La Junta pone en marcha las Oficinas de Memoria Democrática en las provincias

El vicepresidente ha explicado que las Oficinas de Memoria Democrática están dotadas de personal -funcionarios públicos- que ha sido formado por la Dirección General de Memoria Democrática, en materia normativa y jurídica, administrativa y de relaciones con los agentes implicados en estos procesos, como familiares, colectivos memorialistas, medios de comunicación, otras administraciones o universidades.

Por lo tanto, ha señalado que, a partir de este momento, «cualquier familiar, asociación, ayuntamientos, etc, que precise información, que necesite aportar datos, o cualquier otra circunstancia, lo podrá hacer a través de estas oficinas».

En su opinión, es una medida que supone un avance en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, «al que se sumarán otros». En este sentido, ha situado la creación del Consejo de la Memoria Democrática, que «nacerá como un órgano de carácter consultivo y de participación cuyas funciones serán la de informar y evaluar los proyectos y planes en la materia».

Igualmente, ha recordado el aumento de un 154,20% en el presupuesto para el próximo año en trabajos en fosas e identificación genética. Así, ha recordado las actuaciones que se están desarrollando en San Fernando (Cádiz), Lucena (Córdoba), Nerva (Huelva), Álora, Cártama y Villanueva de la Concepción (Málaga), o El Coronil (Sevilla).

En conjunto, ha señalado que, desde el inicio de la presente legislatura se han desarrollado o se vienen desarrollando alrededor de 40 intervenciones directas en fosas, que han permitido la recuperación de al menos 345 cuerpos.

Asimismo, ha adelantado que se está trabajando en la elaboración del Anuario de Fosas 2016-2017, que estará finalizado antes de que concluya este año. Y ha recordado que, a comienzo de este curso escolar, se procedió a incluir la Memoria Democrática en los planes de formación de los centros educativos y de los centros del profesorado cumpliendo así con lo establecido en la ley.

Por último, ha indicado que la Junta seguirá trabajando para conseguir el levantamiento del secreto las actas de la comisión que investigó la muerte de Manuel José García Caparrós, ocurrida durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga. En este sentido, ha informado de que la Junta acudirá al Congreso a conocer los documentos pero que tiene la intención de estudiar la posibilidad de acciones judiciales para solicitar el levantamiento del secreto. «Se lo debemos a los andaluces, a la historia y a los familiares de García Caparrós», ha apostillado.

Jiménez Barrios ha concluido señalando que el «Gobierno andaluz continuará impulsando el desarrollo de una Ley que supone una oportunidad para consolidar nuestra democracia y convivencia, garantizando el derecho ciudadano a la verdad».