación. A nivel provincial, se mantendrán las Comisiones Técnicas de Centro o Servicio, dedicadas a la planificación y programación de la actividad socioeducativa de cada centro, mientras que en el ámbito autonómico se creará el Consejo Andaluz de Justicia Juvenil, que elaborará y promoverá propuestas de mejora en la intervención e integración de los menores infractores.
La futura ley reforzará el Sistema de Justicia Juvenil de Andalucía, que en los últimos tres años ha contado con una financiación de 252 millones de euros. De acuerdo con los últimos datos de balance anual, correspondientes a 2017, en la comunidad se ejecutaron 8.229 medidas, tanto de internamiento como de cumplimiento en medio abierto. Además, se llevaron a cabo 1.986 mediaciones extrajudiciales, que terminaron en acuerdo en 1.242 casos.
La Consejería de Justicia e Interior dispone de 16 centros de internamiento repartidos por Andalucía, con 776 plazas, y de 48 centros y servicios de medio abierto. En el sistema se integra un total de 2.141 profesionales de diferentes ámbitos, principalmente psicólogos, juristas, docentes, educadores y trabajadores sociales.
El año pasado 1.477 menores cumplieron 1.570 medidas en régimen de internamiento. El perfil de menor infractor en estos casos es el de un varón, que cumple una medida en régimen semiabierto por un delito de robo o hurto. Por otro lado, 5.404 menores cumplieron 6.659 medidas en medio abierto (centro de día, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, tratamiento ambulatorio, permanencia de fines de semana y convivencia en grupo educativo). En este caso, el perfil es el de un varón que cumple una medida de libertad vigilada por robo o hurto.
