Viernes, 11 de octubre de 2024. Mientras un comunicado de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva celebraba este jueves la “exitosa” implementación de su programa de avales para la compra de vivienda, que ha beneficiado a apenas 96 jóvenes onubenses, las buenas noticias no llegan para todos. La medida, que se presenta como la gran solución habitacional, continúa siendo inalcanzable para una amplia mayoría. Según declaraciones de Manuel Sánchez, portavoz de la Federación de Inquilinos de Andalucía, “la iniciativa suena muy bien en el papel, pero en la vida real es como darle a alguien un plano para construir un cohete y pedirle que llegue a la luna: bonito, pero imposible”.
Favorecer a quienes menos lo necesitan
El programa Garantía Vivienda Joven, según datos de la propia Junta, permite financiar hasta el 95% del coste de una vivienda, pero la realidad es que sigue fuera del alcance de muchos jóvenes que no pueden asumir el coste de una hipoteca, incluso con este tipo de avales.
Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, lo describió en una entrevista en Onda Cero como “una especie de lotería en la que solo ganas si ya tienes medio boleto comprado”. Mientras tanto, las ayudas al alquiler, que son cruciales para miles de familias jóvenes en Andalucía, están siendo objeto de retrasos administrativos. FACUA ha advertido que el aumento del precio del alquiler y la falta de acceso a las ayudas han llevado a una situación de vulnerabilidad extrema para miles de jóvenes andaluces. “Es como si te invitaran a una fiesta en tu propio honor y luego te cerraran la puerta en la cara”, añadió el portavoz de FACUA.
Huelva acusa el “impacto más severo” de las políticas de Moreno Bonilla
La situación en Huelva refleja el impacto más severo de esta gestión “errática”. Según Marcos Toti, coordinador provincial de Izquierda Unida Huelva, la Junta de Andalucía cifraba en mayo lo «robado» en 1,4 millones de euros de los fondos del Bono Alquiler Joven destinados a la provincia, redistribuidos a otras como Sevilla, Málaga y Jaén. Toti señaló entonces que esta retirada de fondos no responde a una falta de demanda en Huelva, sino a una «nefasta gestión» por parte de la Junta, que ha puesto en marcha el bono «tarde y mal». Esta situación ha dejado ya a miles de jóvenes onubenses sin acceso a las ayudas, en una de las provincias con mayor subida de los precios de la vivienda en 2023 y con una de las rentas más bajas para jóvenes menores de 30 años.
Por su parte, desde el PSOE de Huelva, Javier Huete, secretario general de las Juventudes Socialistas, exigió que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «desbloquee de una vez el secuestro» del Bono Joven de Alquiler, una ayuda vital para miles de jóvenes andaluces, casi un millar de ellos en Huelva, que continúan esperando. Huete denunció la gestión del PP como un «laberinto dantesco» que está dejando a los jóvenes sin opciones para emanciparse. Además, la parlamentaria onubense, Susana Rivas, criticó en septiembre la falta de acción de la Junta, destacando que Andalucía es la última comunidad en gestionar el Bono Alquiler Joven, a pesar de que los fondos fueron proporcionados por el Gobierno central. Rivas señaló que esta gestión «nefasta y judicializada» está afectando a miles de jóvenes, forzando a muchos a volver a vivir con sus padres o endeudarse para poder hacer frente a los pagos, y denunció la redistribución de fondos, que ha reducido los recursos para Huelva en más 1,4 millones de euros, empeorando la ya crítica situación habitacional de los jóvenes onubenses.
La cara oculta del retraso en las ayudas
A nivel general, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, considera que la gestión deficiente de las ayudas al alquiler podría esconder una intención más siniestra. “Esto no es solo mala organización”, señaló Álvarez, “aquí parece haber un plan para asegurarse de que las políticas progresistas del Gobierno central se pierdan en el laberinto de trámites administrativos”. Por su parte, Unai Sordo, secretario general de CCOO, aseguró en una entrevista con Europa Press que este tipo de bloqueos es “un boicot con todas las letras”. Sordo advierte que “las comunidades autónomas están bloqueando la Ley de Vivienda, y mientras tanto, los jóvenes andaluces están intentando emanciparse con el equivalente a un paracaídas sin cuerda”.
El resultado de esta política es que, mientras la Junta exhibe programas como el aval hipotecario -que sólo beneficia a quienes ya tienen mayor capacidad económica-, miles de jóvenes andaluces ven cómo las ayudas al alquiler, que representan una necesidad mucho más imperante, no llegan o lo hacen tarde y mal.
Este boicot administrativo, según denuncian organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por el Alquiler, invisibiliza las políticas del Gobierno central en Andalucía y pone en riesgo la estabilidad de las familias más vulnerables, que se enfrentan a dificultades crecientes para mantener un hogar digno. “Es como si les pusieran una venda en los ojos y les dijeran que sigan buscando la salida”, concluye al respecto un portavoz de la Plataforma.
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